‘Fracking’ en Colombia: ¿el 2021 será el año de esta polémica técnica?

A finales de diciembre pasado, el Gobierno, por medio de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y Ecopetrol, firmó el contrato que le dará vida al primer Proyecto Piloto de Investigación Integral (PPII) de fracking del país.

En este documento quedaron definidas las condiciones de ejecución de la iniciativa, cuyo principal objetivo es evaluar el potencial que tiene Colombia en materia de no convencionales y, por supuesto, los eventuales efectos de la técnica. En pocas palabras, la meta es establecer si vale la pena o no que el país se le mida a los llamados hidrocarburos no convencionales.

Además, la industria quiere demostrar que se puede hacer de una manera responsable y que los impactos ambientales asociados no son de la magnitud que aseguran los movimientos ambientalistas.

En un proyecto convencional se extrae el petróleo que surge a través de los poros de las rocas de manera natural. No obstante, hay cantidades importantes de petróleo y gas que se encuentran atrapadas en depósitos de roca mucho más profundas. Con el fracking se inyecta agua a altas presiones para fracturar la roca y permitir que el petróleo salga.

En los últimos dos años se ha desatado un debate en torno a los efectos que tendría el fracking en el medioambiente: mientras la industria asegura que se puede desarrollar de manera responsable, minimizando los riesgos asociados, los opositores afirman que esta técnica causa una mayor emisión de metano, grave daño a los acuíferos y que, incluso, podría crear un impacto en la sismicidad de las zonas de influencia de los proyectos.

Kalé es el nombre de este piloto que se llevará a cabo en la cuenca del río Magdalena, más exactamente a 3,6 kilómetros del casco urbano del municipio de Puerto Wilches, en Santander.

En la plataforma del proyecto, que tendrá unas cinco hectáreas, se perforará un pozo con la técnica de fracturamiento hidráulico horizontal. Este recibirá un riguroso monitoreo que tendrá en cuenta más de 200 parámetros, dentro de los que se encuentran la calidad del agua superficial y del aire, entre otros.

Cabe destacar que la idea de los proyectos piloto surgió en las recomendaciones de la misión de expertos que nombró el presidente Duque al inicio de su gobierno.

Durante 2020 se desarrolló la normatividad para poner en marcha los pilotos, sin embargo, esta no fue una tarea sencilla, pues algunos movimientos ambientalistas tomaron acciones legales para ponerles freno. No obstante, pese a estos esfuerzos, el Consejo de Estado le dio su bendición a los PPII y desestimó un recurso interpuesto que buscaba evitar su puesta en marcha.

Desde el movimiento Alianza Colombia Libre de Fracking han hecho un llamado insistente al Gobierno para que no se hagan pilotos. En su concepto, en el mundo ya existe suficiente evidencia de que el fracking tiene efectos negativos sobre el agua, los ecosistemas y la salud de las comunidades aledañas.

En contraste, desde la industria argumentan que los PPII poseen un carácter netamente científico y que estas organizaciones ambientalistas no quieren que se hagan porque temen que se desvirtúe su discurso contra el fracking, que han venido promoviendo en diversas instancias durante los últimos dos años.

Carlos Andrés Santiago, quizá la cabeza más visible del movimiento antifracking en el país, asegura que luego de hacer un minucioso análisis de la normatividad expedida por el Gobierno el año pasado, evidenciaron que los PPII carecen de objetivo científico y que no son más que proyectos comerciales de exploración disfrazados.

Al respecto, cabe destacar que los PPII contarán con un comité evaluador conformado por los ministros de Ambiente, Salud, Hacienda y Minas. Adicionalmente, también se sentarán en la mesa tres miembros independientes: dos representantes de la comunidad académica y uno de la sociedad civil.

Sin embargo, pese a estas garantías que ha brindado el Gobierno, los ambientalistas siguen dando la pelea. De hecho, ya se presentaron las primeras protestas y movilizaciones por parte de la comunidad de Puerto Wilches.

Los pobladores de la zona temen que las actividades petroleras pongan en riesgo dos ciénagas aledañas, de las cuales muchos de ellos derivan su sustento diario, principalmente por medio de la pesca. Ese argumento parece contener mucho peso para el análisis del tema.

Millonaria inversión

La petrolera estatal ya cuenta con la experiencia necesaria para llevar a cabo los PPII, gracias al proyecto de fracking que desarrolla desde hace un año en la cuenca de Permian, Texas. Para este piloto invertirá un total de US$ 76,7 millones.

De este monto, cerca de US$ 44 millones serán destinados para las actividades de perforación, estudios técnicos y obras civiles necesarias como: vías de acceso, locaciones para los trabajadores, ejecución de los programas de manejo ambiental y la implementación de la oficina de participación ciudadana.

Otros US$ 19 millones se utilizarán para lo que han denominado como fase de completamiento, que incluye la estimulación y fracturamiento del pozo. Un monto cercano a los US$ 12 millones se destinará para temas como el manejo de los fluidos y la caracterización del proyecto. Finalmente, en la etapa de abandono y desmantelamiento de la zona una vez haya finalizado el proyecto, se invertirán US$ 350.000.

Según estimaciones de la industria, los cuatro proyectos piloto que se desarrollarán en el país conllevan inversiones por el orden de US$ 400 millones. De estos, tres se llevarán a cabo en la cuenca del Valle Medio del Magdalena (operados por Ecopetrol, ConocoPhillips y ExxonMobil) y uno en la cuenca Cesar-Ranchería, en La Guajira, que estará a cargo de Drummond. Se espera que los contratos de los tres pilotos restantes se firmen a principios de marzo.

Los recursos del fracking le caerían muy bien al país, por la incertidumbre que han traído las nuevas medidas restrictivas, las cuales le han puesto un palo en la rueda a la reactivación. Hoy muchos se preguntan de dónde vendrá el impulso económico este año.

Un gran potencial

Desde hace años el país no descubre nuevas reservas importantes en materia de hidrocarburos. Los campos de mayor producción ya están en una etapa madura –con un promedio del 17 % de declive anual–, por lo que han tenido que ‘raspar la olla’ por medio de técnicas de recobro mejorado.

La situación es preocupante y el tiempo apremia. Se calcula que a Colombia le quedan un promedio de seis años de reservas probadas (2.600 millones de barriles de petróleo) y, en materia de gas, el Gobierno ha alertado que podría presentarse una escasez para 2024.

De allí el afán del Gobierno por meterle el acelerador al tema, sobre todo porque si los pilotos son un éxito y si se confirman las proyecciones de la industria, las reservas que se sumarían serían entre 3 y 4,6 veces mayores a las actuales, lo que significa una autosuficiencia de 25 años, tiempo necesario para continuar con la transición energética. Además, no se pueden dejar de lado los ingresos que recibiría la nación en materia de inversión, empleo y regalías.

En el caso de que el Consejo de Estado les cierre la puerta a los no convencionales con el fallo de fondo que está pendiente de ser proferido y los ambientalistas ganen el pulso, el país quedaría en el peor de los mundos.

Sería necesario empezar a importar el crudo para consumo interno, lo que encarecería el costo de vida de todos los colombianos.

Traer petróleo le costaría a la nación una suma monstruosa y cercana a $ 30 billones anuales, sin contar los recursos que se dejarían de percibir por exportaciones petroleras, que representan $ 40 billones adicionales.

Sin duda, este es un debate que se ha politizado y que despierta muchos apasionamientos, pero es deseable que la ciencia y la evidencia sean el insumo principal a la hora de tomar una decisión.