Hay razones para que petición en alza del salario mínimo para 2025 no sea desproporcionada, dice gerente de BanRepública

En Colombia empezó ya la discusión para ajustar el salario mínimo que regirá en 2025, el cual tiene como punto de partida la inflación que se cause en el total de este año y la que viene en el próximo, porque la meta es que no se afecte el poder adquisitivo de los colombianos, principalmente de los que tienen menores ingresos.

De ahí que resulten claves las luces que dio el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, en el debate de control político al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que tuvo lugar en la Comisión III de Senado, en el que intervino Villar, para referirse al informe de la junta directiva del banco central que tradicionalmente se presenta al Congreso de la República.

En ese escenario, Villar sustentó las decisiones de política que toman en ese equipo que se encarga de timonear para que la inflación no se eleve y tampoco se sacrifique el crecimiento económico.

Como el emisor vela por mantener el poder adquisitivo del peso, lo que resulta importante ahora que se negocia el salario mínimo, el gerente del Banco se refirió a la negociación que empieza, para definir el alza, en la mesa tripartita (con el Gobierno, los sindicatos y los empresarios).

Próximamente, dentro del cronograma definido ya para que puedan ser analizados los informes de cada entidad que se convierten en insumos para la toma de la decisión del aumento, el Banco de la República tendrá que dar oficialmente la cifra oficial de inflación con la que tendría que arrancar la puja para llegar a una cifra que cumpla con la condición necesaria en este caso: ‘ni tanto que queme al santo ni tan poco que no lo alumbre’.

Inflación estará ligeramente por encima del 5 %

Villar puso sobre la mesa que la inflación cerrará el año “ligeramente por encima del 5 %”, mientras que en la próxima anualidad, la expectativa es que se llegue al 3 %, sin dejar de poner en el tapete que pueden ir apareciendo circunstancias que no son consistentes con esa meta.

Con ello, el gerente del Banco de la República recomendó que la petición de alza por parte de los integrantes de la comisión tripartita de negociación de la política salarial no sea desbordada, ya que no hay razón para ello y, por el contrario, sí se puede poner en riesgo el rumbo bajista que lleva la inflación.

Para sustentar su sugerencia, dijo que deberá tenerse presente que el año pasado los trabajadores tuvieron un aumento del 12 %, en un momento en el que la inflación estaba ya en una senda reduccionista. “Ese incremento fue significativo y debe valorarse”, manifestó.

En busca de sustentar que debe haber mesura en la negociación del incremento en el salario mínimo, también se refirió a lo que está sucediendo con los arriendos, que al estar indexados a la inflación, ya significarían un menor peso para el gasto de los hogares.

Villar manifestó también que en la actualidad hay preocupación por la tasa de cambio, que se ha devaluado en un 15 % en lo que va corrido del año. “Este es un escenario muy distinto al que se tenía el año pasado cuando se negoció el incremento en el salario mínimo”, dijo el gerente del Emisor.

Lo que ha sucedido

Durante el debate de control político, el gerente del Banco de la República retomó hechos sucedidos en el pasado reciente, principalmente desde la pandemia, que partió en dos la historia económica.

En ese sentido, mencionó el momento en el que Colombia perdió el grado de inversión, lo que lo hizo ver como un país de mayor riesgo para prestarle dinero, lo que, por consiguiente, hizo que la deuda se encareciera.

Se refirió de igual manera a los ciclos que ha tenido el peso frente al dólar, primero con una depreciación (la moneda nacional perdió valor en comparación con la de referencia en el mundo) y luego una apreciación que ahora de nuevo, se está presentando.

Eso sí, Villar no perdió la oportunidad para advertir el riesgo que hay, en medio de una situación fiscal compleja, el hecho de que se tenga en capilla una reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), a través del cual se establecen las transferencias a las regiones. Este acto legislativo podría llevar al país a aumentar el riesgo de no poder cumplir con la regla fiscal, pues se subiría el déficit fiscal y la deuda pública.