La suspensión de los recursos para el programa Mi Casa Ya encendió las alarmas y generó desconcierto. Esto es lo que viene

Se acabó la plata. Con ese argumento salió la circular emitida por el Ministerio de Vivienda y Fonvivienda, por medio de la cual se anuncia la suspensión de nuevas postulaciones al programa Mi Casa Ya, uno de los mejor calificados en el país en materia social.

La ministra de Vivienda, Helga María Rivas, defendió la medida, la cual catalogó como “responsable”, en medio de las dificultades fiscales; mientras el gremio de constructores Camacol mostró su preocupación: vislumbra una fuerte afectación, tanto para las empresas y las familias, como para el sector financiero, este último porque se estableció el llamado pacto por el crédito, que generó expectativas de colocaciones de préstamos para la compra y mejoramiento de inmuebles.

La circular, en esencia, contiene tres temas gruesos. Además del referido a la suspensión de postulaciones al subsidio, también fue anunciado el agotamiento de los cupos disponibles para el beneficio de las coberturas a la tasa de interés, y se cierra la plataforma para el registro de hogares que buscaban ser incluidos en la preasignación.

El presidente de Camacol, Guillermo Herrera, señaló que han hecho requerimientos al Ministerio de Vivienda, pues no ven claro aún si la medida será temporal o permanente. La ministra Rivas ha mencionado que continuará realizando gestiones para conseguir fuentes de financiación que permitan seguir impulsando la política de vivienda del Gobierno, pero no se habla de manera explícita de subsidios, los cuales, desde la perspectiva del gremio de constructores, son claves para que miles de hogares puedan completar, con sus ingresos, los recursos necesarios para comprar una propiedad: se requiere cuota inicial, subsidio y crédito.

Según Camacol, en los últimos dos años se han tomado decisiones que afectan el programa Mi Casa Ya, creado para otorgar un subsidio a la cuota inicial y una cobertura a la tasa de interés para la compra de vivienda de interés social (VIS) y prioritario en zonas urbanas. En parte, porque, a juicio de Herrera, “se ha fallado en la programación presupuestal para asignar coberturas”. Si en 2022 se entregaban 67.000 subsidios, en 2023 se pasó a 50.000, cifra que se mantuvo relativamente estable en 2024, mientras que para 2025 ya el número estimado es de 25.000.

Con estos apoyos de dineros públicos se beneficia a la población más vulnerable y a la generación de empleo. El programa ha permitido que 360.000 familias de 363 municipios se convirtieran en propietarias. Camacol le atribuye 1,3 millones de empleos a dicho programa, mediante el cual se han irrigado 16,5 billones de pesos en subsidios, los cuales, en 2022, estuvieron dirigidos mayoritariamente a hogares con menos de dos salarios mínimos. El programa cubre a familias de hasta cuatro salarios mínimos. El programa impulsó el sector: en 2015, por ejemplo, se vendían 168.000 viviendas al año y en 2021, la cifra pasó a 258.000, el 71 por ciento de las cuales eran VIS.

La declaratoria del agotamiento de recursos ha desatado una fuerte controversia. Mientras el Gobierno sustenta su decisión, en parte, por la caída de la ley de financiamiento en el Congreso, con lo cual el presupuesto general para 2025 queda desfinanciado en al menos 12 billones de pesos, Camacol enfatiza en que, para el cumplimiento del programa, cuya suspensión afectará a 40.500 hogares que se quedan sin cobertura, solo se necesitan 128.000 millones de pesos. “No estamos hablando de una millonada”, dijo Herrera.

La circular, en algunos de sus apartes, suena asustadora: “Los cupos que se encontraban disponibles para el beneficio de las coberturas a la tasa de interés se han agotado, por tal razón, los hogares que lograron la marcación para tomar el desembolso del crédito hipotecario o el inicio del contrato de leasing habitacional, a partir de la fecha, no contarán con dicho beneficio”.

Los cálculos del gremio muestran cómo se impacta el valor de la cuota que ya estaban pagando. “Un hogar comprador de una vivienda de interés prioritario, por un costo de 117 millones de pesos, tras haber aportado la cuota inicial y recibido el subsidio, tomó un crédito que lo dejó con una cuota de 484.200 pesos. Con la medida, el valor mensual se incrementaría a 634.000 pesos”.

Los interrogantes se multiplican y hasta se habla de incoherencia, pues mientras el Gobierno habla de reactivación, le quita las alas a uno de los programas que mueve la economía, el empleo y que, según un estudio de la Universidad de los Andes, ha sido clave en la movilidad social de miles de hogares.