Las reformas pensional y laboral que se cocinan: sin empleo no hay paraíso..., ni pensión

Los cambios en los frentes pensional y laboral que se preparan en el Ministerio de Trabajo, según fuentes cercanas al proceso, no se apartarán de las ideas que expuso Gustavo Petro durante su campaña electoral, pero ya se han afinado alternativas que, tan pronto como salieron a la luz pública, prendieron las alarmas.

Eliminación de contratos de prestación de servicios; mayores salarios para llegar a una política de trabajo decente; subsidios a adultos mayores que no tuvieron la oportunidad de cotizar para pensionarse y reorganización de los sistemas de pensiones público y privado en un solo esquema son los componentes de las dos reformas, las cuales irán por separado al Congreso, pese a que algunos funcionarios mencionaron la posibilidad de que se presentaran juntas.

En medio de un contexto laboral y pensional que fue catalogado por la Misión del Empleo como catastrófico, el Gobierno intenta hacer dos reformas controversiales, luego de múltiples intentos por enderezar el mercado laboral, que a pesar de tener alrededor de 7 millones de compañías, desde grandes hasta micro, no logra bajar la tasa de desempleo de dos dígitos (10,7 por ciento a septiembre, según el Dane) y la informalidad laboral, que sobrepasa el 50 por ciento.

Reformitis, y nada

Entre 1991 y 2019 se realizaron 93 reformas al marco jurídico laboral, que incluyen leyes, decretos y sentencias de la Corte Constitucional, pero el país continúa en una clara deficiencia en cuanto a protección de los trabajadores. De 22 millones de ocupados que registra el Dane, 13 millones trabajan en la informalidad, lo que ha inflado la bomba pensional de tener 7,4 millones de adultos mayores, pero que de ellos solo 1 de cada 4 esté pensionado, según las cuentas del exdirector de la entidad Juan Daniel Oviedo.

Con esas realidades, el Ministerio de Trabajo instaló dos subcomisiones claves: una que se encarga de elaborar la reforma pensional y la otra, la laboral. Los dos temas, en medio de los cruentos debates que se suscitan en el país, son complementarios, pues sin empleo no hay posibilidad de ahorrar para una pensión.

En términos generales, la reforma pensional de este Gobierno pretende ser de carácter estructural, es decir, que no solo amplíe la cobertura de gente en el sistema cotizando y logrando su pensión, sino que también corrija problemas financieros derivados de los altos subsidios que paga el Estado, principalmente para garantizar las mesadas más jugosas.

Una de las banderas de la reforma pensional es llegar a una mayor cobertura, lo que se logra con trabajo formal. Para ello, se reglamentarán las formas de empleo, como la del componente que ya desató un polvorín: los contratos de prestación de servicios. Se parte de la premisa de que estos contratos son legales, el problema es el mal uso que les dan, principalmente, en las entidades del Estado. En consecuencia, la reforma laboral no buscará prohibirlos sino delimitarlos, para que se acaben las plantas de personal que son contratadas como apoyo y terminan haciendo labores permanentes durante años.

Habrá concertación

Como las reformas se intentan hacer a través de la concertación, ya hay sobre la mesa varias propuestas, como la de la Confederación General del Trabajo (CGT), a la que se unen varios sindicatos. “Los trabajadores que, en un periodo de 24 meses, hubieran estado contratados durante un tiempo superior a 12 meses, sin solución de continuidad, adquirirán la condición de trabajador directo, es decir, con contrato indefinido”.

Al respecto, una fuente oficial señala que hay muchas propuestas y que, incluso, se baraja la idea de que los contratos de prestación de servicios no pueden superar un año. La disyuntiva está en que hay entidades que tienen proyectos que requieren contratos no misionales, a veces de dos y hasta tres años. Un punto clave de la reforma laboral está en el empleo agrícola, debido al interés del Gobierno de cambiar la estructura productiva, para dejar atrás la dependencia de la industria extractiva y poner el foco en la producción del campo.

Lo que se busca en el proyecto de ley es diseñar una reglamentación que identifique formas de trabajo propias del campo y se reconozcan, para sacarlas así de la informalidad. Por ejemplo, un dueño o administrador de finca tiene un trabajador al que le hace un pago por una labor que se maneja en una relación informal. Al establecer una reglamentación se generarán derechos y también obligaciones a los integrantes del vínculo laboral.

