Las propuestas para cambiar el agro

Pocas veces como ahora se habían visto propuestas tan concretas encaminadas a construir un nuevo modelo de desarrollo rural y una política agropecuaria de largo plazo.

El conjunto de medidas proviene de tres fuentes. Una, del proyecto de ley que está en el Congreso para poner a producir las zonas más apartadas del país. Dos, de la misión rural que plantea las estrategias que debe seguir el país para saldar la deuda histórica con el campo. Y tres, de la comisión de expertos que estudió la competitividad de la caficultura colombiana y pretende darle un giro al modelo que, por años, ha imperado en Colombia para este cultivo.

Sin duda, estas propuestas demuestran que el sector rural ha escalado en importancia en la discusión de los grandes temas nacionales, pero también que es hora de que la actividad agropecuaria retorne a la agenda de las políticas públicas. No solo porque hace parte del proceso de paz que se adelanta en La Habana y está llamada a jugar un papel importante en el posconflicto, sino porque se trata de un renglón económico que puede ser un importante motor de crecimiento.

El año pasado, el sector agropecuario aportó 6 por ciento al PIB del país y 17 por ciento a la generación de empleo formal. Es decir con un ‘estartazo’, que  muchos piensan hay que darle al campo, esta locomotora podría impulsar más la economía.

El potencial agroindustrial en Colombia es inmenso. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura –FAO- el mundo necesita incorporar 3,75 millones de nuevas hectáreas de ahora a 2030 si se quiere atender la mayor demanda de alimentos. Según la entidad, más de la mitad de la tierra que podría ingresar a la producción agrícola está localizada en solo siete países tropicales, entre los cuales está Colombia.

La triste realidad es que de los 22 millones de hectáreas consideradas aptas para el desarrollo agrícola y agroindustrial, Colombia solo está utilizando productivamente cerca del 24 por ciento. En contraste, países como Estados Unidos y la Unión Europea utilizan el 97 por ciento de sus tierras aptas para la agricultura.
Como dice el presidente de la SAC, Rafael Mejía, este sector en Colombia tiene mucho camino por recorrer en materia de crecimiento, diversificación de la oferta, productividad, competitividad y acceso a nuevos mercados.

Sin duda uno de los temas clave para alcanzar estos propósitos es incorporar nuevas tierras a la producción. El problema es que, por falta de reglas del juego claras, el desarrollo de  zonas como la Altillanura y en general la Orinoquia se ha frenado, con lo que se ha perdido una gran oportunidad.

Pues bien, después de muchos intentos fallidos, el gobierno presentó un nuevo proyecto de ley para tratar de destrabar el progreso de estas zonas.

La iniciativa crea las Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico (Zidre), áreas geográficas aisladas de los centros urbanos más significativos donde la productividad es tan baja, que prácticamente hay una vaca por cada tres hectáreas.

Estas zonas demandan elevados costos de adaptación productiva. Aproximadamente se requieren 8 millones de pesos para adecuar una sola hectárea. Además, tienen baja densidad poblacional y altos índices de pobreza, carecen de infraestructura mínima para el transporte y comercialización de los productos, y, por sus condiciones resultan inapropiadas para desarrollar unidades de producción familiar.
De acuerdo con el proyecto de ley, dichas áreas serán definidas por la Unidad de Planificación Rural y Agropecuaria (Upra) del Ministerio de Agricultura. La delimitación de cada zona y el plan de inversiones privadas y públicas para su desarrollo, deberán estar consignadas en un documento Conpes.

Los particulares podrán proponer para dichas zonas proyectos asociativos en el que vinculen a campesinos y el gobierno se compromete con estímulos especiales, como bienes públicos, esto es carreteras, distritos de riego, investigación, acceso al crédito, entre otros. La tierra necesaria para los proyectos podrá ser propia, arrendada, o entregada en concesión. Como gran novedad, en estas llamadas Zidre los baldíos no adjudicables, es decir que no llenan los requisitos para tal fin, se pueden entregar en concesión al proyecto empresarial por un periodo de tiempo determinado. Una vez finalice el contrato, los predios deben ser devueltos al Estado.

Estas personas pagarán una especie de canon de arrendamiento, recursos que harán parte del Fondo de Desarrollo Rural y Económico, que se crearía a partir de la aprobación de esta ley.

Si contados tres años a partir de la autorización  del ministerio para llevar a cabo el proyecto, la empresa asociativa no ha dado inicio en todo o en parte del área autorizada, esto será causal de extinción del derecho de dominio. En otras palabras deberán devolver la tierra.

El superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, a quien el gobierno designó para impulsar esta iniciativa –dado el impedimento del ministro de Agricultura Aurelio Iragorri- señala que el gran propósito de esta ley es poner a producir la tierra. “No más lotes de engorde”. En este sentido, el gobierno quiere ir más allá. Si un particular tiene tierras en una Zidre -integradas a un proyecto en el que el Estado ha invertido en bienes públicos- y no está dispuesto a hacer parte del desarrollo propuesto, se acudirá a la figura de la expropiación por vía administrativa, pero ya no se pagará el predio según el avalúo comercial del mismo, sino por el catastral que es inferior.

El gobierno piensa que este proyecto de ley desbloqueará la inversión que por cerca de 6.000 millones de dólares se llegó a plantear para la Altillanura.

Pero aunque el proyecto ofrece hacia futuro un marco jurídico nuevo, no despeja el debate que se armó en el país sobre los baldíos transferidos a la propiedad privada a partir de 1994. Por lo visto, el gobierno no se piensa meter en ese espinoso tema, pues considera que para impulsar el agro colombiano antes que la propiedad, la productividad es el gran reto. El senador Jorge Enrique Robledo, uno de los parlamentarios más críticos sobre el tema de tierras, ya ha dicho que el proyecto en cuestión “no solo no apunta a cambiar el modelo agrario, sino que lo consolida, al legalizar las compras ilegales de tierra en la Altillanura y promover aún más su concentración”. Habrá que esperar para saber la suerte que corre este proyecto en el Congreso, y qué queda de las buenas intenciones.