La intervención de Air-e y la posibilidad de que Afinia siga sus pasos han generado un cortocircuito en el sector eléctrico. ¿Qué viene?

En menos de dos días, las dos empresas que prestan el servicio de distribución de energía en la costa atlántica tras la liquidación de Electricaribe –Air-e, del grupo de la familia Ríos, y Afinia, cuyo dueño es EPM– sacudieron el mercado.

Air-e le solicitó al Gobierno la intervención, que ocurrió el pasado jueves por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos. Unos días antes, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) había dado concepto favorable para dicha operación, como lo ratificó el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho.

Entre tanto, Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín y presidente de la Junta Directiva de EPM, lanzó una propuesta: “Es urgente sentarnos a hablar con el Gobierno nacional para buscar una salida negociada y no esperar a que las empresas quiebren. Inclusive, si la salida es que el Gobierno nacional adquiera el ciento por ciento de las acciones que tiene EPM en Afinia, estamos dispuestos a que se dé en una forma en la que no se afecte la prestación del servicio”.

John Maya, gerente de EPM, señaló que para Afinia ha sido difícil la recuperación de los indicadores de recaudo. Además, la acumulación del saldo por parte del Gobierno nacional por el no giro de los subsidios más el impago del servicio de algunas entidades oficiales, que llega a 290.000 millones de pesos, y el saldo de la opción tarifaria, que asciende a 1,5 billones de pesos, afectan su flujo de caja. Ha dejado de percibir más de 2,3 billones, pierde mensualmente 90.000 millones y tiene en cartera un billón de pesos de usuarios que no pagan. Si no se logra cristalizar la operación con el Gobierno, en diciembre podría seguir el mismo camino de Air-e.

Por su parte, Air-e enfrenta una deuda acumulada de 1,8 billones de pesos, que afecta su liquidez, flujo de caja y capacidad de operación. Según Jaime Lombana, abogado que representa a la empresa, “los altos costos de generación sumados a múltiples cuentas por cobrar han hecho que la compañía sea inviable financieramente, a lo que se suma un incremento de demanda desbordado, que a semejantes precios genera serias dificultades. Existen problemas estructurales de mercado que deben corregirse”.

La mayor queja de Air-e ha sido por los costos de la energía. Según sus cálculos, los costos en la Bolsa de Energía asumidos por la empresa pasaron de 145.000 millones de pesos en 2022 a 876.000 millones en 2023. “Por ejemplo, en solo septiembre de 2023, el 77 por ciento de la energía por contratos costó 176.000 millones, mientras que el 23 por ciento comprada vía Bolsa de Energía alcanzó 211.000 millones”, manifestó la compañía.

Como lo explicó Asocodis, gremio de las distribuidoras, a SEMANA hace unos días, dos hechos están poniendo en jaque a estas empresas. Por una parte, hasta agosto 31, había un faltante de 1,3 billones de pesos en materia de subsidios que no ha girado el Gobierno, y se observa un déficit en los presupuestos de la nación tanto para este año como para 2025, que llega a 2 billones de pesos. Por otra parte, la opción tarifaria, que le permitió a las empresas distribuidoras facilitar los pagos para los usuarios en pandemia y periódicamente han venido poniéndose al día. Pero el Gobierno se comprometió a asumir esa deuda, que llegaría a los 4 billones de pesos, proceso que aún no se surte.

En el caso de las distribuidoras de la costa, a esos problemas se suman otros. Uno, una cartera difícil de cobrar, con un alto nivel de pérdidas de energía; y dos, el no pago del servicio de luz de entidades públicas, que para Afinia y Air-e suma 370.000 millones de pesos.

La situación ha producido alta tensión en el sector. Acolgén, gremio de los generadores, respondió los señalamientos de Air-e por los altos precios en la generación. Aseguró que Air-e decidió recuperar aceleradamente los montos por la opción tarifaria en un plazo de un año, incrementando en más de 260 pesos por kilovatio hora el cobro que realiza a sus usuarios. “Este incremento es la explicación de por qué a los usuarios en el Atlántico les ha subido la tarifa más del doble que a los usuarios en el interior del país”, dijo el gremio.

