Las cuentas para el segundo tiempo del Gobierno de Gustavo Petro: los retos económicos que enfrentará

Arrancó la recta final de la administración Petro y una de las mayores expectativas se centra en el comportamiento de la economía. El crecimiento, las dificultades fiscales, los anuncios de una nueva reforma tributaria, el control de la inflación y la generación de confianza para incentivar la inversión serán ejes clave para la reactivación y la recuperación del aparato productivo.

En materia de crecimiento, después del 0,6 por ciento de 2023, que amenazó con recesión, el Gobierno tiene varios retos en lo que resta de mandato. Aunque este año la cifra podría acercarse al 2 por ciento, todavía es insuficiente no solo porque va a pesar el efecto de comparación con un año con un crecimiento muy bajo, sino también porque está aún lejos de llegar al potencial del país, que está entre 3 y 3,5 por ciento, que permitiría generar más empleo y reducir la pobreza.

Aunque ha habido acercamientos entre el Gobierno y el sector productivo para diseñar estrategias que permitan reactivar la economía, el proceso se debe acelerar, lograr victorias tempranas, por ejemplo, en sectores como la vivienda y las obras civiles, e impulsar la industria y el comercio que siguen de capa caída.

Pero la mayor preocupación está en la inversión que completa cinco trimestres consecutivos en rojo. La tasa de inversión en el primer trimestre de este año cerró a niveles del 17 por ciento el PIB que, de acuerdo con Fedesarrollo, es la cifra más baja en 18 años de historia económica del país, incluso por debajo del registro en la pandemia. Cálculos de Corficolombiana establecen que ese porcentaje del PIB era del 25 por ciento hace una década y la meta aspiracional es de alrededor del 30 por ciento.

El dato de la inversión para el segundo trimestre de este año podría también ser negativo o no tener crecimiento. El problema es que, con los recortes y ajustes fiscales del Gobierno, el margen de maniobra desde la inversión pública que podría apalancar recursos privados estaría limitada. Por ello, es clave crear un escenario de mayor certidumbre jurídica para las inversiones privadas y calmar la volatilidad en los anuncios que no generan confianza.

En el caso de la inflación, después del repunte en el mes de junio, que produjo inquietud, volvió a retomar la tendencia a la baja en julio, al llegar, en su variación anual, al 6,86 por ciento, la más baja en un poco más de 30 meses. Aunque la señal es positiva, e impulsaría una reducción más rápida de las tasas de referencia del Banco de la República.

Sin embargo, la preocupación radica en dos factores: uno, que la cifra, hoy por hoy, aún está lejos de la meta del Emisor, de entre 2 y 4 por ciento, valor que se espera se llegue a mediados del año entrante y no en este, como en algún momento se estimó. Y el segundo, que todavía pesan algunas amenazas que podrían afectar el nivel de precios, como el incremento anunciado por el Gobierno al diésel, la volatilidad del dólar que afectaría las importaciones y un eventual coletazo del fenómeno de La Niña.

“Los miembros de la Junta concuerdan en la importancia de mantener la prudencia en el proceso de recortes a la tasa de interés, en vista de los riesgos que subsisten sobre el comportamiento de la inflación. Entre estos destacan la evolución de los precios de los alimentos, el insostenible costo fiscal de continuar posponiendo aumentos en algunos precios y tarifas de bienes y servicios regulados, la rigidez a la baja de la inflación en algunos servicios, y posibles presiones cambiarias ante la volatilidad de las condiciones externas”, advirtió el Banco de la República en las más recientes minutas de la junta directiva.

Por el lado del empleo, según cálculos de Fedesarrollo, viene deteriorándose desde el mes de agosto del año pasado, alineado con el modesto comportamiento en el crecimiento económico que ya está pasando cuenta de cobro a la creación de puestos de trabajo. El primer semestre de este año cerró en 10,7 por ciento, que representa 0,3 puntos porcentuales superior a junio de 2023.

