‘Fracking’: Petroleros dicen que concepto de la Procuraduría no tiene sustento científico

Hace pocas horas, la Procuraduría General de la Nación le solicitó al alto tribunal que declare nulo el marco normativo que permite la realización del fracking en el país.

Para el Ministerio Público, el Decreto 3004 de 2014 y la Resolución 90341 de 2014, expedidos en el gobierno de Juan Manuel Santos, son incompatibles con los principios de precaución y desarrollo sostenibles que están consignados en la Constitución política de Colombia.

“Es claro que las normas demandadas permiten desarrollar una actividad que puede traer graves e irreversibles consecuencias para la salud del ser humano y que causa daño a las aguas subterráneas y superficiales y, por consiguiente, los ecosistemas que dependan de éstas, razón por la cual la práctica que pretende implementarse no es compatible con el principio de desarrollo sostenible previsto en la Constitución Política”, dijo la entidad en un comunicado.

Para la Procuraduría, el daño no solo sería para el ecosistema donde se desarrollen los eventuales proyectos, sino también para los trabajadores de las petroleras y los pobladores de las comunidades cercanas que se podrían ver expuestos a las sustancias utilizadas en el proceso de fracturamiento hidráulico.

La Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) le salió al paso a estas declaraciones. Indicó que si bien desde el gremio son respetuosos del pronunciamiento de la Procuraduría con respecto al eventual uso del fracking en Colombia, no se puede desconocer la importancia que tiene el fracking para el país.

“El gremio llama la atención sobre la importancia que tiene para el país en la actual coyuntura apoyar el desarrollo de nuevos proyectos que traerían inversión, empleos y reactivarían la economía; e identificar cómo es posible avanzar en ellos de manera responsable y sostenible”, dice el comunicado de la ACP.

Por otro lado, consideran que el concepto emitido por la Procuraduría delegada ante el Consejo de Estado hace referencia exclusivamente a la solicitud de nulidad de las normas que conforman el reglamento técnico y no a la técnica del fracking y agregaron que " las razones presentadas por el ente de control no deberían ser los argumentos que deben exponerse en el proceso en curso ante el Consejo de Estado".

Asimismo, indicaron que los argumentos planteados por el Ministerio Público citan de manera equivocada el principio de precaución y el principio de desarrollo sostenible, “al confundir impactos con riesgos y desconocer que lo relevante en este tipo de proyectos es el alcance del principio de prevención, que permite el manejo de los impactos a través de lo dispuesto en las licencias ambientales”.

Francisco Lloreda, presidente de la ACP, dijo que “la industria del petróleo y gas ha sido aliada del desarrollo nacional y ha actuado en el marco de lo dispuesto por las licencias ambientales en sus proyectos, de manera que los impactos existentes puedan prevenirse, mitigarse o compensarse. Este principio es el que ha regido al sector y otros sectores económicos que hoy más que nunca son clave para la generación de ingresos y reactivación económica y social del país”.

El gremio explicó que las pruebas que tuvo en consideración la Procuraduría para emitir el concepto desconocen los resultados del estudio realizado por la Universidad Nacional en el que se concluye que “no existe evidencia científica de daños ambientales irreversibles al usar esta técnica”.

Asimismo, consideran que el ente de control tampoco tuvo en cuenta que la Comisión de Expertos fue clara al mencionar que la regulación demandada ante el Consejo de Estado cubre solo los aspectos técnicos del uso del fracking en el país.

La ACP concluye que la Procuraduría desconoció la relevancia de los Proyectos Piloto de Investigación, que cuentan con el aval del propio Consejo de Estado. Es con estos que el país podrá recopilar información sobre los efectos que tendría esta técnica.

“Lo importante en este momento es proceder con los Proyectos Piloto de Investigación, para obtener información técnica, ambiental y social, que permita avanzar en la toma de decisiones basadas en información científica y verídica sobre la implementación de está técnica en Colombia y la viabilidad de desarrollar los yacimientos no convencionales para Colombia, unos recursos que podrían ser de gran importancia en la reactivación económica para el país y las regiones”, puntualizó Lloreda.