Las duras propuestas de empresarios y economistas para reactivar la economía colombiana

Los anuncios mundiales de que en las próximas semanas comenzará la vacunación contra el coronavirus llegaron como un bálsamo para la reactivación económica, que espera ponerse en el primer punto de la agenda nacional e internacional.

La buena noticia provino de la alianza Pfizer-BioNtech, que recibió el visto bueno del Reino Unido para la aplicación de su vacuna. Con esto listo, se pone de presente la necesidad de que los países enfoquen todos sus esfuerzos en la reactivación del aparato productivo, al tiempo que se da la inmunización. Colombia no será la excepción a esta nueva realidad, sobre todo por las duras perspectivas que se vienen pierna arriba.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) llevó a -8,3 por ciento su proyección sobre la recesión colombiana para este año. Esto implica que la caída sería más profunda de lo pensado, aunque algunos lo vean poco probable.

Al margen de lo anterior, lo cierto es que la pandemia trajo un desplome duro, y recuperarse de ello no será tarea fácil. Para esto, el Consejo Gremial y reputados economistas colombianos presentaron sus propuestas de reactivación. Eso sí, más de una ya levantó ampolla.

Por un lado, los empresarios le presentaron un documento al Gobierno en el que plantean la fórmula mágica para poner a marchar la economía nacional. En 140 páginas, proponen ajustes transversales y sectoriales, que prometen acelerar la generación de empleo y el crecimiento económico.

Agenda empresarial

El plan busca impulsar siete ejes: infraestructura pública, acceso a crédito, subsidios y beneficios, trámites, modernización laboral, fortalecimiento institucional y encadenamientos. Sin duda, los aspectos laborales son los que mayores alertas han despertado. Entre las propuestas está la necesidad de tramitar una reforma laboral.

Esta idea no es nueva, pero sí trae mayores detalles: cotizar por horas, tener modelos para verificar las incapacidades y detectar cuando estas sean falsificadas, e incluso flexibilizar normas como el control a tercerización y la estabilidad laboral reforzada. Esta última garantiza que un trabajador con limitaciones no sea despedido sin causa justa y objetiva, aunque también incluye algunos fueros sindicales.

De otro lado, se plantea dar subsidios y nuevas exenciones tributarias, por ejemplo, mecanismos de salvamento de las compañías. Como era de esperarse, los gremios proponen que se reduzcan las cargas de las empresas, de tal modo que esto se traduzca en mayor creación de puestos de trabajo.

También piden agilizar procesos de consulta previa, eliminar la sobretasa de energía que pagan para salvar a Electricaribe, extender los subsidios de nómina y prima para algunos sectores, y eliminar trámites.

La hoja de ruta no se queda ahí. Los empresarios dicen que el Gobierno debe, sí o sí, impulsar el fracking, reducir más rápidamente el pago de impuesto de renta, incluir nuevas actividades como rentas exentas, construir distritos de riego y nuevas minas, y hasta quitarles impuestos a los celulares y servicios móviles para impulsar sus ventas.

Como se ve, el plan tiene tanto de largo como de ancho, y su inversión no es nada despreciable. Cálculos señalan que la cifra total llegaría a 384 billones de pesos. Con esto, se crearían un promedio de 130.000 empleos nuevos por año. El problema es que muchas de las iniciativas van más allá de la competencia del Gobierno nacional.

A no ser que el presidente Iván Duque decrete una nueva emergencia económica, que es prácticamente imposible, buena parte del derrotero implicaría proyectos de ley nada fáciles de tramitar. De hecho, las reformas que prevé realizar el Gobierno en el tiempo que le queda (pensional, tributaria y laboral) son de por sí duras de sacar y más de una se quedará en el camino. Será muy difícil apostarle a este combo de leyes cuando el país entrará en año preelectoral.

No obstante lo anterior, desde la academia y el sector privado tienen la fe puesta en que el presidente Duque saque adelante al menos dos de las tres reformas.

El meollo del asunto es que muchas de las ideas que provienen de las empresas y las universidades, en lugar de darle una mano, terminarían llevando al Gobierno a escenarios de discusión complejos en medio de una polarizada campaña electoral y una mayor tensión social.

Por ejemplo, diversos economistas y exministros revelaron esta semana su propia hoja de ruta para atajar el impacto de la crisis del desempleo. Las propuestas vienen de todos lados.

¿Será posible?

Esta iniciativa no pasó desapercibida. Proponen relajar un grupo de normas laborales hasta que termine la emergencia sanitaria, fecha que hoy por hoy sigue siendo lejana. En la práctica, su hoja de ruta implicaría que a los nuevos trabajadores se les pague el 80 por ciento de un salario mínimo (702.242 pesos) y no se les realicen aportes pensionales ni a cajas de compensación familiar. Esas medidas son muy polémicas.

En las cuentas, estos cambios laborales permitirían crear 350.000 empleos. Y se sumarían a otros 650.000, provenientes de un plan para impulsar pequeñas obras en las regiones y de cientos de proyectos de vías terciarias.

“De hacer nada no solo aumentaría la participación del empleo informal, sino que también las condiciones de este empleo informal serían menos favorables que las actuales”, señalaron los firmantes.

Sin duda, este tipo de propuestas permitirían atajar el desempleo estructural que tiene el país. Pero también es cierto que difícilmente calarán entre los colombianos. No hay que desconocer, por ejemplo, que las cajas de compensación fueron un salvavidas para más de una familia durante la pandemia. Y ni qué decir de los aportes a pensión, que son el futuro para millones de colombianos, muchos de los cuales ni siquiera lograrán jubilarse.

Si bien no hay una fórmula mágica, el Gobierno tendrá la dura tarea de encontrar una solución salomónica para mitigar los efectos de la pandemia. Encontrar un balance que no afecte a empresas y trabajadores será la piedra angular de este plan de reactivación. No obstante, el trámite de las reformas laboral y tributaria parece inminente.

Más cuando en los primeros meses de 2021 estarán listas las primeras conclusiones de la Misión de Empleo y de la Comisión de Expertos, que está revisando una por una las exenciones tributarias que existen en Colombia.Esos documentos serán fundamentales para los proyectos que se propongan ante el Congreso.

Tanto el Ejecutivo como el Legislativo tendrán que demostrar que están a la altura de la situación. De ello depende el futuro de millones de colombianos.