¿Funcionará el cerco económico contra Venezuela?

Han pasado casi tres meses desde que el Gobierno de Estados Unidos reconoció a Juan Guaidó y le impuso sanciones económicas al Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. La estrategia para sacar a Maduro tenía dos componentes iniciales. Por un lado, un cerco diplomático en que Estados Unidos y los países del Grupo de Lima reconocían a Guaidó como presidente interino. Por el otro, uno financiero para dejar al régimen sin recursos.

Con este fin, el Gobierno Trump desplegó un arsenal de sanciones económicas contra el Gobierno chavista, las cuales ya cumplen más de dos meses. Aunque han logrado hacerle la vida más difícil al régimen de Maduro, no consiguen su objetivo: impulsar la transición.

La Oficina para Control de Activos Extranjeros, (Ofac, por sus siglas en inglés), dependencia del Departamento del Tesoro, maneja las sanciones económicas, una de las más poderosas herramientas de política exterior del Gobierno estadounidense. Por la importancia del sistema financiero norteamericano y la preeminencia del dólar, en la práctica las sanciones unilaterales de Estados Unidos tienen un alcance global.

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Hay dos tipos. Las individuales, que Washington impone a personas naturales, como la famosa lista Clinton –que incluye a los narcos–. Otras, por medio de una orden ejecutiva, prohíben hacer transacciones con una organización determinada o el Gobierno de un país.

La administración de Donald Trump ha tomado las medidas más fuertes contra el régimen de Maduro, en busca de que retorne la democracia a Venezuela.

En el caso de Venezuela han aplicado ambos tipos. En 2015, el Gobierno de Barack Obama incluyó a algunos dirigentes del régimen de Maduro, como Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, en la lista de specially designated nationals, lo que bloqueaba sus cuentas bancarias y les suspendía la entrada a Estados Unidos.

Con la llegada de Trump, el Gobierno endureció su posición. En agosto de 2017 prohibió hacer transacciones con bonos venezolanos. De ahí en adelante, ha ido acumulando las sanciones rápidamente. Otra orden ejecutiva de marzo de 2018 prohibió transacciones con el petro, la criptomoneda lanzada por el Gobierno de Maduro.

El tema escaló el 28 de enero de 2019 con una orden ejecutiva que prohibió a las personas o empresas gringas tener relaciones comerciales con Pdvsa o sus filiales. Esa medida impide a la petrolera venezolana vender su crudo en Estados Unidos y recibir pagos a través del sistema financiero norteamericano. Las propiedades de Pdvsa en Estados Unidos, incluyendo la filial de refinación Citgo, quedaron bloqueadas hasta nueva orden. Esto le permitió al Gobierno de Guaidó tomar control de Citgo y nombrar nueva junta directiva.

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Desde esa fecha, prácticamente cada semana han anunciado nuevas sanciones. El 11 de marzo, Estados Unidos le impuso sanciones a Evrofinance Mosnarbank, un banco de propiedad conjunta rusa y venezolana. El 19 del mismo mes anunció sanciones adicionales a la minera de oro estatal Minerven, y el 22 al Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes). Tanto así que la página web del Departamento del Tesoro ofrece la opción de inscribirse a una lista de correo para recibir actualizaciones de las sanciones venezolanas.

En la práctica, se trata de un cerco financiero que solo tiene un paralelo en la región: el bloqueo a Cuba impuesto en 1962. El hecho de que esa medida esté a punto de cumplir 60 años sin tener éxito no augura un desenlace rápido para las sanciones venezolanas. Pero a pesar de que el bloqueo ha fracasado en tumbar al régimen castrista, Trump lo está endureciendo.

Indudablemente, las sanciones han golpeado a Venezuela, aunque su impacto en la producción petrolera solo comienza a verse. Esto se debe a que las sanciones contra Pdvsa tienen un periodo de transición de dos meses para que las empresas que tienen contratos puedan terminar sus relaciones comerciales.

El líder de la oposición, Juan Guaidó, logró nombrar nueva junta directiva en Citgo, luego de que Estados Unidos lo reconoció como el mandatario legítimo y sancionó al régimen de Maduro.

