Los 1.460 días de pesadilla de Interbolsa

Hace cuatro años, por esta misma época, la comisionista InterBolsa colapsó y arrastró consigo al grupo financiero del que hacía parte. La noticia conmocionó a Colombia, pues se trataba de una firma referente del mercado bursátil, que tenía a la cabeza a destacados miembros de la elite empresarial y social del país, y como clientes no solo a prestantes figuras de la vida nacional, sino también a ciudadanos del común.

Desde entonces, los interesados no le han perdido el rastro a este caso, pues están a la espera de recuperar los dineros perdidos, pero también del castigo que recibirán los directos responsables de la debacle.

Hoy las víctimas de InterBolsa se sienten como sobrevivientes del Titanic. Tras el hundimiento de la poderosa sociedad comisionista, creyeron haberlo perdido todo. Sin embargo, ahora abrigan la esperanza de al final lograr recuperar una suma importante del capital que invirtieron.

La Superintendencia de Sociedades liquidó al Fondo Premium e InterBolsa Holding, y el Fogafín hizo lo propio con la firma de bolsa. Puede decirse que la recuperación oscilará entre 50 y 85 por ciento del capital, dependiendo del vehículo de inversión donde pusieron sus ahorros.

Los especialistas creen que, para un desastre del tamaño de InterBolsa, las víctimas estarán bien compensadas. No es usual que en quiebras como estas, en las que hay dolo y graves delitos comprometidos, se recuperen sumas relevantes.

Sin embargo, más allá de lo que ha sido la tradición en este tipo de casos, es de justicia que las víctimas sean resarcidas completamente. Es decir, que haya una reparación total en la que se incluya no solo el capital invertido, sino los intereses que dejaron de recibir. Como dicen varios de los abogados de las víctimas: que los dolientes sean indemnizados por el daño y perjuicio que han sufrido por la no disponibilidad del dinero que le confiaron a InterBolsa.

Pero también hay que señalar que, además de las víctimas a las que, por derecho, se les devuelven primero sus ahorros, hay una masa de afectados que saldrá con las manos vacías. Para los proveedores, para la Dian, los bancos y algunos empleados y contratistas, literalmente no alcanzará la plata. Solo en el caso de InterBolsa Holding, por ejemplo, quedará un hueco de 300.000 millones de pesos. Algunos estiman que en total no se recuperarán poco más de 500.000 millones de pesos.

La etapa de devolución de dineros, dentro del proceso que adelanta la Supersociedades, está cerca de culminar. Ya se cerró la liquidación de la Holding y la comisionista de bolsa, y en el caso del Fondo Premium se cumplen los últimos pasos (ver recuadro).

Dado que al final faltarán recursos, se sabe que la Fiscalía no se quedará con los brazos cruzados. El ente acusador ha comenzado el rastreo, dentro y fuera del país, de los bienes de las cabezas del Grupo InterBolsa.

Una característica de este caso es que, en estos cuatro años, los responsables del colapso no han mostrado intención de resarcimiento. Los bienes que se han conseguido para devolver a las víctimas se han obtenido por embargos de la superintendencia. La única persona que ha presentado una acción de reparación voluntaria ha sido Jorge Arabia Watemberg, quien colabora con la Fiscalía y tiene principio de oportunidad. A pesar de que dentro de la investigación se ha demostrado que Arabia no tuvo lucro por las operaciones que han sido objeto de investigación, entregó un pagaré por 300 millones de pesos para reparar a las víctimas.

La acción penal

Ahora bien, aunque recuperar el dinero es un objetivo central de las autoridades y por supuesto las víctimas, todos esperan que se haga justicia y los responsables de esta debacle reciban el castigo que merecen.

A pesar de la celeridad y firmeza con que la Fiscalía comenzó este caso, con imputaciones a más de 30 involucrados, en la última etapa el proceso se durmió.

