La pelea por el mínimo será dura y podría terminar fijándose por decreto

Las enormes diferencias entre las aspiraciones de las centrales obreras y de los empresarios frente al aumento del salario mínimo para 2021 anticipan que este año la negociación será un duro pulso en el que, al final, pocos quedarán contentos. Las centrales obreras anunciaron que buscarán un aumento superior al 14 por ciento para compensar el duro golpe en el bolsillo que les dejó la pandemia. Y aunque los empresarios no han divulgado su propuesta oficial, se sabe que apelarán a la fórmula tradicional de sumar el dato de inflación más unos puntos por productividad, pues ha sido un año duro.

La crisis del coronavirus afectó por igual a empresas, familias y Gobierno y esta vez tendrá que prevalecer el interés general, pues lo que está en juego es la generación de empleo y la reactivación de la economía. De no llegar a un acuerdo, el reajuste salarial será fijado por decreto. Eso dejaría inconformes a todos.

Con ese telón de fondo, empresarios, representantes de las centrales obreras y miembros del Gobierno comienzan este lunes la primera reunión oficial de la Mesa de Concertación Laboral. En el encuentro previo para definir el cronograma de la negociación se presentó un primer desacuerdo. Uno de los voceros de las centrales obreras pidió que las reuniones fueran presenciales, para facilitar la interacción. Los empresarios rechazaron la idea ante el riesgo de contagios de covid-19, y al final el Gobierno intervino para conciliar. Por ahora los encuentros serán virtuales, aunque no se descarta que en un punto haya reuniones presenciales.

Eso sí, las discrepancias no solo son de forma; también las hay fondo. Las centrales obreras proponen que el salario llegue a un millón de pesos, aparte de los 120.000 pesos de auxilio de transporte. Esto implicaría un incremento de 14 por ciento. Aumentos de esta magnitud no se ven desde comienzos de este siglo, cuando el país apenas se recuperaba de la dura la crisis financiera de 1999.La diferencia es que en ese momento la inflación estuvo cerca del 9 por ciento. Y al aplicar la fórmula de subir el salario mínimo sumando inflación más productividad laboral, el resultado fue ese aumento de dos dígitos.

Sin embargo, este año las cosas son a otro precio. Todo indica que la inflación podría estar cercana al 2 por ciento. Los más optimistas incluso la ven en 2,5 por ciento. En cuanto a la productividad, se da por descontado que tuvo un leve crecimiento, aunque incluso hay quienes creen que será negativa.

Lograr un punto medio entre estas dos cifras es el gran desafío. Por eso deben imponerse la mesura y la cautela. Un alza exagerada del mínimo encarecería aún más la contratación formal y desestimularía el empleo. Y este año el país vio las consecuencias de la enorme informalidad laboral, que de acuerdo con un estudio de la Universidad de los Andes bordea el 60 por ciento, pues crecieron el hambre y la pobreza.

Los principales centros de estudios económicos han encendido las alarmas porque creen que la prioridad es proteger el empleo formal. Para Anif, debe haber un balance entre la remuneración de los actuales trabajadores y la difícil situación por la que está pasando buena parte del empresariado. De allí que planteen que el alza sea entre 2 y 3 por ciento, es decir, máximo 26.300 pesos, con lo cual el mínimo llegaría a 904.100.

Por su parte, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, estima que el reajuste no debería superar el 2,5 por ciento (22.000 pesos). Opina que un aumento por encima de esta cifra sería perjudicial, sobre todo para los informales, que no ganan el salario mínimo.

Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), cree que más allá de definir una cifra, la pregunta que debe hacerse la Comisión es ¿cuál es la mejor decisión para generar empleo? “Debemos convencer a todas las partes de comprometernos a generar empleo. Esta es la prioridad”, asegura.

Los representantes de las centrales obreras ven lejana la posibilidad de terminar el proceso con un apretón de manos si al final la cifra no se acerca a sus aspiraciones. “Los empresarios llegaron con la misma retórica de todos los años, con la diferencia de que la bandera ya no es que están quebrados por las malas ventas, sino por la pandemia. Eso sí, no desconocemos que la situación fue dura”, dice un asesor de las centrales obreras.

Por lo pronto, las reuniones comenzarán con una presentación del Dane de los datos actualizados sobre productividad. Luego intervendrán los ministerios de Trabajo y Hacienda, y posteriormente el Banco de la República. Para el 7 de diciembre habrá una presentación de expertos acordada por las partes. Entre los invitados de los empresarios estarán los presidentes de Anif, Fedesarrollo y los decanos de Economía de las universidades Nacional y de Los Andes.

El día D

Todo indica que el 10 de diciembre comenzará en forma la puja por el mínimo. En ese momento se presentarán formalmente las propuestas de aumento. La intervención de los sindicatos promete poner picante. SEMANA conoció que sus voceros pondrán sobre la mesa el tema de una eventual reforma pensional o laboral. Sin embargo, esas propuestas deben pasar primero por la Comisión de Concertación antes de ir al Congreso. También exigirán que se retome la negociación del pliego de emergencia, que tenía 104 puntos y ha ido creciendo. Este incluye, entre otras, una renta básica para 30 millones de personas, matrícula cero para estudiantes de educación superior y mayores subsidios de nómina para pequeñas y medianas empresas. Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), cree que el Gobierno debe asumir una mayor responsabilidad para la reactivación económica y dejar de lado la ortodoxia de cara a la recuperación. Esto, sin embargo, no hace parte de la negociación del salario mínimo y podría generar más ruido a la negociación. En un año tan complejo, mantener posiciones intransigentes pone en riesgo la estabilidad empresarial, fiscal y el empleo. Y el palo no está para cucharas.

El presidente de la Andi cree que este es un momento en el que todos deben sentarse a construir país, no solo a ‘ganar’ una negociación. Las partes tendrán hasta el 18 de diciembre para lograr un acuerdo y si para ese momento no hay humo blanco, se programarán sesiones extraordinarias. En ese punto será fundamental el papel de Ángel Custodio Cabrera, ministro de Trabajo. “Esta negociación será atípica, porque tenemos una pandemia, que ha dejado y dejará daños colaterales, aunque a muchos sectores les ha ido bien (...). Yo tengo la responsabilidad de encontrar un término medio, pero tenemos que ser más propositivos y lograr un acercamiento total de las partes”, le dijo a SEMANA. Que trabajadores y empleadores lleguen a un acuerdo parece una misión imposible. Pero la crisis debería llevarlos a una reflexión profunda en la que el interés general sea la prioridad. Si el 30 de diciembre no hay acuerdo, el presidente tendrá que expedir un decreto. Quizás su decisión dejará inconformes a muchos. Pero es hora de pensar en el país antes que en los intereses particulares.