Desobediencia civil: el efecto que tendría no pagar los servicios públicos

Este lunes, en medio de la controversia política que han desatado las nuevas revelaciones de la ñeñepolítica, unas declaraciones de Gustavo Petro levantaron polémica. El senador aseguró que no se puede obedecer a ningún presidente "ilegítimo" y enlistó una serie de acciones de lo que significaba, a su juicio, ese acto de no reconocimiento.

Una de ellas, por ejemplo, es no llevar los niños al colegio, pues este tipo de aperturas están llevando a la sociedad a un matadero. "Desobediencia civil" fue la expresión que utilizó el líder de la Colombia Humana. Pero en esa serie de acciones había otros puntos que no tenían que ver con razones epidemiológicas. Petro habló de uno en particular: no pagar los servicios públicos. 

La pandemia ha generado crisis en muchos sectores. Tan solo en el mes de mayo, el desempleo en Colombia se ubicó en 21,3 %, lo que indica que cerca de 5 millones de personas perdieron su trabajo por cuenta del coronavirus y las medidas para contenerlo. Miles de negocios pasan por serias dificultades y, sin ingresos, tampoco pueden costear sus gastos. 

La tasa de desempleo desestacionalizada en mayo fue de 21,2 %. Esta es la magnitud del choque de la covid-19 en el mercado laboral.

Mucho antes de que Petro hiciera el llamado de no pago, varias empresas que viven de que sus usuarios paguen mensualidades ya habían dejado claro que se trataba de una realidad apremiante en épocas de pandemia.

En mayo, la alcaldesa Claudia López había enviado una carta al Ministerio de las TIC informando que 22.894 hogares no pagaron las facturas de la ETB; la caída del recaudo de la empresa de telecomunicaciones de la capital alcanzó para esa fecha los 1.900 millones de pesos. Camilo Sánchez, presidente de Andesco, el gremio de las empresas de servicios públicos, calculó para esa fecha que la caída en el recaudo rondaba cuando menos el 35 %. Codensa reportó 20 % de clientes que no pagaron sus facturas en abril, y Emcali, la empresa de servicios públicos de la capital de Valle, informó que el recaudo bajó al 80 %, pero es casi seguro que se reducirá por lo menos al 60 % al finalizar mayo, según estimaciones de Marino del Río, gerente de Energía de la compañía.

Las empresas son reticentes a mostrar sus cifras de cartera vencida por temor a que cunda el mal ejemplo, pero la magnitud de esa realidad es innegable desde el comienzo de la pandemia. 

Camilo Sánchez, presidente de Andesco, el gremio de las empresas de servicios públicos, calcula que la caída en el recaudo ronda cuando menos el 35 %.

No pagar los servicios públicos puede tener un efecto contrario al deseado. En vez de ayudar a los más vulnerables, podría perjudicarlos. "Con el pretexto de defender a los afectados por la pandemia, invitan a la desobediencia civil atacando desde sus bodegas informáticas en redes sociales para generar caos. Si pretendían unir al pueblo, lograron lo contrario", escribió en una reciente columna Camilo Sánchez.

El presidente de Andesco le contó a SEMANA que la cartera no pagada en las empresas de servicios públicos se mantiene entre el 25 y el 35 % por cuenta de la pandemia, pero que muchos colombianos han hecho un esfuerzo por hacer sus pagos. "Lo peor que le puede pasar al país es que se quiebren las empresas de servicios publicos. Gracias a que esto no ha pasado es que en este momento todos tenemos agua, luz y televisión de manera continua, permanente y sostenible", agrega Sánchez.

En la crisis del coronavirus se han tomado medidas para que los colombianos no se queden sin servicios públicos por cuenta de sus afugias económicas. Por ejemplo, se ordenó desde un comienzo la reconexión de quienes estaban en mora. Miles de familias han sido impactadas positivamente por esta decisión: a 95 mil hogares volvió la electricidad y a 305.000 la conexión al acueducto. Además, se crearon lineas de crédito que les ha permitido a los usuarios de los estratos 1, 2, 3 y 4 diferir sin intereses el pago de sus cuotas. 

