Ministra Karen Abudinen anuncia que pedirá caducidad del polémico contrato con Unión Temporal Centros Poblados

Karen Abudinen, ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, anunció que el contrato que generó gran controversia nacional fue caducado. “Caducamos el Contrato 1043 de 2020 de la Unión Temporal Centros Poblados, la sanción más contundente en materia de contratación estatal. Con esta decisión, cesan hoy todos los contratos de los miembros de la UT vigentes con el Estado”, informó la jefe de la cartera a través de su cuenta en Twitter.

Así las cosas, la ministra informó que, producto del escándalo, suspendió todos los contratos de su UT vigentes con el Estado.

Previo al anuncio de la ministra Karen Abudinen, la Unión Temporal Centros Poblados, que se ganó una porción del contrato con el cual el Ministerio de las TIC buscaba llevar internet a los colegios, emitió un comunicado y aseguró que los $70.000 millones que recibió como anticipo “no están embolatados o perdidos”. Por cuenta de anomalías en ese contrato, la discusión nacional fue gigante y hubo toda suerte de interpretaciones.

“Dicho anticipo se ha destinado para realizar las adquisiciones de equipos necesarias para la ejecución del contrato”, explicó la entidad. En ese sentido, los equipos que afirmó haber comprado con este dinero son los de telecomunicaciones, como puntos de acceso wifi interiores y exteriores, enrutadores, entre otros; los eléctricos, como rectificadores, inversores, baterías, breakers, entre otros; los de energía solar, como paneles solares, cargadores y baterías; materiales de ferretería, como cableado y terminales, y los de infraestructura, como postes y estructuras metálicas, que se les compraron a dos compañías. Tras la caducidad del contrato, expuesta por la ministra en su cuenta en Twitter, la Unión Temporal de Centros Poblados no se ha pronunciado. Una de estas firmas es nacional, Inselsa S. A. S., a la que se le pagaron $11.914 millones, y una extranjera, llamada Nuovo Security LLC, a la que se le desembolsaron $58.301 millones.

La polémica se suscitó porque seis meses después de adjudicado el contrato, la Unión Temporal Centros Poblados no había instalado ni un solo punto digital en el territorio, mientras que Claro ya completaba 700. El meollo del asunto apareció cuando se conoció que el polémico contratista, además de no haber avanzado en la iniciativa, recibió un anticipo de más de 70.000 millones de pesos.

Este punto es el que más indignación ha causado en el país y ha generado, incluso, que se le pida la renuncia en redes a la ministra Abudinen desde diversos sectores políticos y desde la ciudadanía, que se ha pronunciado en redes sociales. La funcionaria ha jurado que los recursos públicos no se perderán y se recuperará hasta el último centavo, aun cuando ya se ha confirmado que una parte de los mismos se encuentran en Estados Unidos.

Además, ha reiterado que gracias a la gestión del MinTIC, se logró frenar un segundo desembolso por 25.000 millones de pesos, que ya tenía luz verde de parte de la interventoría. A pesar de esto, el primer giro quedó en manos del polémico contratista. El MinTIC, además de la audiencia contra la Unión temporal Centros Poblados, avanza en otras en el marco de este caso. Una es contra el interventor, que debía presentar el lunes los descargos ante las acusaciones que hizo el Ministerio el pasado jueves. Sin embargo, durante el fin de semana se interpuso una tutela por parte de la firma interventora ante un juez en Zipaquirá que determinó como medida provisional suspender la audiencia.

Y la otra es contra la firma SES Colombia, encargada de la revisión de la documentación presentada por los contratistas y la verificación de riesgos, garantías y seguros.

“Me siento indignada porque he confiado en un equipo y me siento muy frustrada (...) Jamás me imaginé que me podrían llegar estas cosas y mucho menos que de aquí se estuviera filtrando información (...)”, afirmó sobre este caso la ministra, en un diálogo que le fue filtrado y expuesto a la opinión pública.