Las razones por las que el Gobierno quiere gravar las pensiones

El debate de la reforma tributaria planteada por el gobierno de Iván Duque como una ley de financiamiento no ha tenido camino despejado. Temas como la extensión de los impuestos a la canasta familiar, los materiales de construcción y hasta los servicios relacionados con el espectáculo y el ocio están pasando por una verdadera prueba de fuego entre la opinión pública.

A las críticas que se han escuchado entre los consumidores del país, se acaban de sumar los pensionados, que también pusieron el grito en el cielo al revisar en detalle algunas de las propuestas contempladas en la Ley de Financiamiento.

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¿Cómo se afectarán los pensionados con la reforma? Debido a que el gobierno decidió eliminar el sistema de tributación cedular que se había creado en la reforma del 2016, todas las  rentas de personas naturales tendrán ahora el mismo tratamiento. A través de la propuesta, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, propuso simplificar el esquema unificando en una cédula general las rentas de trabajo, pensiones, de capital y las no laborales.

Este cambio suscitó la crítica más fuerte de las personas pensionadas, porque plantea que quienes reciban una pensión superior a los 4 millones tendrían que empezar a tributar, cuando antes esas rentas estaban gravadas con el 0 %.

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El argumento del gobierno es que  para las rentas de trabajo y pensiones se definen únicamente cuatro rangos de ingresos y los ingresos líquidos superiores a 4.100 UVTs (Unidad de Valor Tributario, que para 2018 está calculada en 33.156 pesos), es decir más de 135 millones, son gravados a una tarifa del 33 por ciento, lo que limita el poder redistributivo del sistema al no imponer tasas marginales más altas a aquellos agentes que tienen una mayor capacidad de pago. En otras palabras, como las pensiones altas tienen un alto componente de subsidio que debe aportar el Estado, es necesario que quienes reciben estas rentas sean solidarios y a su vez aporten al sistema.

Según el proyecto, “la Comisión de Expertos del Gasto y la Inversión pública, encontró que el 46 por ciento de la población, que no está en situación de pobreza y que no alcanza a financiar una pensión mínima con sus cotizaciones, recibe un subsidio negativo, esto significa, que aportan al sistema para pagar las pensiones de las personas con ingresos más elevados”. Por eso, el gobierno explica que el hecho de que las pensiones no estén gravadas y que el 99 por ciento de los pensionados se encuentre por encima de la mediana del ingreso mensual de un trabajador colombiano, son factores que no favorecen la equidad.

Actualmente las pensiones de jubilación, invalidez, vejez, de sobrevivientes y sobre Riesgos Profesionales están exentas si llegan hasta 1.000 UVT mensuales, esto es una exención sobre las mesadas pensionales menores de aproximadamente 33 millones de pesos a 2018. Según el gobierno, esto es una medida excesiva y altamente regresiva, no sólo dentro del sistema pensional, sino entre el sistema tributario en su conjunto.

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El ministerio argumenta así que el sistema es inequitativo porque una minoría de pensionados -se estima que alrededor del 4 por ciento- concentran los  mayores ingresos, y además son altamente subsidiados. Esta afirmación está sustentada en estudios de Fedesarrollo que aseguran que un pensionado perteneciente al 1 por ciento más rico de la población está recibiendo en la actualidad entre 800 y 1.000 millones de pesos de subsidio. Por esta razón, para incrementar el recaudo tributario y promover una mayor equidad del sistema pensional, plantea que las personas pensionadas que reciban más de $2.700.000 mensuales declaren renta y que los que reciben más de $4.200.000, entre 6 y 25 salarios mínimos, estén obligados a pagar impuesto de renta.

Este grupo, que representa menos del 4 por ciento de los pensionados, serían realmente los afectados por la reforma. Por eso, aunque este punto ha provocado un fuerte debate, la explicación del ministerio es que el grueso de los pensionados, es decir el 96,2  por ciento, recibe de 1 a 6 salarios mínimos y no quedarían gravados con la nueva norma.

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Como el sistema cedular queda unificado a la estructura de tarifas marginales de las personas naturales, la tasa a pagar por impuestos podría llegar hasta un nivel máximo de 37 por ciento. 

De acuerdo con la reforma tributaria: esta sería la tasa aproximada de impuestos según el impuesto de renta a las personas naturales: