finanzas públicas
Gobierno central y departamentos deben ponerse de acuerdo sobre quién debe pagar todos los gastos del país. Viene polémica
Para que entre en vigencia el proyecto que subiría los recursos que el Gobierno les gira a las regiones, primero se deberá aprobar una ley que defina los gastos que cada parte debe pagar. Viene un nuevo pulso.
Pese a las alertas de ministros y exministros de Hacienda, de los centros de pensamiento, de analistas locales e internacionales, todo parece indicar que el acto legislativo que aumentará los giros que les hace el Gobierno central a los departamentos será una realidad, aunque un poco atenuada frente a su versión inicial.
Este proyecto, al ser un cambio constitucional, requiere de ocho debates y ya fue aprobado en seis. Solo queda comisión y plenaria de Cámara, en donde se espera sea aprobado antes del 16 de diciembre. No obstante, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien rechazó la propuesta original al considerarla “absolutamente insostenible para las finanzas públicas de Colombia”, ha cedido en su posición debido a que le hicieron ajustes en el más reciente debate. Entre ellos, la reducción del porcentaje de los ingresos corrientes de la nación que se transferirían a las regiones, que pasó de una aspiración de 46,5 por ciento a 39,5, y la extensión del plazo de implementación de 10 a 12 años. Además, se acordó que, para que esta reforma entre en vigor, será necesario aprobar una ley de competencias que determine cuáles gastos asumirán la nación y cuáles los departamentos.
El economista Daniel Castellanos, asesor del Ministro de Interior y uno de los promotores del acto legislativo, explica que este ordena que el Gobierno tendrá seis meses para presentar la ley de competencias y dos años para aprobarla. Es decir, que se discutiría entre 2025 y 2026 y el incremento gradual de los giros iniciaría en 2027.
Según aclara Castellanos, el objetivo es eliminar de la Constitución la rigidez actual con la que se distribuyen los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), los cuales solo pueden destinarse a educación, salud, agua potable y un propósito general, con porcentajes específicos asignados a cada área. Así mismo, dijo que esa ley de competencias debería disipar los temores fiscales frente a la reforma, pues a las regiones se les aumentarían los recursos y las obligaciones.
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Bonilla cree que la discusión de la ley de competencias debe ir mucho más allá de definir porcentajes de gasto, pues por ejemplo, en educación el país tiene hoy necesidades distintas a las de 1991, que fue cuando se creó el SGP. En su concepto, hay que pensar en garantizar 16 años de educación desde que los menores tienen tres 3 años y cursan preescolar hasta que cumplen 19 años y hacen dos años de formación terciaria. “Hay que hacer tres años de preescolar, no de guardería, es educación; así como pensar en una formación universitaria ya no de cinco años, sino de menos”, ha asegurado el funcionario en diversos eventos. También ha dicho que se debe revisar la provisión de agua potable, porque los territorios más atrasados de Colombia no tienen acueductos o si los tienen, no cuentan con servicio permanente ni con agua de calidad.
El ministro de Hacienda ha indicado, igualmente, que el dinero de las vigencias futuras, que se usa para hacer obras en las regiones, hoy es responsabilidad del Gobierno central y que habría que evaluar quién va a asumir esa deuda.
Mientras el Congreso retoma la discusión del acto legislativo y se buscan acuerdos para una ley de competencias, en paralelo avanza una campaña con el fin de hacer un referendo que del mismo modo busca aumentar los recursos para las regiones, en su caso a 43,5 por ciento, acompañado también de una redistribución de las obligaciones. La abogada Paola Rivera, una de las promotoras, dice que con esta iniciativa se lograría una verdadera descentralización, pues el acto legislativo “solo sube los giros, pero el Gobierno Central seguiría enviando el dinero a las regiones”. En su propuesta, los recursos irían a una cuenta única de departamentos y desde allí se redistribuirían.
Este referendo –inicialmente– requiere recolectar 2.027.199 firmas y ya ha superado el millón. Sus promotores son nueve y entre ellos están los exministros Wilson Ruiz, gerente nacional del referendo, María del Rosario Guerra y Carlos Gustavo Cano; el exgobernador del Meta Juan Guillermo Zuluaga; la exfuncionaria del Ministerio de Hacienda Ana Lucía Villa y el concejal de Bogotá Juan Daniel Oviedo.
