Las propuestas de la Región Caribe para enfrentar su crisis energética. El drama de los subsidios mal entregados

Las amenazas en el sector eléctrico y los fantasmas del apagón de hace 30 años están reviviendo. La llegada del fenómeno de El Niño ha intensificado las alarmas y la presión sobre los precios de la energía es cada vez mayor.

Ya el valor del kilovatio/hora en la bolsa de energía, que hace apenas unos meses estaba en $300, se ha multiplicado por más de tres veces y se acerca a los $1.100. Aunque en promedio, los distribuidores y comercializadores apenas están expuestos un 20% a la bolsa y el resto lo tienen cubierto con contratos a largo plazo con los generadores, hay regiones cuya exposición aumenta a cerca del 50% y con precios superiores a los mil pesos, la tensión aumenta.

Pero si hay una región del país que ha tenido que soportar la crisis en materia de energía, no solo altos precios, sino un servicio deficiente es la costa Caribe. Por una parte, XM, la administradora del mercado, hizo una seria advertencia sobre las dificultades técnicas en las redes de distribución.

La entidad dijo que, debido al incremento en la demanda de energía, las redes de transmisión regional presentan agotamientos en múltiples zonas del país, especialmente en seis departamentos de la Costa Atlántica y el Chocó. “Se identifica que las acciones operativas implementadas en dichas zonas pueden ser insuficientes ante el crecimiento de la demanda y, por tanto, sin la oportuna ejecución de las obras de transmisión y distribución (propuestas, planeadas y en ejecución), serán necesarios cortes de energía puntuales para conservar los niveles de seguridad y confiabilidad en la prestación del servicio”, dijo la entidad.

De hecho, SEMANA confirmó que para evitar problemas técnicos y efectos dominó en el sistema que pudieran afectarlo, ya hay cortes en algunas zonas en horas de alta demanda para que las redes de distribución no tengan dificultades.

Y, por otro lado, tras la salida de Electricaribe, y la llegada de Air-e y Afinia, el Gobierno anterior estableció un régimen tarifario especial, con el cual, los usuarios asumen las pérdidas técnicas (relacionadas con la operación del sistema eléctrico) y las no técnicas, es decir, el robo y fraude. De hecho, la norma fue demanda y el Consejo de Estado la admitió, con lo cual, las pérdidas por robo no podrían ser trasladadas al usuario.

En medio de esta ‘alta tensión’, dirigentes de la Región Caribe plantearon escenarios y soluciones a estas problemáticas.

Según un documento de Fundesarrollo, el Caribe arrastra un retraso histórico en inversiones en red y problemas estructurales de congestión en redes.

La Cámara de Comercio de Barranquilla y el Comité Intergremial Atlántico le solicitaron al Gobierno central financiar con recursos del Presupuesto General de la Nación la modernización de la infraestructura eléctrica del Caribe, cuyo costo se estimó en 3 billones de pesos en el año 2017, tras considerar que es la única medida de corto plazo que puede incidir en bajar las tarifas de energía en esta región del país. Se calcula que esta financiación, en 5 años, permitiría una reducción de las tarifas en un 22% aproximadamente.

La inversión pública en esas obras llevaría a que los pagos de capital y de retorno de esas inversiones no se incluyan en la estructura tarifaria, reduciendo el costo del servicio a los usuarios. Su efecto sería permanente porque las inversiones irían dirigidas exclusivamente al mejoramiento de las redes y subestaciones y no a la operación del sistema. El objetivo es que la inversión pública fortalezca la infraestructura para que los operadores continúen mejorando la prestación del servicio.

Las dos organizaciones pidieron también que el Estado pague prontamente las deudas acumuladas con las comercializadoras que operan en esta región, que suman ya 2,6 billones de pesos y se derivan de la aplicación de la opción tarifaria, establecida por el gobierno anterior, y del pacto por la justicia tarifaria, definido por el actual. Dicha deuda equivale a dos años de los ingresos de los comercializadores, lo que ha generado una compleja situación financiera y operativa.

Igualmente, le solicitaron a la CREG desistir de lo planteado en la resolución 701 024 que restablecería la obligación de las termoeléctricas de financiar a los comercializadores sus compras de energía en bolsa, dada la presión que ello ocasiona en la caja de las generadoras. Esa presión limitaría las posibilidades de abastecimiento de gas de las térmicas en momentos en que el país necesita que produzcan más energía para atender la demanda que no podrían cubrir las hidroeléctricas por el bajo nivel de los embalses en la fase crítica del fenómeno de El Niño. Con el pago de las deudas por la opción tarifaria a las comercializadoras, estas empresas tendrían liquidez para sus compras de energía en bolsa.

Por otra parte, le solicitaron a la UPME revisar la metodología de asignación de gas ante restricciones de suministro, entendiendo que este combustible es vital para la generación de energía por parte de las termoeléctricas, y que limitar su abastecimiento las obligaría a aumentar el volumen de consumo del importado, incrementando sus costos de producción, lo que llevaría a más alzas en las tarifas a los usuarios finales.

En ese mismo sentido, la Cámara de Comercio de Barranquilla e Intergremial Atlántico pidieron que se atiendan las necesidades de los consumidores industriales y distribuidores a partir de cálculos debidamente validados del gas que requieren para sus operaciones. Y ante las informaciones que se conocen sobre la afectación de la capacidad de producción de los campos de Córdoba, plantearon la necesidad de precisar cuál es la razón técnica que la ocasionó, el volumen que no podrá entregar al mercado, y sus efectos en la atención de la demanda de gas natural y de energía eléctrica.

Otra de las preocupaciones históricas en la Región Caribe está relacionada con el bajo recaudo de la facturación del servicio de energía. Y tiene que ver con el ajuste en la focalización de los subsidios para ofrecer tarifas justas, y un mayor consumo de subsistencia.

Por eso el estudio también hace una preocupante radiografía de los subsidios y su destinación. El gasto en energía que hacen los hogares más pobres de la región Caribe representa un poco más del 60% de su ingreso disponible.

Sin embargo, señala que no se cumple con el principio básico de focalización y se dedican recursos de la Nación a subsidiar hogares que no se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. Advierte el estudio que en la región Caribe se excluye al 12,3% de los hogares pobres del subsidio de energía y se incluye al 57% de los hogares no pobres.

Esta situación, según el estudio, arroja una conclusión preocupante: en la región Caribe se han destinado 1,7 billones de pesos en subsidios a energía para hogares que no lo necesitan

“Si se aplica la metodología de Focalización SISBEN (A1-B4) se hubiera generado un ingreso disponible de más de 800.000 millones de pesos entre enero de 2022 y junio de 2023 en la Región Caribe”, dice el análisis.

Se propone condicionar la recepción del subsidio de energía a la necesidad que tenga el hogar, demostrada en la información contenida en el SISBÉN. Con estos recursos, (800.000 millones de pesos) se podrían implementar medidas para redefinir el consumo de subsistencia, y priorizar inversiones de infraestructura.