IMPASSE EN LA CAJA AGRARIA

Para algunos no dejó de ser una sorpresa. La palabra autopréstamos había entrado a formar parte del diccionario de los conflictos laborales. Más allá de las operaciones tortuga, de los paros escalonados, de las declaratorias de estado de alerta de los trabajadores, los sindicatos bancarios acababan de descubrir un arma nueva, tomada de la crisis financiera de los últimos años, para presionar a las directivas a aceptar un pliego de peticiones y negociar nuevas prestaciones y salarios: denunciar autopréstamos.
Los protagonistas de este singular hecho eran los trabajadores de la Caja Agraria, quienes, en medio de un conflicto laboral que la semana pasada había degenerado en un paro nacional indefinido, estaban denunciando una serie de autopréstamos a miembros de la Junta Directiva de la Caja y a un hermano del gerente, Mariano Ospina Hernández. Las denuncias se habían hecho llegar a los medios de comunicación, acompañadas de documentos fragmentarios que pretendían sustentar las revelaciones.
La respuesta de Ospina, a quien el Presidente Belisario Betancur encomendó desde principios de su administración la labor de rescatar a la Caja de una aguda crisis financiera, no se hizo esperar. Aunque se negó a responder uno a uno, todos los puntos de las acusaciones del sindicato, Ospina aclaró que un préstamo de 30 millones de pesos concedido a la empresa Inversiones La Rueda, uno de cuyos accionistas es su hermano Gonzalo Ospina Hernández, había sido aprobado una semana antes de su posesión y que por lo tanto él no podía hacerse responsable.
En su respuesta, Ospina le "volteaba la tortilla" al sindicato y lo acusaba de estar violando la reserva bancaria al revelar esos documentos y de estar poniendo en peligro la vida de los beneficiarios de los créditos denunciados como ilegales, quienes, según Ospina, se estarían convirtiendo en candidatos al secuestro al darse a conocer datos confidenciales sobre su situación financiera.
A fines de la semana pasada, todo parecía indicar que nada ilegal había detrás de los créditos denunciados por el sindicato. No sólo quedaba desvirtuada la acusación por el préstamo a Inversiones La Rueda, sino que los demás préstamos de diez millones y otros montos menores, estaban lejos de sobrepasar los límites establecidos en el decreto 2920 para créditos a directivos o accionistas. En cuanto a que esos préstamos habían sido concedidos a beneficiarios que nada tenían que ver con actividades agrícolas, la acusación parecía tener menos peso aún que la de supuestas violaciones al 2920: algunos no sólo eran cultivadores, sino que lo eran de vieja data y otros, que estaban dedicados a actividades industriales, también tenían derecho a préstamos por cuanto la Caja está autorizada legalmente a realizar operaciones de crédito como cualquier otra entidad bancaria. Las irregularidades de esos préstamos, si las había, podían más bien radicar en el hecho de que, en algunos casos, fueron otorgados a personas que ya tenían viejas deudas con la Caja, que habían pasado a engrosar la larga lista de las de dudoso recaudo.
Algunos voceros del sindicato llegaron incluso a reconocer que las denuncias pretendían más "destapar irregularidades éticas que legales", afirmación con la cual, de algún modo, reconocían que las denuncias eran sobre todo un instrumento de presión. Pero si la acusación sobre autopréstamos ilegales hecha por el sindicato no parecía tener mayor alcance, otro tanto sucedía con la del gerente al sindicato sobre supuestas violaciones a la reserva bancaria: los documentos revelados por los trabajadores eran tan fragmentarios que resultaba casi desproporcionado acusarlos de estarse convirtiendo en cómplices de presuntos secuestradores.
Sin embargo, más allá de este enfrentamiento con tintes de debate sobre legislación bancaria, el paro en la Caja se estaba desarrollando con un altísimo porcentaje de participación de los trabajadores: 60%, según la administración, 70%, según la ministra adhoc, Nohemí Sanín, que había tenido que entrar a remplazar al titular de la cartera de Trabajo, Guillermo Alberto González, inhabilitado por ser el anterior gerente de la Caja, y 95% según el sindicato.
Los observadores reconocían que, si bien los trabajadores no tenían razón en sus denuncias sobre autopréstamos, su movimiento se justificaba en buena parte. En primer lugar, no se les podía acusar de ser los causantes de la crisis de la Caja por la existencia de salarios y prestaciones demasiado altos. El desastre financiero de la entidad bien se podía explicar por otras razones. En segundo lugar, no se podía tachar de intransigente al sindicato, cuyas directivas habían reducido sus peticiones a tal grado que el valor del pliego, después de las concesiones de los trabajadores, había pasado de 5 mil millones de pesos a menos de 2 mil 500, para los próximos dos años.
El incumplimiento por parte del gobierno en cuanto a dos leyes para financiar la Caja, la 33 de 1971 y la 66 de 1982, era, según los analistas, una de las principales causas de la crisis. En efecto, en virtud de esas leyes, el gobierno debía haber aportado a la Caja unos 11 mil 418 millones de pesos entre 1971 y 1983. Pero de ellos la Caja apenas recibió unos 150 millones, con lo cual la deuda pendiente del gobierno con la entidad ascendía a más de 11 mil 250 millones de pesos que, de aplicársele intereses, se acercaría a unos 20 mil millones de pesos, que es más o menos el monto calculado de la pérdida total de la Caja a 31 de diciembre de 1983. Según el sindicato, no había que buscar más lejos las causas de la crisis, a no ser que se investigaran las pérdidas sufridas por la entidad en las inversiones en fertilizantes y provisión agricola.
De cualquier modo, al final de la semana parecía existir un ambiente de diálogo y acercamiento entre las partes, que habían abandonado las posiciones radicales iniciales y se mostraban dispuestas a ceder en algunos puntos. En ello, ¿qué incidencia había tenido el paro, casi total, desarrollado a nivel nacional? Todo indica que mucha, pues para nadie es un secreto que el gobierno necesita una Caja Agraria tranquila y estable para afrontrar durante los próximos meses el proceso de paz en el cual la entidad está llamada a jugar un importante papel.