ECONOMÍA

Lo que hay detrás del aumento del 5,1 % al salario de los congresistas

A comienzos de este año, el Gobierno debió firmar el decreto con un aumento de 5,1 % para el salario de congresistas, magistrados, procurador, contralor y fiscal general, entre otros funcionarios públicos. Sin embargo, este incremento fue aplazado para julio ante la crítica situación económica que llegó con la pandemia.

29 de diciembre de 2020
El presidente presentó el documento que resumen las acciones en materia de migración.
El presidente Iván Duque en la Casa de Nariño | Foto: Presidencia de la República.

Pero de nuevo a mitad de año hubo un aplazamiento. Colombia estaba enfrentando el primer pico del coronavirus y sus graves consecuencias económicas. Al llegar diciembre, y después de que ningún proyecto prosperó en el Congreso para bajar los salarios de los parlamentarios, ni frenar los aumentos, el Gobierno se quedó sin opción y, para no violar la ley, el presidente tuvo que firmar el decreto con el alza salarial para los congresistas. Se trata de un aumento retroactivo, por tanto los parlamentarios recibirán una suma equivalente a lo que no recibieron durante el año por cuenta de los aplazamientos. Mientras todo esto ocurría, el salario mínimo aumentó el 6 % en 2020.

En enero, el Gobierno volverá a tener el mismo dilema: la Contraloría volverá a fijar un aumento para congresistas, magistrados, procurador, fiscal y demás. ¿Será que la discusión se vuelve a aplazar para evitar otra tormenta política? Este martes se conoció que el salario mínimo aumentará 3,5 %. Seguramente el nuevo aumento para funcionarios públicos estará por debajo de esa cifra, como ocurrió en el 2020.

Tras la peor crisis económica en la historia reciente colombiana, el desempleo llegó al 21,4 % en mayo y hoy está en 14,7 %. Lo más seguro es que esta cifra siga bajando. La economía espera una contracción de alrededor del 8 % y la productividad se estima en -0,8 %. La inflación probablemente cerrará en torno al 1,5%, y en el mes diciembre será nula.

Pocos reconocen los esfuerzos del Gobierno que a través de sus programas sociales logró contener un estado de calamidad mayor con graves repercusiones en el orden público, la seguridad y el empleo. Por ejemplo, el subsidio a la nómina, que empezó en abril y terminará en marzo del próximo año, ayudó a preservar 3,4 millones de puestos de trabajo. Adicionalmente, y aunque no ha sido suficiente, hay 10 millones de familias en el país que se han beneficiado del ingreso solidario, familias en acción, jóvenes en acción y los auxilios para los adultos mayores.

Un balance entre la preservación y generación de empleo y el aumento del salario mínimo no es fácil. Este Gobierno ha sido el que más lo ha aumentado en términos reales en las últimas décadas. Una de las críticas, incluso de personas cercanas al presidente, ha sido que al Gobierno le faltó manejo político para prever que el aumento salarial a los congresistas en medio de la pandemia se le convertiría en un boomerang.

Por un lado, aunque el presidente logró contener el aumento durante todo el año, al final le tocó pagarlo y en un momento inoportuno económica y políticamente. La cuenta de cobro más grande se les debería pasar al propio Congreso y a los partidos que han hecho toda clase de maniobras para evitar que baje el sueldo de los congresistas, o que, por lo menos, no se les haga ningún aumento.