Con esta escasez ¿y el sector mineroenergético a media marcha?

El país vive una verdadera paradoja. Mientras el gobierno busca nuevos impuestos para cubrir el déficit presupuestal del próximo año, se encuentran prácticamente congelados decenas –si no cientos– de proyectos que podrían generar millonarios dividendos, impuestos y regalías. Las razones van desde la falta de decisión política y debilidad institucional hasta la inestabilidad de las reglas de juego. Especialmente, las relacionadas con problemas en licenciamiento ambiental y consultas con las comunidades.

Varios hechos ilustran el problema. En noviembre de 2017, la Corte Constitucional le ordenó a la mina carbonera Cerrejón, mediante un comunicado de prensa, suspender las obras asociadas a su operación en el tajo La Puente, que incluían desviar el arroyo Bruno en La Guajira (obra ya finalizada hace cerca de dos años). Sin embargo, como no hay sentencia en firme, y el fallo sigue engavetado un año después, no han podido instalar la mesa técnica con la autoridad ambiental para viabilizar el proyecto.

Guillermo Fonseca Onofre, el nuevo presidente de Cerrejón, asegura que si esto se destrabara, la compañía podría producir un 10 por ciento más de carbón, lo cual le significaría al país ingresos adicionales por regalías e impuestos de entre 150.000 y 200.000 millones de pesos. “Con una producción estimada de 29 millones de toneladas, y a los precios actuales, Cerrejón aportará alrededor de 1,4 billones de pesos en regalías en 2019 (una décima parte del hueco fiscal que intenta cubrir el gobierno). Si se da vía libre a explotar el tajo La Puente, asociada a la desviación parcial del arroyo Bruno, esta cifra subiría a cerca de 1,6 billones de pesos”, afirma Fonseca Onofre.

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No es el único caso. También está el proyecto de extracción de cobre Quebradona en Jericó, que le permitiría a AngloGold Ashanti invertir más de 1.000 millones de dólares en la primera fase. Lo amenaza un acuerdo municipal que prohíbe la minería –por segunda vez– incluso después de que las sentencias del tribunal y la Corte Constitucional le dieron vía libre. Este proyecto podría generar ingresos por 2.000 millones de dólares y regalías por 580 millones durante la vida útil de la mina, según cálculos de la empresa.

Esta misma compañía tiene también interrumpido desde 2017 su proyecto de minería de oro La Colosa, luego de una consulta popular en el municipio de Cajamarca, “cuando ni siquiera se había solicitado la licencia ambiental, por lo que no se había establecido el impacto del proyecto. Por tanto, es claro que la consulta no contó con elementos objetivos e informados”, afirman fuentes de la empresa. Esto significa el retraso de inversiones por 700 millones de dólares en un año.

“Esperamos que se tomen las medidas necesarias para destrabar las inversiones pendientes en la industria para beneficio de todos”, afirma Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP).

En el sector petrolero la situación es parecida. De acuerdo con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), actualmente hay congeladas inversiones por alrededor de 655 millones de dólares por temas como licencias y trámites ambientales pendientes, conflictividad social y alternación del orden público, entre otros.

Como estos, muchos proyectos de inversión permanecen en veremos en los sectores de minería e hidrocarburos, y evidencian cómo el país no ha podido solucionar esos grandes cuellos de botella. La búsqueda de mayores recursos para el fisco no implica aprobar proyectos extractivos que generen mayor daño ambiental y social al país. Obviamente, se necesita, además de la voluntad política del gobierno para agilizar estos temas, que las empresas cumplan estrictos estándares en el tema ambiental y social.

No hay camino

Corregir los problemas para destrabar estas megaobras requiere decisición política y una mayor coordinación entre entidades del Estado. Pero ya están identificadas las principales dificultades: por un lado, el país sigue sin una ley orgánica que establezca con claridad el procedimiento y los alcances de las consultas previas. Además, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) hace exigencias cambiantes que para los empresarios dependen del interés de los funcionarios de turno para solucionarlas. En las CAR también hay decisiones muy heterogéneas y baja articulación entre lo nacional y lo local.

A esto se suma la proliferación de las consultas populares, debida en buena medida a la desinformación en las comunidades sobre los impactos reales de los proyectos. Y las altas cortes llenan estos vacíos legales sin considerar el impacto de no hacer los proyectos, afirma Astrid Martínez Ortiz, investigadora de Fedesarrollo, quien hizo un estudio que estima los costos de frenar el desarrollo de estos sectores.

