Ministerios de Hacienda y Minas se pronuncian sobre caso de contratos a dedo en hidroeléctrica Urrá. Habían ordenado suspenderlos

La corrupción en Colombia parece un tema de nunca acabar. Cada vez se destapan nuevos hechos, como el recientemente dado a conocer a la opinión pública, según el cual, en la Hidroeléctrica Urrá se estarían adjudicando contratos billonarios a dedo y sin requisitos técnicos necesarios para esas cuantías.

Los ministerios de Minas y de Hacienda, a través de una carta a la opinión pública, se pronunciaron, pues es el Estado el mayor accionista de la hidroeléctrica.

Según la carta, ya desde el 31 de julio de 2024 el gobierno, con la vocería de los ministerios, habían dado instrucción, para que en la junta directiva se exigiera al actual gerente encargado de la compañía, Eduardo Díaz, que procediera a suspender cualquier contrato de venta de energía, toda vez que -según las denuncias conocidas hace unos días- se estaban realizando sin ningún criterio técnico de asignación.

En el documento de MinMinas y MinHacienda se hace una línea de tiempo, según la cual, la situación empezó desde el 8 de febrero de 2024, cuando se realizó una Junta Extraordinaria de la empresa, en la que fue solicitado el retiro del presidente de la empresa, Rafael Amaya Del Vecchio.

Hay que recordar que, debido a la propiedad pública, en la junta directiva de Urrá hay 5 sillas para los representantes de los ministerios de Minas y Hacienda; uno por el gobierno local, y un miembro independiente.

El siguiente escalón en las medidas aplicadas en relación con Urrá se ascendió el 4 de marzo de 2024, cuando el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Montería, en primera instancia, ordenó el reintegro y concedió la protección a los derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, salud, seguridad social, mínimo vital, debido proceso y trabajo alegados por el señor Amaya del Vecchio en su acción de tutela.

Rafael Amaya Del Vecchio duró 24 años y 4 meses. Ocupó la presidencia de la compañía, durante un año y 8 meses, hasta julio de este año, según registra en su hoja de vida. En la compañía también se había desempeñado como gerente comercial (23 años y 2 meses).

Su salida habría tenido algo que ver con el control que ejercen los hermanos Calle (Andrés, expresidente de la Cámara de Representantes, y Gabriel) sobre la Central Hidroeléctrica Urrá, donde tienen fichas claves.

En el pronunciamiento de los ministerios de Minas y Hacienda se evidencia que la sentencia en mención fue impugnada por parte de la empresa Urrá, por lo cual, en mayo, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito de Montería, revocó el fallo que ordenaba el reintegro Amaya del Vecchio. En consecuencia, fue negada la pretensión de la acción de tutela.

No requería visto bueno de la junta para aprobar contratos

Los ministerios de Minas y Hacienda también señalan que, de acuerdo con lo consignado en los estatutos de la compañía, la celebración de los contratos de energía no requieren aprobación de la Junta Directiva.

Además, las dos carteras del staff del gobierno confirmaron que tuvieron conocimiento de presuntas irregularidades, al solicitar información sobre los precios a los que Urrá S.A. E.S.P. ha venido comercializando la energía, las empresas con las que se ha contratado, los mecanismos utilizados y las modalidades de contratación, así como los tiempos de duración de dichos contratos.

Según aseguraron los ministerios, en el pronunciamiento ante la opinión pública, solicitaron a Urrá activar una auditoría específica sobre los hechos mencionados y contratar una auditoría forense que permita disipar cualquier duda respecto de dichos contratos.