PETRÓLEO
¿Quién tuvo la culpa? El conflicto por la regulación del precio de oleoductos
Como si el sector petrolero no tuviera suficiente con la caída de los precios, ahora se suma una dura polémica por la tarifa de los oleoductos. ¿Quién tiene la razón?
La industria del petróleo pasa, como muchos otros sectores, por el peor momento de su historia: bajos precios, caída de la demanda y guerra entre productores son los rasgos que definen el panorama de este mercado hoy.
Por si fuera poco, ahora hay que sumarle un duro debate entre productores y transportadores por las tarifas que se aplican en el uso de los oleoductos en Colombia.
La historia no es nueva. Ya en 2019, cuando se renovaron los contratos por cuatro años más, los productores manifestaron su insatisfacción por el precio del servicio. Entonces la polémica no tuvo mayor eco. Pero este año, ante la crisis, la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) pidió al Gobierno intervenir las tarifas.
Francisco José Lloreda, presidente del gremio, dice que no se justifica que en Colombia el precio por el uso de los tubos para llevar el crudo hacia los puertos en la costa se ubique en promedio entre 7 y 15 dólares, cuando en otros países este mismo rubro está entre 2 y 5 dólares. En este precio influyen la distancia y la topografía por donde viaja el tubo. En la nación, según Lloreda, injustificadamente se están pagando tarifas muy por encima del estándar internacional. Para él, eso ocurre por cuenta del marco tarifario vigente, que ha sido interpretado muy libremente por las compañías dueñas de los oleoductos. Por ejemplo, las empresas transportadoras, en lugar de depreciar sus activos, los aprecian y eso hace que las tarifas aumenten.
Estos factores llevaron a las petroleras a pedir la intervención del Gobierno. Lloreda ha ido más allá: expone que ese elevado nivel de la tarifa ya ha sacado de competencia a muchos proyectos petroleros a los que el precio actual no les alcanza para cubrir todos los costos. El resultado: una caída en la producción que va a pasar de 880.000 barriles diarios a cerca de 720.000. Lo que se necesita, afirma, es un ajuste radical a la fórmula tarifaria.
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Pero otra cosa opinan los dueños de los oleoductos, que encendieron las alarmas cuando el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Armando Zamora, anunció que el Gobierno eventualmente estaría considerando la posibilidad de intervenir estos precios.
Los inversionistas de estas empresas creen que esto afecta las reglas del juego y que pone en tela de juicio la estabilidad jurídica. Héctor Manosalva, presidente de Cenit, uno de los actores clave de la industria del transporte de crudo, dijo que el esquema tarifario fue establecido por el Gobierno con criterios técnicos basados en comparaciones internacionales.
Asegura que desde 2010 las compañías han invertido 3.600 millones de dólares en modernización de la infraestructura, y una buena parte de ellos (2.000 millones) por medio de deuda. Entonces, es necesario que las empresas de oleoductos puedan cubrir las inversiones con la tarifa. Además, dice que las condiciones del mercado cambiaron radicalmente desde 2014, cuando hubo una caída en los precios y en los volúmenes transportados. El empresario es enfático en que aun así, se han ceñido al marco tarifario vigente, del que no se han salido ni un centímetro para negociar las tarifas con sus clientes.
“En la actual crisis, hemos planteado varias alternativas a nuestros clientes, porque nosotros no le damos la espalda a la realidad”, dice Manosalva, y menciona que ya ofrecieron descuentos entre 8 y 15 por ciento en la tarifa, así como condiciones de financiamiento con dos meses de gracia. De hecho, las firmas de oleoductos anunciaron el viernes que lograron acuerdos de este tipo con las empresas productoras responsables del 80 por ciento de la producción de petróleo, lo que consideran un avance. Pero para Lloreda, de la ACP, ninguna de estas opciones es válida, porque lo que se necesita, dice, es un cambio estructural en el marco tarifario, no alivios puntuales y coyunturales.
En el Ministerio de Minas, al preguntárseles sobre el tema, confirmaron que esa puede ser una posibilidad. El asunto está en manos de la ANH, que solicitó un concepto jurídico “a una reconocida firma legal con presencia internacional para evaluar los diferentes aspectos jurídicos de una posible medida en materia de tarifas de oleoductos”. Igualmente, en el ministerio celebraron los acuerdos para llevar alivios a los productores con menores tarifas y descuentos en la actual crisis. Aún así, el panorama para esta industria está bastante tenso. Del lío de las tarifas no se va a salir rápidamente.