A Duque le espera un segundo tiempo de decisiones difíciles

Ante la enorme crisis económica y social generada por la pandemia, es claro que el segundo tiempo de la administración Duque estará marcado por los temas económicos.

Con la peor recesión en la historia del país, la cuarta parte de la fuerza laboral en las ciudades desempleada y miles de empresas paralizadas, el gran reto será reactivar rápidamente la economía y el empleo. Solo así se evitará que la crisis de covid-19 se traduzca en un retroceso definitivo en los avances sociales y la reducción de la pobreza de los últimos años.

Para tratar de frenar el reverzaso que trajo el virus, el Gobierno anunció recientemente su plan de reactivación Nuevo Compromiso por Colombia, una especia de New Deal criollo basado en acelerar la ejecución de importantes obras de infraestructura vial y energética e impulsar la construcción de vivienda a partir de más subsidios, así como una ley de emprendimiento para estimular la creación de más negocios, entre otros temas. 

Sin duda, un conjunto de iniciativas bien encaminadas para recuperar el crecimiento de la economía y que generan un gran consenso. Nadie discute la necesidad de apostarle a estos sectores que son intensivos en empleo para impulsar la reactivación a largo plazo.

Sin embargo, muchos analistas consideran no solo que faltan medidas mucho más contundentes a corto plazo, una especie de plan de choque con medidas más innovadoras, sino que hace falta abordar esos temas mucho más complejos y controversiales como, por ejemplo, estas grandes reformas que el país tienen pendientes hace rato y que tomaron más relevancia con la crisis.

Si bien durante el discurso de instalación del Congreso de la República, el presidente no habló de reformas estructurales como la tributaria, la pensional o la laboral, esto no significa que no vayan a estar en la agenda de los próximos meses.

Esta crisis dejará al país mucho más endeudado no solo por los mayores niveles de gasto que se requieren sino por la caída en el nivel de ingresos -se estima que la deuda pública se disparará de niveles alrededor del 50 por ciento a más del 65 por ciento este año– por lo que será inevitable hablar pronto de una reforma tributaria. 

Con la disparada del desempleo especialmente de los informales, las mujeres y los jóvenes, las pymes y en las ciudades será necesario plantear cambios en materia laboral para facilitar la generación de empleo.

Y dado que la crisis puso de presente la urgencia de distribuir de un modo más equitativo los subsidios y el gasto estatal, así como la vulnerabilidad de los adultos mayores, lo responsable sería retomar las discusiones en el frente pensional.

El presidente Duque ha dicho en varias oportunidades que este no es el momento indicado para hablar de reformas tributarias. Al parecer el Gobierno quiere tener más clara la dimensión que traerá la pandemia sobre las finanzas públicas y sabe que plantear mayor tributación sobre las empresas o personas en este momento es un imposible.

Sin embargo, otra cosa parece pensar el Congreso de la República y la oposición. El Partido Verde radicó una propuesta que busca gravar mucho más a las empresas y los altos capitales y eliminar exenciones, mientras el Partido Liberal planteó incluso acabar con el IVA y cambiarlo por un impuesto al consumo.

Como afirma el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, cuando el Gobierno nacional no marca la agenda y define las prioridades, deja que los partidos políticos y el Congreso sean quienes lo determinen. Y eso es lo que estaría pasando.

Y no es solo en el frente tributario. El Gobierno no ha dicho nada de lo pensional y calladamente marcha un proyecto para facilitar los traslados exprés, que no solo traería un alto costo fiscal sino que aumentaría la inequidad del sistema actual, así como otro que plantea permitir un retiro parcial de los ahorros en los fondos de pensiones, con lo cual el costo de la crisis lo terminarán pagando los afiliados.

En materia laboral hay muchas iniciativas para tratar de regular las plataformas de transporte y varias propuestas desde el sector empresarial para tratar de flexibilizar el mercado laboral y disminuir los costos no salariales.

Al respecto, el Gobierno lanzó una misión para estudiar los temas de empleo y en materia de protección a la vejez, que según ha dicho, es un tema que no se puede aplazar más. “Se trata de avanzar con equidad para proteger a la población que está envejeciendo. En eso tenemos que trabajar, o en el futuro tendremos muchas dificultades. Tenemos que dar ese debate en la Mesa de Concertación Laboral”, afirmó Duque en entrevistas recientes.

El Gobierno lleva varios meses escuchando a los distintos actores para tratar de llevar una propuesta de reforma de protección a la vejez (como ha denominado su propuesta en materia pensional), lo más concertada posible pero aún no ha destapado sus cartas. Ahora, con el lanzamiento de la Misión de Empleo, parece plantear este mismo camino de tratar de lograr grandes consensos en materia laboral.

Algo muy complicado pues sin duda las decisiones pendientes tienen temas bastante controversiales y cambios difíciles de comunicar. La tributaria implicará plantear el fin de muchos beneficios y exenciones fiscales así como de la generalización del IVA. En materia laboral hay que bajar costos no salariales como las cajas de compensación y buscar una mayor flexibilización de la mano de obra, mientras que en el frente pensional hay que acabar los grandes subsidios que otorga el régimen público a unos pocos privilegiados.

Sin duda, cada una de estas reformas trae muchos temas controversiales que atacan unos grandes intereses particulares muy fuertes. El statu quo le conviene a muchos poderosos grupos de presión.

Por esto, es claro que los cambios tendrán que sobreponerse a soluciones facilistas que están surgiendo producto de la crisis tanto de la extrema derecha como de izquierda.  Con argumentos que pueden ser mentirosos pero fáciles de vender.

La única forma de lograr estos grandes cambios para que el país no solo supere la crisis sino que salga fortalecido de la misma, será con un esfuerzo coordinado de todos los sectores políticos, económicos y sociales del país. Esto es, con unidad. Algo complicado en estos momentos de polarización política y malestar social.

Si bien en el segundo tiempo de Duque los temas económicos ganan relevancia seguirán siendo determinados por decisiones en el plano político y social. Si la detención de Uribe acapara la agenda política y obstaculiza el debate legislativo y político se producirá un gran costo económico.

La crisis podría ser una oportunidad para lograr los consensos que se requieren para tomar decisiones difíciles, controversiales y más difíciles de explicar que en una época normal. Sin embargo, sin el liderazgo y la determinación para no dejarse distraer también podría convertirse en la oportunidad perfecta para los populismos. Estas es la decisión que tendrá que tomar el país sobre su rumbo para los próximos años.