Las sanciones han obligado a Pdvsa a buscar nuevos clientes. Por primera vez desde que Venezuela exporta petróleo, Estados Unidos no es su principal cliente. La India lo reemplazó a través de Reliance Industries, que compró casi una tercera parte de la producción bolivariana.

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Los siguientes clientes en orden de importancia son las estatales China National Petroleum Corporation y la rusa Rosneft. Sin embargo, estos dos últimos reciben el crudo como parte de pago de las deudas estatales que Venezuela contrajo con China y Rusia, por lo que no generan caja.

En Ecoanalítica pronostican que la producción va a seguir cayendo y que Venezuela podría cerrar el año en cerca de 600.000 barriles diarios. Para poner esta cifra en contexto, a finales de 2018 Venezuela producía cerca de 1,2 millones, y hace cinco años, unos 3 millones. Recuperar los niveles del pasado le va a resultar casi imposible, ya que las sanciones no permiten que la industria petrolera compre equipos y contrate servicios petroleros.

Otros factores externos van a complicar aún más la situación. En marzo, por ejemplo, el apagón energético impactó la producción en forma dramática. Durante el periodo sin flujo eléctrico, no pudieron bombear crudo del interior a los puertos, o cargar petróleo a los tanqueros. Y la situación energética va a empeorar.

En un artículo publicado en el diario The New York Times, los expertos Francisco Rodríguez y José Alejandro Rodríguez explican que los apagones provienen de la corrupción, la ineficiencia y la falta de inversión en el sistema eléctrico venezolano, pero que las sanciones norteamericanas van a hacer más difícil solucionar el problema.

Las sanciones económicas y el cerco impuestos a Nicolás Maduro y su círculo más cercano le han reducido capacidad de gestión. Pero nada garantiza que logren sacarlo del poder.

A diferencia de Cuba, que desde los años sesenta ha construido su matriz energética sin tecnología estadounidense, casi todos los equipos de generación y transmisión de energía en Venezuela son norteamericanos o europeos. Por ejemplo, Siemens y General Electric fabricaron las turbinas y los transformadores. Aunque Venezuela tuviera los dólares para comprar repuestos y hacerles mantenimiento, con las sanciones actuales sería muy difícil que estas empresas se expongan a venderles estos servicios.

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Por las mismas razones, las sanciones pueden tener graves consecuencias humanitarias. SEMANA habló con Francisco Rodríguez, economista en jefe de Torino Capital, quien estima que el ingreso petrolero venezolano puede caer de 19.000 millones de dólares en 2018 a menos de 10.000 millones en 2019. Esto empeoraría la situación humanitaria, pues no habría con qué importar los alimentos y medicamentos para cubrir las necesidades de la población venezolana. Rodríguez se ha convertido en la voz más importante que clama una reforma a las sanciones norteamericanas. Ha pedido aplicar un programa de “oil for food” que permita a Venezuela vender petróleo con un waiver o dispensa temporal para adquirir bienes esenciales.

Washington podría controlarlo al depositar los fondos en una cuenta bloqueada y supervisada por la oposición, con el fin de garantizar que el régimen use los dólares para comprar comida y medicamentos.

Pero esta propuesta ha recibido duras críticas. Los sectores opositores más radicales consideran que debilitar las sanciones en momentos en que están apretando al régimen equivale a claudicar. Sin embargo, ya han pasado más de dos meses desde que empezaron a regir las sanciones contra Pdvsa, y el quiebre del régimen no aparece a la vista.

La Cruz Roja Internacional ya inició una operación para distribuir alimentos y medicamentos básicos a 650.000 personas. Se trata de una operación importante y un reconocimiento del régimen de la crisis humanitaria que vive el país. Pero no es suficiente para satisfacer las necesidades básicas de una nación de casi 30 millones de habitantes.

La ayuda humanitaria no reemplaza a una economía productiva, ni es sostenible en el tiempo. Por lo pronto, el cerco financiero está dando resultados, pero a la larga puede contribuir a atornillar más al dictador. Y si el cerco sigue apretando, sin una válvula de escape humanitaria puede terminar por ahorcar no solo al régimen, sino también al pueblo venezolano. 

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