Llama la atención que solo se hayan producido dos condenas. Una es la de Rodrigo Jaramillo, fundador y accionista de InterBolsa y presidente del mismo grupo. De cuatro cargos, aceptó dos: manipulación de acciones y administración desleal. Y fue condenado a siete años que paga en su residencia en Medellín. Jaramillo no reconoció los cargos por operaciones no autorizadas y concierto para delinquir. Y la otra es de Clemencia Soto Uribe, del área comercial de la comisionista InterBolsa, quien manejaba las cuentas del Grupo Corridori y quien se declaró culpable de cinco delitos. Fue condenada a cuatro años de prisión que paga en su residencia.

El caso del Fondo Premium, donde están implicados Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo, avanza lentamente. Ambos se declararon culpables de los delitos de estafa agravada, manipulación fraudulenta y concierto para delinquir y esperan juicio para fijación de condena. Están pendientes los cargos de captación y no reintegro.

Ortiz y Jaramillo intentaron un principio de oportunidad con la Fiscalía, lo que desató críticas de las víctimas y sus abogados, tras calificarlo como un beneficio absurdo para quienes no han mostrado voluntad para resarcirlas. Pero la llegada del fiscal Néstor Humberto Martínez le ha dado un giro al caso, pues les negó el principio al considerar que “su colaboración no se extiende al ofrecimiento de activos que permitan reparar el daño causado a las víctimas”.

El proceso contra Víctor Maldonado, quien llegó a ser el principal accionista de InterBolsa Holding y uno de los grandes beneficiarios del Fondo Premium, tampoco avanza. El empresario está detenido en la cárcel La Picota, en un pabellón donde goza de condiciones especiales y privilegios que no tienen otros reclusos. Allí también se encuentran Jaramillo y Ortiz.

Maldonado no ha reconocido ningún delito, y dado el tiempo de detención sin audiencias de acusación, lo más probable es que quede en libertad. Lo mismo, se presume, sucederá con las dos personas que gerenciaron el Fondo Premium, Rachid Maluf Raad y Juan Andrés Tirado, quienes se declararon no culpables de los cinco delitos que les imputaron.

Dada la lentitud de la etapa judicial, se teme que algunos delitos comiencen a prescribir. El exvicefiscal general de la Nación Francisco José Sintura, apoderado de InterBolsa en liquidación, sostiene que, a lo largo de estos años, ha habido una estrategia de dilación de los procesos que busca, precisamente, alcanzar prescripciones de delitos menores a seis años de pena.

Este proceder de la justicia no solo tiene consecuencias para este caso, sino para el país en general. Sintura señala que 53 por ciento de las audiencias se aplazan, con grandes costos fiscales. Preparar una audiencia vale 2.200.000 pesos aproximadamente. Y su suspensión ha sido el pan de cada día en el proceso de InterBolsa y el Fondo Premium. Los abogados encuentran todas las excusas a su alcance. “Cada quien se vale de la estrategia más simple para aplazarlas”, sostiene el abogado Sergio Rodríguez, apoderado de las víctimas del Fondo Premium. Este caso ha tenido más de 170 audiencias, para solo dos condenas y cuatro aceptaciones de cargo.

Por otro lado, después de la caída de InterBolsa hubo duras críticas contra los operadores, reguladores y supervisores del mercado de valores por su parte de responsabilidad en lo sucedido. Todo el mundo pidió cambios y mayores controles y aprender una lección de lo sucedido.

Pues bien, al cabo de cuatro años, hay que decir que algunas cosas se aprendieron y otras no. El mercado corrigió ciertas fallas que contribuyeron a la caída de la comisionista. Por ejemplo, las firmas mejoraron sus gobiernos corporativos, se impusieron mayores controles a las fuerzas comerciales y cambiaron sus esquemas de compensación. Sin embargo, hay evidencias de que no todo se aprendió. Lo que está sucediendo con las libranzas lo deja ver así. Tras el caso de InterBolsa se concluyó que se requería una supervisión y regulación más estricta para evitar que las firmas del mercado abusen de los vacíos normativos y de la fragilidad en la vigilancia. Pero, después de ver lo que ha sucedido con las libranzas, hay que concluir que esta lección no quedó completamente asimilada. La capacidad del Estado de supervisar a las empresas de libranzas deja mucho que desear. Los inversionistas tampoco han aprendido. La ambición, el exceso de confianza, los errores al medir los riesgos y la desinformación que se vieron en el Fondo Premium se han repetido en el mercado de libranzas.

