La cruda realidad del precio de la gasolina

El precio de la gasolina en Colombia aumentó en abril 128 pesos, la mayor alza del último año, lo que llevó a que, por primera vez, el galón del combustible sobrepasara los 9.000 pesos. Los transportadores pusieron el grito en el cielo, algunos amenazaron con protestas y desde diferentes sectores de los consumidores le están pidiendo al gobierno que frene los aumentos.

El debate no es nuevo. Desde que se acabó el subsidio a los combustibles, expertos y analistas vienen reclamando que se revise la fórmula con la que se calcula cada mes el precio de los combustibles. La gente no entiende por qué Colombia, a pesar de ser un productor y exportador de crudo, es el cuarto país con el precio de la gasolina más alto de América Latina, después de Uruguay, Brasil y Chile. El valor del galón es superior al que paga un consumidor en Estados Unidos y está en niveles similares a varios países europeos que son importadores del crudo. En el último año el precio del combustible ha subido 8,9 por ciento, más del doble de la inflación.

Uno de los congresistas que más ha insistido en que se reduzca el precio de la gasolina es el senador liberal Luis Fernando Velasco, que pregunta por qué a los colombianos les cobran ese combustible como si fuera importado. Hasta la Contraloría y la Procuraduría han terciado. Los organismos de control se han pronunciado con documentos en los que piden al gobierno que haga algo para aliviar la escalada.

La verdad es que el asunto no es tan sencillo como parece. Para comenzar, hay que explicar que la fórmula para fijar los precios de los combustibles en Colombia está amarrada a la cotización internacional del petróleo y, como éste ha subido en los últimos meses, su impacto se ha trasladado al precio en Colombia. El valor del barril de petróleo WTI, de referencia en Estados Unidos, pasó en el último año de un promedio de 85 a 105 dólares.

Tener como referencia el precio internacional del crudo tiene una explicación que, según el gobierno, es lo que técnicamente se llama en economía costo de oportunidad. Es decir, qué precio obtendría el país si exportara el combustible o, en otras palabras, a cuánto le costaría importarlo si no fuera productor. El ministro de Minas y Energía, Mauricio Cárdenas, defiende a capa y espada este tema porque dice que a Ecopetrol hay que pagarle lo que obtendría si vendiera la gasolina en el mercado internacional porque de lo contrario perdería plata. "Los países que le piden a las empresas que subsidien los combustibles las dejan sin recursos para hacer inversión. Nosotros necesitamos que Ecopetrol sea fuerte para que mantenga unas reservas altas".

Pero a la fórmula de cálculo se le han colgado otros ingredientes como los impuestos. De hecho, el 29 por ciento del precio del galón de gasolina corresponde a impuestos y tasas: IVA, impuesto global que va para los departamentos, y una sobretasa del 25 por ciento que pagan los consumidores en las estaciones y que se destina a reparar la malla vial de los municipios. Como si fuera poco, hay costos adicionales que incrementan el precio, como los márgenes de ganancia para los distribuidores mayoristas y minoristas, el costo del transporte y una pérdida que se cobra por la evaporación del combustible, entre muchos otros.

Esto explica por qué un galón de gasolina que al productor, es decir a Ecopetrol, le cuesta cerca de 5.000 pesos, le termina valiendo a los colombianos 9.040 pesos. En impuestos se van más de 2.300 pesos y en otros costos, 1.700 pesos.

Cabe recordar que el gobierno creó hace varios años el llamado Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles que tenía como fin subsidiar el precio cuando las cotizaciones internacionales del petróleo se treparan mucho, con el fin de no golpear tanto a los consumidores colombianos. La idea era que si bajaba el valor externo comenzaría a ahorrarse. Pero como los precios internacionales se han elevado en diversas ocasiones -antes de la crisis financiera de 2008 llegaron a 147 dólares el barril- los recursos del Fondo de Estabilización no solo se agotaron, sino que ahora está con un saldo en rojo de 2,3 billones de pesos que han salido del presupuesto general de la nación.

