¿Hay preocupación para terminar las obras de Hidroituango?

El anuncio de la Contraloría General que resolvió, en primera instancia, el proceso de responsabilidad fiscal por el daño patrimonial de 4,33 billones de pesos contra 26 personas jurídicas y naturales, por culpa grave en el descalabro de Hidroituango, sigue generando coletazos. En la lista de los vinculados figuran pesos pesados de la política de Antioquia como los exgobernadores Luis Alfredo Ramos y Sergio Fajardo, y otros dirigentes como los exgerentes de EPM Federico Restrepo y Juan Esteban Calle, y el exalcalde de Medellín Alonso Salazar, entre otros.

La medida también cobija a las tres firmas que componen el consorcio constructor CCCI: Camargo Correa, Conconcreto y Coninsa Ramón H.; las firmas del consorcio interventor, Ingetec y Sedic; Integral, diseñador y asesor; y Sainc Ingenieros Constructores y Ferrovial Agroman Chile, constructores de los túneles de desviación.

En julio pasado, se actualizó el valor de las inversiones necesarias para la terminación del proyecto en 2,1 billones de pesos y el costo total asciende a 18,3 billones.

La determinación del ente de control sacudió, en el campo político, la campaña presidencial del precandidato de la Coalición de la Esperanza, Sergio Fajardo, quien la calificó como un baldado de agua fría y anunció que presentará los recursos a los que tiene derecho. Pero, por otra parte, las alarmas están encendidas sobre el desarrollo del proyecto y su cronograma para terminar las obras.

EPM advirtió que tiene planeadas estrategias para enfrentar los posibles escenarios que se desprendan del sentido del fallo, mitigar los riesgos y blindar la continuidad del proyecto. Esto porque dentro de los vinculados al proceso se encuentra el consorcio constructor CCI, que en este momento adelanta los trabajos para terminar la obra y lograr el inicio de la operación.

A julio de 2021, Hidroituango registraba un desarrollo de sus obras de 84,3 por ciento, el mismo porcentaje en el que se encontraba en abril de 2018, en el inicio de la contingencia. La meta es entrar en operación comercial con las dos primeras unidades de generación de energía en el segundo semestre de 2022, y con las seis unidades restantes entre 2023 y 2025.

Antes de terminar el año anterior, EPM amplió los contratos de la construcción de la presa central y de obras asociadas al proyecto, al igual que de la interventoría, los cuales se vencían a finales de 2020 y fueron prorrogados hasta el 31 de diciembre de 2021, “y durante el transcurso del mismo año se buscará la ampliación de estos contratos en la medida en que en EPM cuente con los recursos presupuestales asignados y se cumplan todos los requisitos técnicos y legales correspondientes”, dijo la empresa en un comunicado de diciembre del año pasado.

Sin embargo, las medidas que profirió la Contraloría contra algunos contratistas, han hecho que EPM desde hace varios meses esté monitoreando su capacidad de ejecución y adelante la estructuración de un plan B para cada grupo de contratistas, en el escenario en que tengan que responder, junto con las otras personas jurídicas y naturales vinculadas, por los 4,3 billones de pesos.

Fuentes cercanas al proceso advirtieron que sigue el monitoreo y se definirá la necesidad de implementar el plan B. “Mientras los contratistas no pierdan su capacidad de ejecución y se comporten lealmente en esa relación contratante-contratista, no se tomaría esa decisión de cambiar por susto o miedo a los efectos de las medidas.

Pero si ellos manifiestan o hay alerta de que no son capaces de seguir, por supuesto EPM tendría que reemplazarlos”, dijo una de ellas, y aclaró que la versión que se había dado el año pasado de contratar firmas chinas para una eventual terminación del proyecto ahora no tiene soporte.

¿Cuál es ese plan B? Hasta la fecha no se ha hecho público. Falta ver qué tiempos tomará la Contraloría para responder los recursos interpuestos por los afectados y si la sanción queda en firme. Esta será la prueba ácida para definir el futuro de la obra de Hidroituango.