En síntesis, esta semana, cuando el país recuerda uno de los episodios más lamentables en la vida del mercado de valores, es bueno reflexionar. No solo acerca del castigo que debe haber para los responsables del colapso de InterBolsa y el resarcimiento integral que debe darse a las víctimas, sino también sobre lecciones aprendidas para que la historia no se tenga que volver a repetir.

Las víctimas han vivido un drama dolorosoLa Superintendencia de Sociedades está cerca de cerrar el capítulo de devolución de dinero.

Entre los dolientes del colapso de InterBolsa hay desde los más experimentados inversionistas –personas naturales y jurídicas– que arriesgaron grandes sumas, hasta pensionados, amas de casa, comunidades religiosas, viudas y ahorradores sin experiencia. En los recientes cuatro años, muchos de estos últimos han vivido un auténtico drama.

Los que han estado cerca de este grupo de víctimas relatan que la condición física de muchos se ha deteriorado en este tiempo ante la angustia de verse con los bolsillos vacíos. Se han acelerado enfermedades como cáncer, depresión y estrés. Hay casos de personas que habían invertido el dinero para cubrir los tratamientos para enfermedades graves, lo que los ha llevado a una situación aún más crítica. Otras de las víctimas consultadas afirman que sus sueños y sus planes se truncaron.

Al exsuperintendente de sociedades Luis Guillermo Vélez le correspondió diseñar la estrategia para la recuperación de los dineros. Así van los procesos de liquidación.

1. En lo que se refiere a la Holding, el liquidador Pablo Muñoz cerró este capítulo. Los afectados fueron básicamente personas jurídicas, pero indirectamente hubo algunas personas naturales, a través de los llamados TEC de Luxemburgo, una inversión que ofreció el grupo. Unos 300 tenedores de estos títulos han sido los primeros en recibir el dinero, pero no en su totalidad. El liquidador pudo recuperar, a través de los bienes y activos de la Holding, alrededor de 65.000 millones de pesos, lo que alcanza para devolver hasta 75 por ciento.

2. A la liquidación de la comisionista InterBolsa se presentaron a reclamar 490 personas, entre naturales y jurídicas, la suma de 246.000 millones de pesos. El Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín) hace unos meses, pagó 90.000 millones de pesos a prorrata, equivalente a 36,6 por ciento del total de las acreencias reconocidas. Los recursos de este pago provinieron de la venta de Petrolatina Energy, una de las cuatro empresas que hacen parte del Fondo de Capital Privado Tribeca Fund I.Hay activos por más de 32.000 millones para vender y realizar más pagos a los acreedores, sin contar con las otras inversiones que tiene el Fondo de Capital Privado Tribeca Fund I en las empresas Etiqueta Negra, Onda de Mar y Axede, en el cual la extinta comisionista tiene una participación de 17 por ciento.Quienes tenían repos de InterBolsa, por unos 100.000 millones de pesos, se quedarán con las manos vacías. No hay con qué pagarles.

3. Por último, la liquidación del Fondo Premium, a cargo de Alejandro Revollo, ha sido la más compleja, pues no solo se trata de la mayor suma afectada, 320.000 millones de pesos, sino que está atada al delito más grave como es la captación. Este lunes se realizará la audiencia para resolver las objeciones del inventario de bienes embargados, que en 83 por ciento pertenece a Víctor Maldonado.Unas 1.034 personas que invirtieron en Premium hacen fila para recibir su dinero. 80 por ciento de ellas ahorró en promedio 500 millones de pesos; en el resto hay inversionistas que metieron hasta 5.000 millones. Se han devuelto 95.000 millones de pesos. Se estima que las personas que tenían hasta 200 millones de pesos en dicho fondo ya lograron recuperar casi el 100 por ciento del capital invertido.