Las pérdidas económicas en la vía al llano no paran de crecer

El próximo viernes cumple tres meses de cerrada la carretera Bogotá-Villavicencio. Desde entonces, las pérdidas se siguen sumando. Más de 20.000 toneladas de alimentos no pudieron salir hacia el centro del país, y 185.000 litros diarios de leche quedaron atascados en regiones como la del Ariari. Esos y otros datos dramáticos dan la idea de la gravedad del problema.

Agricultura, turismo y petroleo

Pero no son los únicos. La producción agrícola cayó 18 por ciento, según la Dirección de Cadenas Productivas y Forestales del Ministerio de Agricultura; el consumo de cerveza se desplomó 80 por ciento y, por tanto, el Estado ha dejado de recibir más de 3.000 millones de pesos en impuestos destinados para la salud.

El sector petrolero también ha sentido los golpes. Los costos del desplazamiento de personal e insumos desde Bogotá hasta Campo Rubiales se dispararon. Antes del cierre de la vía debían recorrer 469 kilómetros. Hoy por las rutas alternas el trayecto alcanza los 780 kilómetros y representa un alza en las tarifas de transporte del 35 por ciento.

Al turismo no le va mejor. Entre mayo y julio de este año, comparada con el mismo periodo del año anterior, la ocupación hotelera cayó 20,67 por ciento. Los cálculos indican que 406.281 visitantes han dejado de ir al departamento en el primer semestre de este año. Y según el alcalde de Villavicencio, Wilmar Orlando Barbosa, el gremio turístico pierde 1.300 millones de pesos diarios y ha tenido que despedir más del 50 por ciento del personal de los hoteles y restaurantes en la ciudad.

La cancelación de reservas llega al 93 por ciento, y atractivos turísticos, como el Bioparque Los Ocarros, están en riesgo debido a que el ingreso de visitantes apenas alcanza hoy el 5 por ciento de lo normal.

En estas sumas y restas del impacto del cierre de la vía, los gremios y la Cámara de Comercio de Villavicencio calculan que las pérdidas ascienden a 1,8 billones de pesos. Por eso, la desesperación crece. Ganaderos, arroceros, productores de soya, entre otros sectores productivos, le enviaron una carta al presidente de la república esta semana para exponer la situación. “Hasta ahora hemos sido pacientes, pero la gravedad de las afectaciones sociales y económicas está colmando la paciencia de los habitantes del departamento y la región”.

A este llamado se sumó Marcela Amaya, gobernadora del Meta, quien advirtió que hay que pasar “de que me escuchen a la acción. Parece que el país no sintiera que está partido en dos”. Por su parte, Manuel Gutiérrez, viceministro de Infraestructura, anunció que en cuestión de días reabrirán la vía para carga pesada. Desde el jueves 13 de junio, cuando se presentó el derrumbe en el kilómetro 58, han removido 250.000 metros cúbicos de material. Pero los deslizamientos no se han detenido. “El viernes pasado cayó una piedra de más de 20 toneladas cerca de donde estábamos con los operarios y hubo que suspender las obras porque no vamos a poner en riesgo la vida de nadie”, dice el viceministro. Pero aseguró que esta semana removieron la roca y avanzan para pavimentar.

Medidas ante la crisis 

El Gobierno nacional no se ha cruzado de brazos. Anunció 72 medidas de mitigación y 600.000 millones de pesos para sortear la crisis. Entre las más esperadas, la reducción del 50 por ciento en los peajes así como subsidios agrícolas y a la gasolina.

También promovió aumentar las frecuencias aéreas y abrir operaciones nocturnas en el aeropuerto Vanguardia de Villavicencio. Ya hay cinco rutas directas desde y hacia la capital del Meta. En algunos días registran hasta 22 vuelos con aviones de mayor capacidad, e incluso estudian la posibilidad de abrir trayectos al Caribe para promocionar el turismo, que se venía consolidando.

Aunque el Gobierno tomó decisiones, algunos las consideran insuficientes frente a la magnitud de las pérdidas. El alcalde de Villavicencio cree que en medio de la crisis “los problemas nos han dejado fortalezas”. Y con ellas, la región espera levantarse de nuevo.