Minhacienda, en la recta final: Presupuesto 2023 podría encogerse

SEMANA: Ustedes están armando el presupuesto que manejará el nuevo Gobierno en su primer año. ¿Cómo va?

JOSÉ MANUEL RESTREPO: Con base en el anteproyecto de presupuesto, el cual recoge solicitudes de todas las entidades públicas, pero es un insumo para la construcción del presupuesto general, la propuesta financiera sería de 344 billones, es decir, cae en 1,5 por ciento, con 6 billones menos, en comparación con el actual.

Es un hecho que se va a tener que considerar que 2023 será el segundo año en el que aplique la nueva regla fiscal (ley que obliga al juicio en las finanzas públicas).

En ese orden de ideas, hay que garantizar la continuidad del ajuste real y ordenado de las finanzas públicas, incorporando el compromiso de austeridad en gasto público, y dando una respuesta a las necesidades en los distintos sectores de la economía.

El rubro número uno de nuevo será educación, pero veremos que la destinación de recursos para la salud, que fue el tercero con más asignación en 2022, cada vez se acerca más a ocupar el segundo lugar.

SEMANA: Legalmente, ¿el presupuesto puede ser inferior al del año anterior?

J.R.: Lo que sucede es que tiene que darse una concordancia con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, que está en proceso de construcción y será el punto de partida para las cifras definitivas. Sí habrá recursos adicionales por la dinámica de recaudo que ha tenido el país y por los recursos que se puedan recoger con mayores precios de commodities.

Seguramente, hay una cantidad de gastos que se requirieron por la pandemia y se irán desmontando.

SEMANA: ¿Qué harán con gastos que no se pueden mover? Siempre se habla de austeridad, pero no se recorta mucho...

J.R.: Estamos preparando el Conpes de eficiencia de gasto e inversión pública para empezar a dar luces de cómo flexibilizar el presupuesto general de gasto de inversión pública, dadas las inflexibilidades, que llegan casi a un 90 por ciento. El Conpes apunta a darle accountability (responsabilidad) al presupuesto. Las transferencias de la Nación a las regiones, por ejemplo, están definidas constitucionalmente, pero pueden tener más eficiencia en la manera como se utilizan.

SEMANA: Algunos candidatos hablan de pasar nuevos gastos al presupuesto. ¿Encajar lo que deje hecho este Gobierno con los compromisos del que viene será más complejo esta vez?

J.R.: En cualquiera de las iniciativas de los candidatos, se debe considerar no solo el gasto y su impacto social, sino el impacto fiscal y, sobre todo, la fuente de recursos con la cual se va a financiar la propuesta. Es el único camino para lograr que el presupuesto sea responsable con las finanzas públicas. Estamos saliendo de un impacto fuerte. Se necesita dar continuidad a ese esfuerzo de ajuste gradual y ordenado de las finanzas.

SEMANA: En medio de una inflación global al alza, ¿el Gobierno subirá más la proyección de crecimiento de Colombia?

J.R.: La mayoría de analistas internacionales están elevando su pronóstico. Lo hacen con base en los resultados sectoriales, de la industria y comercio, en especial. También basados en la rápida recuperación del empleo, tema que se asocia a sectores como servicios. Revisaremos esa estimación, que en este momento está en 5 por ciento, para ver si es posible subirla este año. He sido prudente con las proyecciones de crecimiento, cosa que no sucedía así en el pasado. Prefiero dar sorpresa al alza que a la baja.

SEMANA: Pero hay dudas con las variables que menciona para impulsar el crecimiento. Las exportaciones, por ejemplo, las impulsan más los precios del petróleo que mayores ventas al exterior...

J.R.: Si no estuviéramos teniendo buenos resultados más allá de los precios del petróleo, no crecerían las exportaciones no minero-energéticas al mayor valor en los últimos 14 años. El aumento de exportaciones tiene que ver con la diversificación de la oferta exportable de Colombia. Empiezan a darse muy buenos comportamientos de exportaciones agropecuarias e industriales. Claro, nadie niega que las exportaciones mineras tengan buen resultado por los precios.

SEMANA: ¿Qué les diría a los que critican el manejo económico, pese al resultado?

J.R.: Que las cifras están ahí para rebatir las críticas. Entre 52 naciones del mundo, Colombia fue la tercera que más creció en 2021. Si este año avanza 5 por ciento o incluso más, como proyecta el FMI, el país podría de nuevo ser la tercera economía de mejor desempeño. Los hechos demuestran que las políticas aplicadas fueron eficaces, porque, de lo contrario, no estaríamos hablando de una reducción de la desigualdad. Hemos llegado a los mismos niveles de equidad de antes de la pandemia (en 2019 el Gini era de 0,526, y en 2021, de 0,523). El empleo se ha recuperado en un 90 por ciento frente a lo que se perdió en la crisis. Todos hubiéramos querido invertir más, pero había que lograr el equilibrio entre una política apropiada y el impacto. En ese momento de crisis, el 11 por ciento del PIB fue lo apropiado y hoy vemos el resultado.

