IMPUESTOS

Obras por impuestos, la revolución para el posconflicto

La primera convocatoria del gobierno para que las empresas del país paguen sus impuestos en proyectos como acueductos, vías y escuelas tuvo un gran interés. Aunque solo se aprobaron 27 de estos, si se hacen las obras como ocurrió en Perú.

12 de mayo de 2018

Tumaco no solo es una de las ciudades más violentas del país. También tiene uno de los mayores índices de pobreza y baja cobertura de servicios públicos, en especial de acueducto. En efecto, solo el 45 por ciento de la población tiene acceso, en algunos casos cada 48 o 72 horas y con calidad deficiente.

La buena noticia es que este puerto nariñense por fin tendrá agua potable 20 horas al día, con presión suficiente y alta calidad, gracias a un proyecto liderado por empresas privadas como Enertolima, Empresa de Energía del Pereira, Aseo Capital, Servigenerales, Soacha Ciudad Luz y Aseo Internacional. Lo harán bajo la nueva figura de obras por impuestos, que les permite construir el acueducto que beneficiará a los 200.000 tumaqueños y descontar estos recursos de su pago total de impuesto de renta al gobierno nacional.

Así como este acueducto, el sector privado desarrollará 23 obras que incluyen vías terciarias, dotación de escuelas, obras de alcantarillado y energía en algunas de las zonas más afectadas por el conflicto armado (Zomac), mediante el novedoso mecanismo.

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Alrededor de 30 compañías se le apuntaron a esta herramienta, creada en la reforma tributaria de 2016. Los proyectos suman alrededor de 220.000 millones de pesos. Todo un éxito considerando el poco tiempo con el que contaron las compañías y los rigurosos procesos. El decreto reglamentario tan solo se conoció a finales del año pasado y las empresas tuvieron que presentar los proyectos hacia mediados de marzo.

No obstante, el Ministerio de Hacienda asignó para su primer año casi todo el cupo de 250.000 millones de pesos que tenía previsto. Esto es un gran éxito, pues en contraste, en Perú no se hicieron más de 20 obras durante los cuatro primeros años del programa. “Tuvimos que volar, pues todo empezó tarde y los plazos fueron muy cortos. Sin embargo, había que dar el ejemplo y abrir camino”, afirmó Eduardo Uribe, vicepresidente de Desarrollo Sostenible de Ecopetrol, empresa que desarrollará siete de las obras.

Ante el buen resultado de este primer año, el mecanismo ya tiene retos hacia futuro como ampliar el cupo de recursos para lograr un mayor impacto. Si bien los proyectos aprobados beneficiarán cerca de 1,1 millones de habitantes, lo cierto es que los 25 municipios beneficiados representan solo el 7,5 por ciento de los 344 Zomac.

Con esta alta demanda, se da por descontado que el gobierno tendrá que ampliar el cupo para estas obras por impuestos si no quiere correr el riego de dejar proyectos viabilizados sin ejecutar. Margarita Salas, socia de la consultora EY, aseguró que con más tiempo, mayor claridad y ante el éxito de esta primera convocatoria, el interés aumentará en las próximas. De hecho, ya muchas empresas están viabilizando proyectos.

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Son enormes las necesidades de obras de infraestructura de las regiones. Al banco de iniciativas de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), entidad encargada de revisar los proyectos, llegaron más de 1.100 propuestas, de las cuales alrededor de 670 tenían algún grado de desarrollo al cierre del primer trimestre. De no ampliar el cupo será imposible responder a esta gran demanda o el programa quedará limitado a proyectos cada vez más pequeños. Por esto, entidades como la Federación Colombiana de Municipios han pedido extender el mecanismo a las regalías y hacer ‘obras por regalías’. Otra de las mejoras planteadas tiene que ver con simplificar los procesos.

A pesar de que el mecanismo representa mayor trabajo y riesgo para las compañías, es muy atractivo para todos. El Estado puede llegar con mayor velocidad a estas zonas alejadas, el sector privado muestra el compromiso con el país y mejora su imagen y las comunidades ganan por la mayor capacidad de ejecución y de estructuración de proyectos, una gran falencia en las regiones pero una fortaleza de la empresa privada. De los resultados de esta primera ola de obras por impuestos dependerá que el nuevo gobierno se le mida a ampliar el cupo y potenciar esta herramienta de gestión.

MANOS A LA OBRA

Ecopetrol y EPM encabezan el grupo de empresas comprometidas con desarrollar iniciativas como parte del pago de sus impuestos. Estos fueron sus compromisos.

Ecopetrol

La principal petrolera del país realizará obras por 94.184 millones, el 42,7 por ciento del total asignado. Inicialmente, la compañía identificó 150 proyectos en 120 municipios en sus áreas de influencia. Sin embargo, pocos estaban estructurados y debido al tiempo se decantaron por los que tenían mayor grado de maduración

“En las regiones hay ideas, pero pocos proyectos estructurados”, dice Eduardo Uribe, vicepresidente de Desarrollo Sostenible de Ecopetrol. La compañía dotará de mobiliario escolar a todas las sedes educativas de Tumaco (159) y Barbacoas (79), dos de los municipios más pobres del departamento de Nariño, para ayudar a cerrar las brechas educativas. También realizará cinco proyectos viales como la pavimentación de 10 kilómetros de la vía El Paujil-Cartagena del Chairá en el departamento del Caquetá, 5 kilómetros de la vía Tame-Arauca (Arauca), placa huella en Puerto Caicedo (Putumayo) y la Gloria (Cesar), así como la pavimentación de parte de la calle 17 en San Martín (Meta). Invertirán 10.574 millones en la dotación escolar de las dos escuelas y más de 83.610 millones en las cinco vías. Uribe explica que la junta directiva decidió, además, crear un equipo técnico para servir de fábrica de proyectos. Este año buscaron iniciativas ya estructuradas, pero esperan ampliar el cupo para poder tener mayor impacto.

