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Sin fracking, crece la amenaza de ‘pobreza energética’ en Colombia: Acipet
Ese es uno de los argumentos que expuso el gremio de los ingenieros de petróleos para criticar los proyectos de ley que buscan prohibir la explotación no convencional de hidrocarburos en el país.
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Esta y otras ideas están contenidas en un documento técnico que el presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Acipet), Julio César Vera, radicó ante la comisión quinta del Senado de la República, con el objetivo de hacer una crítica a los tres proyectos de ley que actualmente avanzan en el Legislativo con el fin de impedir que este nuevo tipo de explotación de hidrocarburos se dé en el país; cabe aclarar que hasta el momento ningún proyecto de fracking está en fase exploratoria o productora y que las autoridades gubernamentales no se han pronunciado sobre la viabilidad o no de hacer esta clase de explotación en Colombia.
Los argumentos de los ingenieros de petróleos están concentrados en tres grandes ejes: primero, que la explotación de recursos como gas o petróleo le ayuda al país a evitar la “pobreza energética”; segundo que Colombia ya está preparada para la explotación tipo fracking gracias a la normativa técnica que existe en el país y a los altos estándares de las compañías dedicadas a esta clase de tecnología y, finalmente, que los pronunciamientos jurisprudenciales como el más reciente de la Corte Constitucional sobre consultas populares, señalan la necesidad de mirar sin prejuicios ideológicos la explotación de los recursos naturales, porque al decirle no al fracking también se puede afectar negativamente el bienestar de la población.
Haga click aquí para consultar el texto completo del documento de Acipet.
El argumento más novedoso es el de pobreza energética. Según el documento, la oferta de servicios de energía para una población ya no es simplemente un lujo del desarrollo, sino una forma de llevar bienestar a la ciudadanía. El dirigente gremial recuerda el pronunciamiento de la Corte Constitucional a través de la Sentencia T-761/15.
“La Corte Constitucional -dice el documento de Acipet- se refiere a la tendencia a derribar el prejuicio de que el disfrute de la energía eléctrica es un lujo, o un servicio público prescindible y de importancia inferior al agua potable. Contrario sensu, la Corte Constitucional pudo constatar que en las sociedades contemporáneas, la energía eléctrica permite el disfrute de otros servicios y garantías fundamentales, entre ellas, participar de la riqueza económica, cultural, informática, disfrutar adecuada calefacción, conservar y refrigerar los alimentos, acceder a la educación, a la alimentación equilibrada”.
Según Vera, el Alto Tribunal considera que acceder a fuentes de energía, “tiene vínculo directo con el derecho a la vida, la salud o la integridad personal; y a la vivienda digna”, porque permiten disponibilidad para la cocina, la calefacción y el alumbrado.
“El pronunciamiento constitucional -dice Vera- continúa, introduciendo el concepto internacional de ‘pobreza energética”, que se define en términos de la falta de disponibilidad de electricidad y combustibles, asociada a miseria, condición de la que, dice, hay que escapar.
Para el dirigente gremial, lo anterior es aplicable a la prestación de los servicios públicos de energía y gas natural. Según él, es necesario introducir en este marco a los “hidrocarburos gaseosos”, pues ellos permiten generar electricidad y ofrecen posibilidades de calefacción y combustión en las cocinas de los usuarios. “No resulta fácil modificar, según el estado del arte de hoy, toda esa matriz energética para convertirla en 100% renovable. Debemos en consecuencia seguir empleando por algunos lustros adicionales el gas y el petróleo que podemos producir sosteniblemente o que tendríamos que importar, sacrificando nuestros ahorros si renunciamos a explotar los hidrocarburos de nuestro subsuelo”.
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De lo anterior se desprende el otro aspecto que podría generar “pobreza energética” a Colombia: el desabastecimiento de combustibles, en caso de que no se logren explotar los nuevos yacimientos de hidrocarburos. Para él, es claro que el fracking permitirá acceder a reservas nuevas que alejarán la posibilidad de importar combustibles, una salida que generaría grandes vulnerabilidades a la economía colombiana.
Estándares y jurisprudencia
El siguiente argumento de Vera, representante de los ingenieros de petróleos, es que Colombia ya cuenta hoy con una normativa técnica para controlar las operaciones de fracking en el país, lo que es una garantía de que el medio ambiente no se verá afectado.
“La confianza en la normativa técnica y el interés de los países por asegurar su autoabastecimiento energético, ha propiciado decisiones en favor de la actividad por parte de otros países, entre ellos Australia”, destaca Vera. Cita igualmente el caso de Inglaterra, donde una Alta Corte, avaló la explotación de fracking recientemente.
El debate sobre fracking sigue encendido. Las autoridades aún no se pronuncian, aunque la Corte Constitucional abrió un espacio para que el tema sea abordado poniendo sobre la balanza todos los argumentos tanto a favor como en contra, arguyendo que la consulta popular no es un mecanismo efectivo para impedir las actividades mineras o petroleras en una región, pues ese es un recurso nacional.
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Los ingenieros de petróleos están convencidos de que el fracking puede traerle muchos beneficios al país, y que ello puede ser así, sin afectar el medio ambiente, especialmente, las fuentes de agua.
Sin lugar a dudas el tema es sensible y se necesita que todas las autoridades (gubernamentales, académicas, empresariales y sociales) aborden con rapidez el asunto. El debate tiene un hondo calado tanto económico, como social y ambiental.
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