Los ‘sapos’ del ‘cartel’ del papel higiénico

Después de las millonarias sanciones impuestas a los azucareros, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) se prepara para castigar al cartel del papel higiénico, en el que están implicadas multinacionales y compañías locales que manejan más del 90 por ciento de este mercado.

El superintendente delegado para la Protección de la Competencia, en un extenso informe motivado de cerca de 300 páginas, le recomendó al superintendente de Industria y Comercio Pablo Felipe Robledo, multar a cuatro de las cinco empresas que hicieron parte de este cartel. Entre ellas se encuentran Productos Familia, Kimberly Colpapel, Papeles Nacionales y Cartones y Papeles de Risaralda, así como a 21 directivos de estas compañías. En cuanto a Drypers, el delegado pidió no sancionarla pues no hizo parte de los acuerdos.

El informe estableció que esa práctica hacía parte de la cultura organizacional de estas firmas y que así se lo informaban a cada funcionario que entraba a trabajar con ellas. Los primeros contactos comenzaron en 1998 entre Familia y Kimberly, las dos más grandes del sector. Las empresas investigadas intercambiaron información sobre los precios y sobre las promociones comerciales de sus productos entre 2000 y 2013. Para evitar sospechas y con el fin de ocultar su comportamiento ilícito, las cuatro firmas se identificaban con nombres ficticios o apodos como Feos (Familia), Kiosko (Kimberly), Pitufos (Papeles Nacionales) y Rosas (Cartones y Papeles de Risaralda).

Con estas actuaciones afectaron durante 14 años a millones de consumidores que pagaron más por este producto básico, así como por las servilletas, toallas de cocina y pañuelos para manos y cara. Estas alianzas perversas impiden, además, que pequeñas y medianas compañías emergentes puedan entrar al mercado.

Sin embargo, en este caso la superintendencia no multará a todas las acusadas con el mismo rasero, porque tres de las cuatro empresas hicieron con la SIC acuerdos de beneficios por colaboración, que comienzan en el 100 por ciento para el primer delator y van bajando para los posteriores. De ese modo, Kimberly quedaría exonerada de la totalidad del pago, lo que llama la atención porque esa empresa aparece en investigaciones por participar también en los presuntos carteles de los pañales y de los cuadernos.

Luis Fernando Palacio, alto directivo de Kimberly, quien participó en el acuerdo, le dijo a la SIC que desde 2000 comenzaron las reuniones frecuentes con la competencia para establecer el alza de precios a aplicar para el año siguiente. Reconoció que mantuvieron esa clase de acercamientos hasta 2013. Por su parte, Felipe José Alvira, gerente de Kimberly entre 2004 y 2012, reconoció que “se hablaba de la necesidad de charlar con la competencia para subir los precios” (ver más testimonios).

Productos Familia, el segundo delator, que tiene el 33 por ciento del mercado de papel higiénico, hubiera podido ser exonerada del 50 por ciento de la posible sanción. Pero el delegado recomendó excluirla del beneficio porque ocultó información e hizo afirmaciones contrarias a la realidad. Según el informe, las personas que declararon por iniciativa de Familia ocultaron datos en una estrategia encaminada a limitar la responsabilidad de la compañía y de su gerente, Darío Rey Mora.

Cartones y Papeles del Risaralda, el tercer delator, solo será exonerada en 30 por ciento. Es decir, que las más castigadas serán Familia y Papeles Nacionales. Esta última compañía, así como Drypers, afirmó que las declaraciones de los que se acogieron al programa de beneficios no merecen credibilidad debido a que actuaron motivados por el interés de no verse afectados.

No obstante, la SIC defiende esta figura, que también se aplica en otros países, porque permite descubrir y obtener pruebas contundentes sobre la existencia de estas asociaciones, que de otra manera no podrían detectar fácilmente.

Con este inmenso cúmulo de pruebas y documentos, en las próximas semanas el superintendente Pablo Felipe Robledo dirá la última palabra. Si se confirma la sanción, cada una de las empresas involucradas tendrían que pagar hasta 69.000 millones de pesos, y cada uno de los directivos 1.378 millones de pesos. Esas cifras, que parecen altas, no lo son tanto si se tienen en cuenta el tiempo que duró operando el cartel y los millonarios ingresos adicionales que obtuvieron por estas prácticas abusivas. Sobre todo, porque lo hicieron a costa de muchas familias pobres, para las que los sobreprecios significaron una carga onerosa que afectó injustificadamente su exiguo presupuesto.