Tatequieto a los mala paga

En Colombia se volvió costumbre que muchas empresas grandes les paguen a sus proveedores, pymes y microempresas con plazos de 90, 120 o 180 días. Algunos, incluso, van más allá. Con esta estrategia juegan a mejorar sus márgenes de rentabilidad, y hacen un negocio financiero a costa de las compañías pequeñas que deben lidiar con la iliquidez, costos mayores y deudas crecientes. Esto es el mundo al revés porque los pequeños negocios terminan por financiar a los grandes.

Ante esta problemática toma fuerza en Colombia la idea de regular esos plazos, lo que ya han hecho otros países como Chile, España y Reino Unido. Se trata de ponerle coto a un problema grave para el desarrollo empresarial nacional, pues las pymes no solo representan cerca de una tercera parte del PIB, sino que generan más del 90 por ciento del empleo. Así lo explica Mauricio Toro, representante a la Cámara por el Partido Verde, quien radicó a finales del año pasado un proyecto de ley denominado “Pago a plazos justos”.

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Toro asegura que de cada 10 empresas que crean los colombianos “solo 3 sobreviven al cabo del primer año. Y de esas 7 que fracasan en los primeros meses, cerca de la mitad aduce problemas de flujo de caja generados por estos temas”. En sus cuentas, en Colombia pagan las facturas en un promedio de 110 días, es decir, entre 3 y 4 meses. Su proyecto busca fijar unos tiempos máximos que inicialmente serán 60 días, en 5 años se reducirán a 45 días, y al cabo de otros 5 años llegarán a 30 días.

Pero el pago tardío no es el único escollo. Muchas empresas les prohiben a sus proveedores vender sus facturas con descuento a un tercero –mecanismo conocido como factoring–, y las obligan a transar solo con los bancos con los que tienen convenios o con ellas mismas. Esto va ligado a que concedan descuentos excesivos so pena de aplicarles retaliaciones comerciales y limitarles las posibilidades de financiamiento.

Algunos grandes jugadores también utilizan maniobras para evadir o alargar los periodos de pago al dejar en cabeza del proveedor temas como la recolección de firmas de aprobación, enmendar los errores o conseguir nuevos documentos. Por esto, el proyecto de Toro busca también regular el tema del factoring y limitar las prácticas dilatorias, dejando en cabeza de la gran empresa la responsabilidad de los procesos de pago.

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Algunos gremios y grandes compañías ya se han manifestado contra la idea de regular los plazos de pago. Argumentan que los países de la OCDE tienen un promedio de 60 días y pretender acortarlo afectaría sus márgenes de operación, sus utilidades y, por tanto, el empleo que generan. Además, no pocos piensan que la ley podría causar un efecto contraproducente al hacer que las grandes dejen de comprarles a las más pequeñas en las nuevas condiciones.

Lo cierto es que las grandes empresas no pueden seguir jugando con la plata de las de menor tamaño o ejercer prácticas discriminatorias. El consenso social confirma la necesidad de regular el tema. Y todo indica que hay buen ambiente político para el proyecto.

Hoy la iniciativa de Toro tiene el apoyo de 35 gremios que representan más de 57.000 empresas y algunas de las grandes se han venido sumando a la idea. Dos de los ponentes ya radicaron propuestas positivas. Además, este es un tema de la Comisión del Emprendimiento, que tiene dos representantes de todos los partidos y recoge otras iniciativas como la ley de pronto pago de Acopi. Incluso, cuenta con el apoyo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

¿Qué dice el Gobierno?

El ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, prepara un proyecto de ley que llevará al Congreso y recoge el tema de pago en plazos justos, entre otros que afectan el desarrollo empresarial.

Las quejas de los pequeños han llegado al Gobierno, que ha respaldado el proyecto. Sin embargo, tiene la sensación de que a esta iniciativa le falta mayor concertación, integralidad y gradualidad. Por eso, incluirá los temas de esta propuesta en una nueva ley para impulsar a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). El Ministerio de Comercio presentará este proyecto en la legislatura que comenzará en marzo próximo.

Esta nueva ley mipymes recogerá no solo el tema de los plazos justos, sino que abordará asuntos como la eliminación de trámites, la digitalización, la educación y el acceso a mayor financiamiento a largo plazo, dice José Manuel Restrepo, ministro de Comercio.

Básicamente, se trata de remover las barreras que deben superar las micro, pequeñas y medianas empresas en su desarrollo, incluidos asuntos críticos como reducir trámites y costos para los emprendedores.

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En Colombia, el crédito para este segmento empresarial aún representa un porcentaje muy bajo de la cartera total. Ante el reducido acceso de las pequeñas empresas al sector financiero formal, necesitan innovaciones como mayor acceso al mercado de capitales en temas como crowdfunding, inversionistas ángeles y desarrollar las garantías inmobiliarias, entre otros asuntos. El ministro busca incorporar estos temas y algunos incentivos para quienes les compren a los pequeños empresarios.

Pero hay que ir más allá. Hacer cumplir este tipo de normas requiere del Gobierno un componente de vigilancia y control, y, por eso, también el proyecto contempla un régimen sancionatorio más fuerte.

Un tema para concertar

Desarrollar esta ambiciosa tarea necesita un proceso de concertación y construcción colectiva. El Gobierno lo ha entendido así y ya anuncia que lo realizará con los principales gremios del país: Acopi, Confecámaras, Fenalco y la ANDI, dice el ministro Restrepo. Asegura que se trata de construir “un concepto de ética y equidad empresarial. Por esto, estamos invitando a todos los actores a que se vinculen”.

También habrá que revisar el tema de la retención del IVA. Si bien la Ley de Financiamiento creó el régimen simple para las compañías que facturen menos de 80.000 Unidades de Valor Tributario (UVT) –es decir, unos 2.652 millones de pesos a 2018–, las que son retenedoras del IVA tienen que pagar el impuesto retenido sin hacer recibido el pago por el producto o servicio, lo cual les quita hasta el 1,5 por ciento del margen de utilidad, según calculó Rosemary Quintero, directora de Acopi. Por eso hay que evaluar fórmulas de prórroga del pago del IVA sin sanciones, como en Perú, o dar mayores plazos de pago para que las empresas no incurran en castigos de la Dian como sucede hoy.

Sin importar quién proponga el proyecto o el camino que tome, esta iniciativa debe salir adelante. No es tiempo de vanidades ni de egos, como ha afirmado el propio presidente Iván Duque. Este tema requiere consensos y debería ser fácil lograrlos.

Las grandes empresas no pueden seguir financiándose con la plata de las pequeñas. Con esas políticas de pago, están privando a sus proveedores de menor tamaño de acceder oportunamente a recursos que les pertenecen, derivados de la venta de bienes ya entregados o de servicios ya prestados. Y, además, le están restando posibilidades de crecimiento y empleo al país.

Que el pez grande se come al chico parece ser una de las consignas del mundo de los negocios, pues muchas grandes compañías terminan imponiendo sus condiciones. Pero precisamente el Estado debe evitar que algunos jugadores usen indebidamente su posición dominante, y remover los obstáculos para el desarrollo empresarial del país. Esta ley es urgente para ver si algunos de los grandes empresarios dejan de ser tan mala paga. n