Todos ganan con la ley de plazos justos

Una historia al mejor estilo de David y Goliat vivió el Congreso este semestre con la aprobación de un proyecto que favorece a los micros, pequeños y medianos empresarios colombianos.

Se trata de la ley de pago a plazos justos de facturas, que, contra todo pronóstico, recibió humo blanco la semana pasada, a escasas horas de cerrarse la legislatura. Logró la hazaña por partida doble. Por un lado, su autor, Mauricio Toro, representante de la Alianza Verde, pertenece a la oposición. Y, por el otro, el proyecto no era del total agrado del Gobierno y tenía en contra a dos pesos pesados de la economía: Fenalco y la Andi. A pesar de todo, la iniciativa salió adelante y ya está para sanción presidencial.

La norma regirá a partir de enero de 2021. Establece que las grandes compañías no podrán abusar de los tiempos para pagarles a las micros, pequeñas y medianas empresas por los bienes o servicios que les compran. En el primer año tendrán plazo máximo de 60 días calendario para pagar, y a partir del segundo, 45.

Estos tiempos se aplicarán tanto al sector público como al privado. Pero las entidades tendrán una gabela: podrán pagar siempre y cuando tengan apropiados los recursos. El sector salud también estará sometido a esta nueva dinámica, aunque solo participará tres años después.

El trámite de este proyecto en el Congreso no fue color de rosa, pues varias veces estuvo a punto de hundirse. Toro tuvo que recurrir a estrategias variadas. Una de las más sonadas tuvo lugar en septiembre, cuando el articulado estaba congelado en la Cámara de Representantes. En el Capitolio aparecieron letreros que anunciaban que a los congresistas, funcionarios y asesores les pagarían sus sueldos en 180 días.

Todos pusieron el grito en el cielo. Pero se trataba de una ‘jugadita’ pedagógica de Toro para hacerles sentir a los miembros del Legislativo el calvario que viven los pequeños empresarios y contratistas por las demoras de sus pagos. Esta campaña impactó tanto a los congresistas que aprobaron el articulado con mayorías aplastantes.

Si el dueño de un pequeño negocio no recibe a tiempo sus pagos, no tiene más opción que acudir al factoring (compra de facturas) o pedir un crédito para no colgarse con la nómina y con los impuestos. Así financia al grande y se queda sin dinero para innovar o invertir en su negocio, e incluso puede perderlo si no tiene cómo aguantar tanto tiempo sin ingresos.

Con esta ley, esa dejaría de ser la normalidad en el país. “Si un empresario no tiene que endeudarse y puede invertir más en innovación o en salarios, genera una circulación de dinero importante y aumenta la productividad”, dice Toro.

Eso sí, las pymes también tendrán que jugar limpio con los proveedores y microempresarios, de tal modo que la cadena beneficie a todos. La presidenta de Acopi, Rosmery Quintero, dice que “sin dudas, esto va a beneficiar a las empresas de todos los tamaños”.

Pero no solo ellas ganarán. De hecho, se espera que toda la economía reciba un fuerte impulso con esta norma. Cálculos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) señalan que las buenas prácticas comerciales en este frente aumentan el PIB en 0,3 puntos. Además, con mayor flujo de caja, los empresarios pueden aumentar sus inversiones, generar más trabajo e incluso subir los salarios.

Un aumento de estos niveles en la economía, el empleo y la actividad productiva llega en el mejor momento. La aplicación de la norma ayudará a la recuperación del país, que enfrenta una crisis económica sin precedentes por la pandemia. El PIB se desplomará más de 5 por ciento este año, aunque en 2021 tendrá un rebote. Por eso, una medida como la ley de plazos justos resulta más que bienvenida.