SEMANA: ¿Por qué la deuda pública se ha podido bajar más rápido de lo previsto?

J.R.: Se logra tres años antes la reducción de la deuda respecto del PIB y se logra diez años antes la meta en la cual íbamos a estabilizar la deuda pública: ya no en 2032, sino en 2022. Eso hace que en este año las necesidades de financiación sean 26 por ciento menos. Y eso se está logrando con una estrategia que incluye canjes de deuda para amortizaciones más rápidas, pesificación de la deuda, es decir, tratar de convertir tasa variable en tasa fija y pasarla de divisas a pesos, entre otros.

SEMANA: ¿Es cierto que con los ingresos tributarios que se obtendrán en 2023 el nuevo Gobierno podría pasar de agache con una reforma tributaria?

J.R.: Ha habido resultados de la Dian, entre otras, por medidas como las que incluyó la ley de inversión social, que ha sido clave para luchar contra la evasión y el contrabando. Hoy tenemos crecimiento récord en el recaudo (más del 30 por ciento al mes de abril). Con lo que hay en la ley de inversión social se puede lograr un superávit primario en 2024 y una reducción más rápida de la deuda pública. Ya si un Gobierno necesita gastos adicionales de funcionamiento o de inversión pública, tendrá que buscar fuentes nuevas de recursos.

SEMANA: ¿Qué tanta holgura dará a las finanzas el mayor ingreso por petróleo caro?

J.R.: Por cada dólar adicional a la meta que se tiene con el precio del petróleo, el ingreso anual sube entre 100.000 y 200.000 millones de pesos. Pero también estamos realizando el ejercicio de reconocer que los incrementos internacionales en la cotización del petróleo tienen un impacto sobre los combustibles. El subsidio al precio de la gasolina ha sido clave para contener el fenómeno inflacionario, y no queremos afectar a las poblaciones más vulnerables ni a los sectores productivos en este momento.

Entonces, parte de este beneficio por cuenta de un mejor precio del petróleo tiene que cubrir esos subsidios. Los recursos adicionales llegarían por el lado de las regalías, que van a permitir una mejor dinámica en los entes territoriales y en el país. Lo importante es que se administren como lo que son, recursos que responden a un ciclo, no son para siempre. La regla fiscal nueva define lo que se denomina el ciclo del petróleo. Por ende, no todo lo adicional que se genere se puede utilizar en gastos de largo plazo. Parte de esos recursos contribuyen a mejorar el resultado fiscal del país.

SEMANA: El ministerio ha mencionado el cierre de la brecha entre el precio internacional del petróleo y el de la gasolina en el país. ¿Eso significa que ese combustible subiría para el consumidor?

J.R.: El cierre de brecha del precio internacional y el nacional es un proceso que tiene que darse de manera gradual. Se dará en el momento y en el contexto apropiado. Por ahora estamos viviendo un fenómeno inflacionario y tenemos que ser conscientes de ello. Por eso se ha mantenido el subsidio hasta este momento.

SEMANA: Hablando de subsidios, los programas sociales en pandemia han sido costosos y no podrán ser sostenibles. ¿Qué viene ahora?

J.R.: En la crisis se llegó a 29 millones de colombianos con programas sociales, más del 50 por ciento de la población del país, 10 millones de hogares. Hay que entender que, en la medida en que se acaba el impacto de la pandemia, se tendrán que identificar los caminos para hacer más eficiente esa inversión pública. Seguramente, el Gobierno que llegue entrará en el detalle de cuál debería ser el rumbo óptimo de esos recursos y de su destinación.

SEMANA: ¿Por qué en la mayoría de los casos se aplican políticas de subsidio? ¿No es más eficiente crear empleo?

J.R.: Para mí no se contrapone. El país debe tener una política social activa, con sentido subsidiario, para atender a los más vulnerables y, en simultánea, generar empleo. Muchos de los que necesitan el apoyo subsidiario en un momento pueden ir haciendo el tránsito a una oportunidad laboral y mejorar su condición de vida. Hay que tener las dos políticas.

SEMANA: Se dice que el lastre actual es el de un crecimiento sin empleo, lo que estaría indicando que los que están sacando provecho de la expansión son los ricos. ¿Qué dice de esas apreciaciones?

J.R.: Bueno, ya se ha recuperado prácticamente el empleo, más del 90 por ciento del que se perdió en pandemia. Hay que seguir generando más. Normalmente, hay un rezago entre el crecimiento y la generación de empleo, no solo en Colombia. Está descrito en la literatura, se llama histéresis laboral.

SEMANA: La pobreza cedió, pero muy poco. Este Gobierno tenía una meta ambiciosa de reducir ese fenómeno. ¿Cuánto tiempo podría tardar eso ahora?

J.R.: La mitad de la pobreza extrema y de la pobreza monetaria que se generó en pandemia se recuperó. Falta tiempo para completar ese ajuste, pero la política social activa ha dado resultados. Claro que hay un desafío, queda el cierre de este año y la continuidad tendrá que seguirse dando.