Negociación del salario mínimo y trámite de reforma laboral, en paralelo, enrarecieron el ambiente para un acuerdo; ¿quién hará el arbitraje?

Sin humo blanco para un acuerdo en el incremento del salario mínimo. Así está el panorama en la mesa de negociación de la que forman parte Gobierno, empresarios y sindicatos, y en la que se venía cumpliendo el cronograma hasta que un acontecimiento imprevisto enrareció el ambiente para el diálogo.

Justo cuando los sindicatos destaparon su propuesta de incremento de 18 por ciento, la reforma laboral revivió en el Congreso e inició su trámite. Se aprobaron 16 de los 92 artículos de la iniciativa, los cuales, según los empresarios, contienen medidas que encarecerán entre 25 y 30 por ciento el costo de contratar un trabajador.

De lo aprobado en primer debate, hay un paquete de medidas para que la jornada nocturna empiece a las siete y no a las nueve, como es actualmente. Eso implicará un mayor pago de recargo. También fue avalado el recargo dominical y festivo sobre el ciento por ciento del valor del día laborado y no sobre el 75 como es hoy.

Esas aprobaciones se daban mientras en otro escenario el sector privado seguía atónito, tratando de digerir la cifra presentada por los sindicatos, según refirieron varios dirigentes de gremios. Ellos, además, catalogaron la propuesta como “sacada de debajo de la manga”, sin tener en cuenta las variables que han puesto en el visor entidades técnicas como el Dane y el Banco de la República.

Algunos gremios que pertenecen a la mesa de negociación expresaron su molestia y hasta vieron alejarse la posibilidad de un acuerdo para establecer el alza salarial de forma concertada. El cronograma de negociación tenía al 15 de diciembre como fecha prevista para que las partes pudieran llegar a un punto medio.

No obstante, la reunión programada para ese día no se dio, en parte, por ese distanciamiento entre trabajadores y empleadores. A cambio, se anunciaron reuniones bilaterales, es decir, Gobierno con sindicatos y Gobierno con empresarios para intentar un acuerdo “a pesar de las diferencias”, según dijo Fabio Arias, presidente de la CUT.

Realidades

La fórmula para definir el alza salarial debe tener en cuenta la inflación proyectada y la productividad de la economía, aunque también se valora el crecimiento económico causado este año y el proyectado para el que viene. Y justo en esta oportunidad todas esas variables juegan en contra de un incremento como el propuesto por los sindicatos.

Desde el punto de vista de los empresarios, el argumento para sustentar que el alza salarial debe ser moderada es el complejo horizonte que se vislumbra para 2024, en el que, además, continuará el debate de la temida reforma laboral.

El Banco de la República, por ejemplo, estima una inflación de entre 9,2 y 9,4 por ciento al cierre de 2023, mientras que para 2024 la ubica en 4,04 por ciento. El crecimiento del año entrante sería de solo 0,9 por ciento, con un pronóstico alcista en la tasa de desempleo, según las señales que viene dando el mercado laboral.

Los sindicatos, por el contrario, alegan que ante estas circunstancias es cuando más se deben poner ingresos en los bolsillos de los trabajadores para que a través de una mayor capacidad de consumo ayuden a reactivar la economía.

En medio de esa discusión, la exigencia de los empresarios ha sido la de tomar en cuenta las realidades según las cuales la productividad total fue registrada por el Dane en -1 por ciento en 2023. La entidad de las estadísticas también puso sobre la mesa la productividad laboral, que se refiere al aporte de cada trabajador al producto interno bruto (PIB), la cual también resultó en rojo: -0,7 por ciento. Finalmente, se estableció que la productividad laboral por hora, medición que atañe al valor económico aportado por cada hora de trabajo, fue de 0,76 por ciento. Esta última –la única en positivo– fue la que el Dane recomendó utilizar para tener en cuenta en la fórmula de incremento del salario mínimo en 2024.

MinTrabajo será clave

La tensión sube a medida que avanzan los días y se acerca la fecha límite para que el salario mínimo sea establecido. Claramente, el mejor mensaje para el país, en medio de las fricciones que se han suscitado entre Gobierno y empresarios, sería el de un acuerdo tripartito en lugar de un decreto unilateral del Ejecutivo.

Desde tiempo atrás, el sector privado tenía poca expectativa de que la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, pudiera mediar para llegar a un punto equidistante, toda vez que ella se ha mostrado como defensora de los derechos de los trabajadores por encima de los argumentos de los empleadores. De hecho, luego del pronunciamiento del presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, en relación con lo sucedido en el Congreso con la reforma laboral, la funcionaria aseguró que el directivo gremial “parecía estar cómodo con la precarización que tienen los trabajadores de su sector”.

Pero en las últimas horas fuentes cercanas a la mesa de negociación del salario mínimo ya mencionan que la ministra estaría inclinándose más por una posición intermedia, en la que se aplique ese adagio popular según el cual la antorcha no debe ser tan alta que queme al santo ni tan poca que no lo alumbre.

El salario mínimo es un rango de ingreso al que cada vez tienen menos acceso los trabajadores (entre enero y octubre de 2023, de todos los ocupados del país, solo 2.514.000 devengaron ese sueldo, mientras que en igual periodo de 2022 eran 3.782.000).

En contraste, subió el número de personas con menos de esa asignación básica (de 9.629.000 en los primeros diez meses del año pasado se pasó a 10.492.000 ahora). Aun así, se trata de una variable que causa un efecto dominó sobre otros tantos costos para los hogares y la economía en general.

No en vano, en Colombia se inició un proceso para desindexar bienes y servicios del salario mínimo: eran 204 identificados y ya se han desatado 116, que ahora escaparán al incremento que se establezca. Los que quedan son peso pesado, como el valor de la administración de unidades residenciales, multas y seguros, e impactarán los costos de las empresas que, a su vez, se verán reflejados en los productos y servicios.

Por ello, para el exministro y rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, un aumento alto del salario mínimo va a indexar fuertemente la economía, “lo que nos va a llevar a una situación en donde el Banco de la República no va a bajar tan rápido las tasas de interés, porque teme que esa indexación eleve los precios y contenga el efecto de sus acciones para bajar la inflación, y ese escenario puede tener un apretón importante sobre la economía”.

Salario, reforma e inflación

Lo cierto es que el voltaje del debate nacional alrededor del salario mínimo es alto y salpica a todos los colombianos. Más aún si ahora está en paralelo con una reforma laboral que no ha sido bien recibida entre los que generan buena parte del empleo y en un escenario económico de incertidumbre.

Juan Nicolás Garzón, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, asegura que la discusión sobre la reforma laboral está impactando la discusión sobre salario mínimo, en la medida en que, especialmente desde el punto de vista de los empleadores, este proyecto de ley va a generar impactos sobre los costos y sobre la inflexibilidad del mercado laboral. Y, por supuesto, podría desalentar la contratación.

Los empleadores ya llevaron este tema a la mesa de concertación salarial. Esgrimen un doble impacto por el aumento del salario mínimo y por la reforma, que, en conjunto, según argumento de los gremios económicos, desincentivan la contratación nueva, promoviendo el desempleo y la informalidad.