Pensiones, lo más complejo

Las discusiones sobre la reforma pensional se extenderán hasta el cuarto mes de 2023, cuando el Gobierno tiene previsto llevar el proyecto de ley al Congreso de la República, según el cronograma presentado por el Ministerio de Trabajo.

La reforma parte de la estadística según la cual Colpensiones paga las mesadas de 1.527.535 pensionados, lo que demanda un presupuesto de 46 billones de pesos, a pesar de que el 53 por ciento de las pensiones son de un salario mínimo. Esto implica que gran parte de los recursos los absorben las pensiones altas, que son ampliamente subsidiadas.

Colpensiones, con la mayor parte de pensionados y menos afiliados

El número de afiliados en el régimen público, o de prima media, es de 6.779.492, cuyos aportes suman 15,6 billones de pesos, es decir, ese recaudo no alcanza para cubrir el pago de las mesadas de los ya pensionados. El sistema pensional cuenta también con el régimen privado, que es manejado por los fondos de pensiones, en donde hay 18.343.249 personas que aportaron en 2021 la suma de 24,7 billones de pesos, la mayoría de los cuales con cotizaciones por debajo de cuatro salarios mínimos. Y el número de pensionados en las AFP es solo de 264.967.

Con esas cuentas en mano, el Gobierno abrió el debate de la reforma pensional, con la idea de que, si bien es bienvenido el diálogo, las propuestas tendrán que versar sobre el modelo que el presidente Petro puso ante la opinión pública durante su campaña, pues se parte del supuesto de que ganó las elecciones en virtud de ese y otros planteamientos.

Se trata entonces del llamado esquema de pilares, que tiene en el primer peldaño un componente subsidiado, para atender a la población mayor que ya no logró una pensión y ahora, al menos 3 millones de personas recibirán medio salario mínimo, en reemplazo de los 80.000 pesos que les llegan, con el programa Colombia Mayor, a cerca de 1,7 millones de personas. El siguiente pilar es el de prima media, en donde, inicialmente, se agrupará a los cotizantes de hasta cuatro salarios mínimos, lo que se ha convertido en uno de los puntos polémicos, pues traería a lo público al 85 por ciento de los trabajadores formales que aportan en los fondos privados.

Finalmente, el tercer pilar sería el del Rais (Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad), manejado por los fondos privados, que son claves para el mercado de capitales, pues invierten la plata del ahorro pensional principalmente en títulos de deuda pública (TES), por lo cual es válido el interrogante que plantea Juan David Ballén, investigador económico de Casa de Bolsa. “El déficit fiscal de Colombia se financia con deuda. Los fondos de pensiones son los segundos mayores inversionistas en deuda pública, a través de TES, con más de 116 billones de pesos, equivalentes al 26 por ciento del saldo total. Si se aprueba la reforma pensional, ¿cómo se financiará el país?”.

Polémico traslado obligatorio

Aparte de la variable financiera, la gran polémica estará alrededor del traslado obligatorio de los ahorradores en fondos privados hacia Colpensiones. Por ello, según la fuente oficial consultada, las discusiones se están dando en torno al tamaño que debe tener el pilar del régimen de prima media, el de Colpensiones. Pero en las mesas de concertación también se libra un fuerte debate sobre el periodo que debe tener la transición, teniendo en cuenta que el paso del Instituto de Seguros Sociales, como asegurador pensional, hacia la Ley 100, que es la que creó el actual sistema, duró más de 20 años. Más aún, si está de por medio la preocupación del relevo generacional, lo que pone en jaque la sostenibilidad del sistema pensional, pues en el esquema público las pensiones se pagan con los aportes de los jóvenes y lo que falte lo pone el Estado.

El problema es que la población se envejece, se aumenta la longevidad y se reduce el número de jóvenes, por lo que cada vez alcanza menos la plata para las pensiones, debido a que si hoy se registran cinco trabajadores por cada adulto mayor, en 2050 la relación será de dos por uno.

En ese contexto, aumentar la edad y las semanas cotizadas para alcanzar una pensión ha sido una alternativa ventilada en gobiernos anteriores para ayudar a financiar las pensiones, pero en esta ocasión no está en la mira.

Así las cosas, el Gobierno no la tiene fácil, ni con la reforma laboral, ni con la pensional, ni con el salario mínimo en medio de una alta inflación y elevadas expectativas.