Anif proyecta una tasa de desempleo promedio de 10,9 por ciento para 2024 y de 10,6 por ciento para 2025, advirtiendo la dificultad de volver a un dígito. Esta situación se presenta en medio de la discusión de la reforma laboral, que se mantiene con vida en el Congreso, pero que ha sido considerada inconveniente por el incremento en costos, por no atacar la informalidad y no dar más flexibilidad, desde el sector privado.

Y, por último, están los retos fiscales. Uno de los principales desafíos que enfrenta hoy la administración Petro radica en conseguir más recursos vía impuestos, en medio de una economía desacelerada. La Contraloría reveló que el recaudo tributario del primer semestre habría sido de 129 billones de pesos, casi 12 billones por debajo de la meta del Gobierno y 19,8 por ciento menos de lo observado un año atrás, siendo esta la caída anual más elevada en lo corrido del siglo XXI.

Aunque los expertos como los de Banco de Bogotá consideran que el recaudo podría presentar una mejora en el segundo semestre de 2024 en medio de señales de recuperación económica y el mayor pago de renta de personas naturales, podrían aparecer nuevas sorpresas negativas que aumenten el faltante, el cual estiman en al menos 10 billones de pesos en este año.

Para evitar que siga creciendo la diferencia entre ingresos y gastos, la expectativa de los economistas es que se anuncien nuevas medidas de recorte y así cumplir con la regla fiscal, lo cual se convierte, a su vez, en otro de los grandes retos en el manejo de las finanzas públicas.

La regla fiscal ha sido sinónimo de credibilidad macroeconómica en el país e incumplir las metas de deuda o de déficit fiscal que ella establece podría llevar a un nuevo descenso en la calificación de riesgo, así como a que los inversionistas internacionales no le presten a Colombia o le cobren más caro, lo cual repercutiría en las tasas de interés internas y en el precio del dólar.

Teniendo en cuenta este contexto, aparece un tercer reto importante y que consiste en la nueva ley de financiamiento o reforma tributaria, que está planeado el Gobierno, precisamente para ajustar el recaudo. Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, la considera una discusión inoportuna, que puede generar impactos muy negativos, incluso si no se aprueba la reforma. Esto porque podría incrementar la incertidumbre, impactando la inversión y el crecimiento.

Igualmente, Mejía alerta sobre riesgos para el presupuesto de 2025, por ahora proyectado en 523 billones de pesos y al que le faltarían los 12 billones de pesos que son los que el Gobierno pretende recaudar con la ley de financiamiento. “Pero, aparte de esos 12 billones, el Gobierno incorpora otros 14,6 billones adicionales de ingresos tributarios frente a los que había estimado apenas a finales de junio. Entonces, incluso si logran aprobar la ley de financiamiento, habría un faltante de 14,4 billones adicionales que no está claro de dónde van a salir”, reitera y dice que seguramente desde Hacienda pensarán que se pueden conseguir con gestión de la Dian, pero más allá de si eso se logra, lo cierto es que ambos faltantes suman 26,6 billones de pesos de ingresos en riesgo para el próximo año y, por eso, recomienda recortar el presupuesto de 2025 en esa cantidad, pasándolo de 523 billones de pesos a 498 billones.

Para César Pabón, director de Estudios Económicos de Corficolombiana señala que, aunque el Marco Fiscal de Mediano Plazo anunció un ajuste de cerca de 30 billones para cumplir con la regla fiscal, esto no está garantizado. “El recaudo en el primer semestre cayó un 8,7%, y si no se recupera, será necesario un ajuste adicional en el segundo semestre, lo que podría afectar aún más el crecimiento al final del año. Mantener el compromiso con la regla fiscal es fundamental para la confianza y el crecimiento económico”, asegura.

Y advierte: “La discusión del Presupuesto General de la Nación para 2025 será determinante, ya que la materialización del proyecto requiere una ley de financiamiento, un ajuste de la regla fiscal y un recaudo optimista. Si no se cumplen estos factores, la inversión pública podría reducirse aún más, afectando las proyecciones de crecimiento para este año y la implementación de los planes de gobierno”.