EPM

El Grupo EPM ejecutará tres proyectos de agua potable y saneamiento en Urabá, además de una iniciativa de vías terciarias en Cocorná, en la subregión del Oriente antioqueño. Según Jorge Londoño de la Cuesta, gerente general de EPM, el mejoramiento de vías terciarias en Cocorná costará 33.700 millones de pesos, la optimización del sistema de acueducto en Apartadó, 9.114 millones, el tanque de almacenamiento de piso La Lucila II y obras accesorias de acueducto en Turbo por 12.702 millones y la extensión de redes de alcantarillado en el barrio Obrero de Turbo por 6.670 millones de pesos. Estas cuatro obras serán realizadas con los recursos provenientes de EPM, Aguas Regionales EPM y Empresa de Energía del Quindío (Edeq) y costarán en total 62.188 millones, el 28 por ciento de la inversión total en obras por impuestos.

Mineros

Esta compañía de extracción de oro y metales preciosos pavimentará el trayecto Escarralao-El Jobo-Palizadas-El Bagre, la única vía de acceso a este municipio del norte de Antioquia fuertemente azotado por la violencia. La comunidad clama por esta obra hace más de 40 años y ya contaba con estudios y diseños de la Gobernación de Antioquia. Este proyecto tendría un costo alrededor de los 18.650 millones de pesos, y beneficiará a más de 81.000 personas. “Tenemos la instrucción de seguir apostándole al mecanismo de obras por impuestos”, afirma Marco Saavedra Coronado, gestor de Proyectos de Responsabilidad Social de Mineros, quien explica que mediante este mecanismo esperan continuar la construcción de esta carretera.

Grupo Corona

Empresas pertenecientes al grupo liderado por Carlos Enrique Moreno como Colcerámica, Locería Colombiana y Suministros de Colombia, entre otras, construirán una nueva sede para la Institución Educativa La Danta en el corregimiento de Jerusalén, ubicado en el municipio de Sonsón. Este municipio del suroriente antioqueño está en la zona de influencia de Ecocementos, empresa colombiana constituida en desarrollo de la alianza entre Corona y Cementos Molins de España para desarrollar conjuntamente el negocio del cemento en Colombia. Permitirá duplicar la capacidad de la institución educativa actual hasta 490 estudiantes al implementar la jornada única. La obra tomará aproximadamente 18 meses y esperan entregarla a la comunidad en el primer semestre del año 2020.

Cerrejón

La principal productora de carbón del país ampliará la capacidad de producción de la planta de tratamiento de agua potable del sistema de acueducto del Distrito de Riohacha en La Guajira, área de influencia de la minera. El proyecto costará 5.679 millones y beneficiará a 228.749 personas. Roberto Junguito Pombo, presidente del Cerrejón, es un defensor del mecanismo con el cual la compañía podría invertir hasta “100 millones de dólares para el bienestar de la comunidad”.

Intercolombia S. A.

La compañía de transmisión de energía también desarrollará un proyecto modelo de distribución de agua potable para las comunidades indígenas wayuu de la zona rural dispersa del municipio de Maicao en La Guajira. Este proyecto requerirá invertir 4.099 millones de pesos y beneficiaría a más de 6.300 indígenas.

Otras

Un consorcio de cuatro empresas formado por Suministros y Montajes, Herrajes Andina, Diselecsa y Metales La Unión pavimentarán la vía que comunica el casco urbano con la cabecera del corregimiento de La Ceiba en el municipio de Chalán, Sucre. Esta obra costará 3.158 millones de pesos y beneficiará a 768 habitantes de la zona. La petrolera Parex Verano Limited dotará unas aulas en Tame (Arauca) con una inversión alrededor de 1.000 millones de pesos, al igual que Dow Química que hará lo mismo en Puerto Asís (Putumayo) por 1.124 millones y Emgesa en el Huila. Una empresa de apuestas permanentes llamada Seapto dotará de tecnología a una institución educativa en Santa Isabel en Tolima. Invertirá 290 millones de pesos, lo cual demuestra que el mecanismo sirve para todo tipo y tamaño de empresas

Enertolima

Un consorcio conformado por Enertolima, Empresa de Energía de Pereira, Aseo Capital, Servigenerales, Soacha Ciudad Luz y Aseo Internacional construirán la red matriz de conducción de la planta de tratamiento al tanque Ciudadela (segundo tramo) del municipio de Tumaco en Nariño. La obra costará 8.710 millones de pesos y le brindará acceso a agua potable a más de 120.000 habitantes de una de los municipios más golpeados por la violencia. Por su parte, Enertolima, gerenciada por José Inostroza, construirá también el segundo circuito para el municipio de Planadas en Tolima. Este proyecto beneficiaría a más de 60.000 habitantes y requerirá invertir 11.466 millones de pesos.