El estudio muestra que incrementar en 15 por ciento la producción del sector de minas y energía en Colombia aumentaría los ingresos fiscales en cerca de 0,4 por ciento del PIB por impuesto de renta y mayores dividendos. Esto equivale a la mitad de los recursos adicionales obtenidos en la reforma tributaria más reciente, por concepto del incremento del IVA del 16 al 19 por ciento.

Pero si la producción crece en 30 por ciento, los ingresos fiscales alcanzarían en promedio, durante el periodo de estudio, un incremento de 0,71 por ciento del PIB (sin considerar el efecto de las regalías en las entidades territoriales). Esto es un poco menos de 7 billones de pesos, cifra parecida a la que pretende recaudar la actual reforma tributaria.

“Producimos 30 millones de toneladas por año y hay capacidad para alcanzar 40.  Un 25 por ciento estancado que podría generar ingresos fiscales superiores a medio billón de pesos anuales”, afirma Guillermo Fonseca Onofre, presidente del Cerrejón.

La industria de hidrocarburos puede aportarle millonarios ingresos fiscales a Colombia, “especialmente en un momento tan crítico para las finanzas del país, cuando urgen la inversión, reservas y producción de petróleo y gas, y con unas enormes necesidades de financiación”, afirma Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP).

De acuerdo con cálculos de la ACP, el sector de hidrocarburos podría generarle al país alrededor de 100 billones de pesos en ingresos fiscales durante el próximo cuatrienio, entre impuestos, dividendos y regalías. Para lograrlo habría que aumentar las inversiones a 7.000 millones de dólares anuales, hoy alcanzan alrededor de la mitad.

Además, esto requeriría tomar decisiones como iniciar la actividad en yacimientos no convencionales (YNC), conocidos popularmente como fracking, con los cuales el país podría triplicar las reservas. Según la misma asociación, un proyecto tipo de YNC podría generar más de 10.000 millones de dólares durante su vida útil en impuestos, derechos económicos, dividendos y regalías. Esto es alrededor de 500 millones de dólares por año, algo más de 1,5 billones de pesos anuales.

“Si Colombia destraba los 12 Pines mineros, se generarían cerca de 3 billones de pesos más en impuestos y regalías”, afirma Santiago Ángel, presidente saliente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM).

Por su parte, la Asociación Colombiana de Minería (ACM) estima que si Colombia lograra un verdadero entorno extractivo y destrabar, por ejemplo, los 12 Pines (proyectos de interés nacional y estratégico) mineros, la inversión nueva al país superaría los 6.700 millones de dólares. Esto generaría cerca de 3 billones de pesos más en impuestos y regalías, o sea que duplicaría el aporte actual del sector a las finanzas públicas.

Es claro que si el país no quiere más impuestos, debería tomar decisiones de fondo para destrabar los proyectos en sectores como el minero y el petrolero, y mejorar la eficiencia en los trámites de licenciamiento ambiental y consulta previa. También resulta clave decidir sobre el fracking, aprobado desde 2008 pero aún no materializado. Esta indefinición afecta a la propia Ecopetrol, que anunció para 2019 millonarias inversiones de entre 3.500 y 4.000 millones de dólares, con el objetivo de aumentar su producción y reservas. Dedicará una parte importante a explorar yacimientos no convencionales.

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El panorama no parece fácil. Destrabar estos temas requiere proyectos de ley, pero sobre todo voluntad política. El sector empresarial está a la expectativa del proyecto de ley estatutaria para la consulta previa, así como de la reglamentación de las consultas populares que ordenó la Corte Constitucional para buscar una mayor competencia entre la nación y los territorios. Muchos creen que esto requerirá una nueva ley de ordenamiento territorial. Los empresarios también piden desarrollar términos de referencia específicos por sectores para el licenciamiento ambiental y reformas a las CAR a fin de reducir la incertidumbre sobre las inversiones.

Pero también hay que trabajar duro por reducir la conflictividad social. Las comunidades no pueden seguir considerando a las empresas enemigas, sino aliadas del desarrollo regional. Para ello se necesitan reglas de juego claras y buena comunicación.

Buena parte de la discusión fiscal del país resulta del ajuste que han tenido estos sectores. Pero a mediano plazo la sostenibilidad fiscal del país no está garantizada, y mucho menos si siguen cayendo la producción y las reservas de estos sectores extractivos. Aprovechar la riqueza del subsuelo es fundamental, mientras aparecen nuevas fuentes de rentas. Obviamente, hay que hacerlo de forma sostenible con el medioambiente y en función del desarrollo de las regiones. La plata no puede seguir bajo tierra.