Revisar impuestos

Algunos analistas afirman que podría ser una solución revisar la fórmula en lo que tiene que ver con los impuestos. Sin embargo, la batalla para lograrlo será dura. Aunque el gobierno anunció que revisará, en la reforma tributaria que llevará en los próximos días al Congreso, la carga impositiva que recae sobre la gasolina y el ACPM, la verdad es que llevar una propuesta de consenso no será fácil, ya que hay grandes diferencias entre lo que proponen los ministros de Minas y Energía, Mauricio Cárdenas, y de Hacienda, Juan Carlos Echeverry.

Cárdenas sostiene que cuando llegó a esa cartera y comenzó a ver las comparaciones internacionales identificó que uno de los problemas eran los altos impuestos de los combustibles, razón por la cual cree que es posible bajar el precio de la gasolina en 1.000 pesos por galón si se reducen en 600 pesos los impuestos que van para la nación, en 300 pesos los que van para las regiones y en 100 pesos los otros costos. Pero Echeverry, que es el encargado de velar porque el presupuesto no se desfase, sostiene que el descenso tiene que ser moderado para no afectar las finanzas nacionales ni las de los municipios y departamentos. "El gobierno está dispuesto a efectuar un sacrificio fiscal, pero tiene que ser moderado. La reducción en los impuestos debe ser baja pero que alivie el bolsillo de los consumidores", dice el minhacienda, que insiste en que hay que conseguir por otro lado los impuestos que no se recauden por esta vía. Y no se trata de una suma despreciable: la nación y las regiones reciben por este concepto cerca de 6 billones de pesos anuales.

Por su parte, el senador Velasco, que ha abanderado el tema de los combustibles en el Congreso, sostiene que si se bajan los impuestos pero no se modifica la fórmula que fija los precios, no se estaría haciendo mayor cosa porque a la vuelta de unos meses volverían a subir. Por eso, junto con otros dos parlamentarios, presentó un proyecto de ley para cambiarla que incluye revisar los otros costos y hacer un cambio en el criterio del precio internacional de petróleo.

El asunto es demasiado sensible y todos creen tener argumentos. Rafael Barrera, presidente de Fendipetróleo -gremio que agrupa a los distribuidores minoristas de combustible-, dice que la política de fijación de precios es una pequeña Dian que le genera cuantiosos ingresos al gobierno y a las regiones y agrega que por cada galón de combustible vendido a las estaciones solo les quedan 578 pesos -margen de comercialización-, que no alcanzan a cubrir todos los costos administrativos en que incurren. Las estaciones están pidiendo que se les aumente en por lo menos 100 pesos ese margen.

En un documento, la Contraloría General de la República señaló que es necesario establecer una fórmula que lleve a una "disminución del precio interno a favor de la productividad de la nación, la competitividad sectorial y la capacidad adquisitiva de los consumidores". Leonardo Arbeláez, contralor delegado de Minas y Energía, propone debatir a fondo medidas alternativas como congelar los precios de los combustibles, establecer un impuesto temporal y razonable a la producción de hidrocarburos y revisar los costos de producción y refinación, así como la base para calcular la sobretasa, que es el gravamen más oneroso.

Por su parte, la Procuraduría en un reciente pronunciamiento dijo que "teniendo en cuenta que los hidrocarburos son un recurso natural escaso, resulta irónico que los dueños de este recurso deban acceder a él en condiciones totalmente desfavorables". María Eugenia Carreño, procuradora delegada para la Función Pública, sostiene sobre el costo de oportunidad que en Colombia el precio de la gasolina corriente es 34 por ciento superior al de referencia de Estados Unidos, precios que son un lastre para la economía y el desarrollo del país, y que el gobierno no tiene en cuenta las evidentes disparidades en las condiciones económicas de las dos naciones.

Con estos argumentos en pro y en contra, los ministros de Minas y Energía y de Hacienda se disponen a tomar medidas en los próximos días, con la participación del presidente Juan Manuel Santos. Aunque la presión es alta para que bajen sustancialmente los precios de los combustibles, no se ve muy factible que el descenso sea radical por el impacto fiscal. Todo el mundo está de acuerdo en que no debe haber más subsidios de gasolina, pero tampoco estrangular a los consumidores.