Los proveedores de tamaño medio y pequeño de televisión por cable e internet han vivido en mayor medida el bajonazo. La cartera sin cobrar de las 22 compañías que pertenecen a Asotic es del 40 %, según le confirmó a SEMANA Galé Mallol, presidenta del gremio. Los clientes de estas firmas son 700.000 hogares en territorios adonde no llegan los grandes operadores. Se trata de pymes sin el músculo para soportar un año sin pagos, si se pensara que la pandemia tendrá efectos en todo 2020. Una hipotética quiebra de TV Isla, por ejemplo, que es el operador dominante en San Andrés y Providencia, dejaría al archipiélago prácticamente sin televisión ni internet, porque allá los operadores grandes tienen poca penetración.

Galé Mallol, presidenta de Asotic, que agrupa a los medianos y pequeños proveedores de cable e internet, advierte que la cartera sin cobrar es del 60 %.

En el sector de las telecomunicaciones, los grandes operadores también tienen números rojos. En un país en el que el 80 % de los usuarios pertenecen al segmento prepago, la tasa de recargas cayó de manera vertiginosa desde que comenzó la pandemia. La razón no radica solamente en el hecho de que la gente esté sin dinero, sino también en que el confinamiento impide las recargas callejeras. Una gran parte de los usuarios prepago son trabajadores informales que no pueden hacer pagos en línea en las páginas web de los operadores porque no están bancarizados. Las tiendas físicas de Claro, Movistar y Tigo estuvieron cerradas un tiempo y allí se movía una parte importante de sus ventas diarias.

Hay quienes piensan que el no pago es un problema que solo afecta a compañías millonarias, que en cierto modo se han lucrado por venderles a los más pobres. Pero hay realidades que incluso impactan sobre todo a la población vulnerable. Por ejemplo, SkyNet es un proveedor de internet satelital cuyos clientes pertenecen al sector corporativo y al Gobierno. SkyNet lleva internet a las compañías petroleras y mineras en selvas y llanuras, y provee la conectividad de los barcos de la Armada Nacional y de hoteles en parques nacionales y lugares apartados. Más del 10 % de sus clientes en el sector petrolero cancelaron la suscripción y los demás pidieron renegociar las tarifas. En el sector de hidrocarburos se suspendieron los proyectos a la espera de mejores precios del petróleo, y la hotelería está detenida en todo el país; es casi seguro que habrá una reducción de la demanda de este tipo de conexión por sus costos.

“Estamos enfocados en mantener el negocio y la planta de personal para no afectar a los trabajadores, porque pensar en crecimiento es difícil ahora”, dice Diego Moreno, gerente general de SkyNet. Esta realidad puede desconectar a algunos lugares apartados que no tendrían cómo pagar de otra manera ese servicio. 

Samuel Hoyos, presidente de Asomóvil, gremio que agrupa a las empresas de celulares, asegura que el sector ha hecho un esfuerzo inmenso en medio de la crisis y se muestra preocupado de que se fomente la cultura del no pago. 

No es la primera vez que Petro llama al no pago. En un mensaje de Twitter, el pasado 29 de junio, el senador aseguró que la manera de presionar al Gobierno a una cuarentena estricta era la desobediencia civil. “La medida que la sociedad de manera colectiva podría tomar para presionar al Gobierno a una cuarentena estricta con fuerte política social y renta mínima vital es la desobediencia civil. Invito al Comité de Paro a convocarla. No pago de servicios públicos. No pago de deudas”, decía el trino de Petro.

En ese momento, el presidente Duque le contestó entre lineas. “Se equivocan aquellos que pretenden construir proyectos políticos promoviendo la lucha de clases tratando de generar odios entre empleadores y empleados, entre empresarios y asalariados. Esa es la vieja pócima fracasada que ha llevado a la ruina a tantos países”, sostuvo Duque en una de sus intervenciones a las seis de la tarde. 

Los gremios de los servicios públicos han calificado la invitación de Petro de populista. "Hoy la queja es contra los servicios públicos, mañana contra el pago de arriendos, de créditos o de comida. Fácil decirlo, pero... ¿de dónde saldrán recursos para hacer sostenibles estas propuestas? ¿Quién generará empleo para la reactivación económica? ¿Vamos a multiplicar por 10 los males y copiar el modelo fallido del país vecino?", se pregunta Sánchez en su columna. 

Galé Mallol también es muy crítica de ese llamado a la desobediencia civil. "El desfinanciamiento de las compañías que prestan los servicios desencadena toda clase de efectos adversos. No pagar por servicios recibidos implica que no hay incentivos para prestar ese servicio y que la economía que depende de los prestadores se paralice. No habría inversión ni consumo sin ese incentivo", explica.