¿Cómo le fue a México con su impuesto a las gaseosas?

A medida que crece en Colombia el burbujeante debate sobre el impuesto a las bebidas azucaradas, que será de 300 pesos por litro según la propuesta del Gobierno, se menciona cada vez más el precedente que fijó México, elogiado por la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo fue la historia en el país de los mariachis?

Allá el tema se convirtió en una apasionada discusión pública cuando el gobierno de Enrique Peña Nieto decidió declararle la guerra a la epidemia de sobrepeso y obesidad que sufre su país.

Era una apuesta ambiciosa, pues México es el segundo consumidor de gaseosas del mundo y el primero per cápita, con 163 litros por persona al año. En algunas comunidades rurales es más fácil conseguir bebidas azucaradas que agua potable o leche. Con más de 100 millones de habitantes, el país se convirtió en una especie de laboratorio para valorar los resultados de ese tipo de políticas.

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A pesar del intenso cabildeo de las “refresqueras”, como llaman en México a los fabricantes de gaseosas, el Congreso aprobó a finales de 2013, como parte de una reforma fiscal, un impuesto a las bebidas azucaradas de un peso mexicano por cada litro (algo más de 150 pesos colombianos, más o menos la mitad de la tasa que incluyó la reforma tributaria). El paquete incluyó otro impuesto del 8 % a la comida chatarra con alto contenido calórico.

El gobierno de Peña Nieto recalcó que sus campañas contra la obesidad no estaban dirigidas contra ninguna industria o empresa en particular, pero desde el comienzo se crearon bandos claramente diferenciados, con embotelladores y pequeños comerciantes de un lado y una alianza de diversas asociaciones preocupadas por la salud pública del otro.

Los comerciantes argumentaban que se perderían miles de puestos de trabajo, y la discusión estuvo aderezada de anuncios de páginas enteras de lado y lado en los principales diarios. ¿Suena familiar?

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Los lobistas intentaron desprestigiar la iniciativa con distintos argumentos, entre otras etiquetándola como el "impuesto Bloomberg” por el magnate estadounidense Michael Bloomberg, en ese entonces a punto de dejar la Alcaldía de Nueva York, pues uno de los grupos que abogó por el impuesto recibió 10 millones de dólares de la fundación filantrópica del millonario. El propio Bloomberg lanzó durante su último período en la Alcaldía de la gran manzana una cruzada para limitar el tamaño de las gaseosas, pero un fallo judicial truncó sus planes.

De regreso al caso mexicano, los críticos de la medida aseguraban que la obesidad es un problema más complejo y que ese tipo de impuesto se ceba con los más pobres, mientras sus defensores sostenían que precisamente serían los más beneficiados por los avances para la salud que se derivan de esos gravámenes. Los analistas, por su parte, señalaban que las grandes empresas podían mitigar el impacto al impulsar sus marcas de productos más saludables.

Por supuesto, los problemas de obesidad de México no se solucionaron de la noche a la mañana, pero esa política ya arrojó los primeros resultados. El impuesto representó un incremento promedio del 10 % sobre el valor de las bebidas azucaradas, y la compra de estas se redujo en 6 % durante el primer año. Por otra parte, las compras de las bebidas no gravadas, especialmente agua embotellada, se incrementaron en 4 %, un balance que ha celebrado la OMS.

Además, el impuesto no provocó ninguna reducción en el número de empleados del sector, ni ha afectado las tasas de desempleo del país, según concluyó el Instituto Nacional de Salud Pública mexicano.

Ante los resultados, algunas organizaciones incluso han pedido elevar el impuesto al 20 %, que es precisamente el nivel que la OMS recomendó hace pocos días a los países, pues señala que ese incremento en el precio se podría traducir en reducciones proporcionales en el consumo. El reporte de la OMS dice que esta estrategia contribuye a reducir la obesidad, la diabetes y la caries, y además puede reducir los costos de la salud y aumentar los ingresos para invertir en ese rubro.