Además, señaló que, según XM (operador del mercado), la máxima cantidad de energía que tuvo que comprar Air-e en Bolsa para atender a todos sus mercados fue del 15 por ciento en septiembre de 2023, mientras que durante 2024, de cada 100 kilovatios que le vende a sus usuarios, solo 8 los ha pagado a precio de Bolsa y los otros 92 kilovatios los ha pagado al precio pactado en contratos bilaterales con generadores.

Lombana desmintió las afirmaciones del gremio y señaló que a Air-e le quedan 465.000 millones de pesos de opción tarifaria y que para septiembre de 2023 la exposición verdadera de la empresa en Bolsa llegó a niveles del 25 por ciento, mientras que para 2024 ha estado, en promedio, en 15 por ciento.

Esta situación es un déjà vu de lo que dejó Electricaribe a finales de la década pasada, pero revive la posibilidad de un riesgo sistémico: pasar de un apagón financiero a un racionamiento del servicio.

“Mientras no reciban los recursos que les deben, no pueden seguir comprando energía y se repite la historia de Electricaribe: la compañía queda desfinanciada, no tiene cómo comprar energía y eso podría llevar a un racionamiento”, explicó un funcionario de esa época.

Para algunos, lo sorprendente es que tanto Air-e como Afinia, que llevan muy pocos años en el mercado y arrancaron cero kilómetros, estén en esta situación, pues muchos de los pasivos que quedaron de Electricaribe pasaron a la liquidación, y otros, como las pensiones, fueron asumidos por el Gobierno.

La intervención de Air-e estaría ambientando ajustes en el sector, en línea con el discurso del presidente Gustavo Petro contra las generadoras y por el control en las tarifas, en medio de un proyecto de reforma a los servicios públicos.

De acuerdo con expertos consultados por SEMANA, esta decisión podría ser la cuota inicial para intervenir el mercado mayorista y “meterle mano” al precio de escasez. En este último caso, una de las propuestas es diferenciarlo por tecnologías como agua, carbón o gas, entre otros.

Sin embargo, al Gobierno también le cabe responsabilidad en esta situación. “El flujo de caja es clave para las compañías, pero si no paga los subsidios, no responde por la opción tarifaria como lo anunció y no facilita el pago del servicio por parte de entidades públicas, las empresas van a pasar mayores dificultades cuando lleguen otros problemas”, dijo una fuente.

Pero otros van más allá y ponen como ejemplo la situación en el sector de la salud. “Igual a lo que pasó con las EPS, el Gobierno las asfixió hasta que tomó control de ellas, porque su objetivo es tener el control sobre la prestación de los servicios y que esto sea un Estado gigante que haga de todo sin saber hacerlo. Y así pueden caer otras”, advirtió una consultora.

De hecho, SEMANA conoció que ya se han encendido las alertas y varias empresas preparan sus estrategias en caso de que el Gobierno decida tomar control.

Por su parte, Carlos Hernán Rodríguez, contralor general, dijo que la situación es grave y no se ven medidas concretas, oportunas y efectivas. Anticipó que la intervención se puede presentar en otras empresas como Afinia, lo que afectaría, además, a EPM y las finanzas de Medellín y Antioquia.

“Una intervención implica no solo el conocimiento técnico financiero de la operación, sino también disponer de recursos del presupuesto nacional. Una nueva intervención a otra empresa le podría costar al Gobierno nacional 4 billones de pesos al año, que corresponden al déficit de operación, por ejemplo, de las dos compañías (Air-e y Afinia)”, señaló Rodríguez, y agregó que la nación no cuenta con los recursos necesarios y prueba de ello es el atraso en el giro de los subsidios y el incumplimiento de su compromiso con la deuda de la opción tarifaria.

Anticipó una posible intervención de compañías no solo en el Caribe, sino a nivel nacional, e incluyó sectores como el gas, “que en el caso de la costa caribe afectaría a más de 10 millones de habitantes, con el riesgo sistémico que esto comporta”, puntualizó Rodríguez.

La alta tensión está lejos de bajar.