Ni el sector inmobiliario se salva de la incertidumbre

El sector inmobiliario representa cerca del 5 por ciento del producto interno bruto (PIB) del país y según datos de Camacol emplea a 1.514.000 personas, lo que representa 6,8 por ciento de los ocupados a nivel nacional. Aunque desde el actual Gobierno no se han planteado reformas directas para esta industria, si hay propuestas incluidas en algunos proyectos de reforma de otros sectores o temáticas que pueden impactarlo.

Firmas de abogados, y el propio sector inmobiliario, han llamado la atención sobre ciertas iniciativas que pueden impactar a un sector que no solo es jalonador de empleo, sino que impulsa encadenamientos con otros subsectores productivos de la economía.

Uno de esos proyectos es la reforma tributaria que, si bien sigue su análisis en el Congreso de la República y es incierto el resultado final de su contenido, tiene propuestas que tendrían efectos negativos, especialmente para la construcción y venta de vivienda de interés social (VIS) y la vivienda de interés prioritario (VIP).

Se plantea, por ejemplo, la eliminación de las rentas exentas para quienes enajenen lotes destinados a estos proyectos, así como de la tarifa especial del 9 por ciento aplicable a la primera enajenación de las unidades VIS o VIP.

“Este es un golpe muy sensible para toda la cadena porque el precio de VIS y VIP tiene un tope impuesto por la ley, lo cual puede hacer completamente inviable el segmento para muchos de los constructores que actualmente se dedican a éste”, advierte Juan Carlos Rocha, socio de la firma Philippi, Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).

Alejandro Turbay, de Posse Herrera Ruiz, señaló que ese proyecto de ley no debe imponer retos adicionales al sector inmobiliario, sino más bien aportar para impulsar iniciativas del propio Gobierno como la política de vivienda en el sector rural. “Una necesidad, que implica retos particulares. Ojalá incluya incentivos especiales que permitan su desarrollo”, dice Turbay.

La firma PPU a través de su asociado del área inmobiliaria, Sebastián Gallo, estima que la propuesta de aumentar el impuesto de ganancia ocasional del 10 por ciento como está hoy a una tarifa mayor, sea del 30 por ciento como estaba inicialmente planteado, o del 15 por ciento que fue el acuerdo al que se llegó antes del cierre de esta edición, puede significar un retroceso en la transparencia de las operaciones de compra y venta de los bienes inmuebles.

“Estas cargas impositivas modificarían dramáticamente la ecuación económica del sector de construcción VIS y VIP, al punto de que muchos constructores tendrían que considerar una sustitución de este segmento por otro que les asegure cierta sostenibilidad en el mediano plazo”, señalan.

Otras modificaciones

Preocupan también modificaciones que se han anunciado en la legislación ambiental, en general la idea de superar la economía fósil y dependiente de las ganancias de la producción de petróleo, carbón y gas para consolidar un modelo de desarrollo que sea productivo y sustentable. “Radicalizar sus efectos puede tener efectos negativos”, advierte Rocha.

También alertan por las leyes marco que sirven de guía para la definición de los planes de ordenamiento territorial que, si bien, son del resorte de cada municipio, pueden tener impactos negativos.

Igualmente, los cambios que se den en la legislación laboral pueden imponer cargas onerosas al sector, a lo que se sumaría el aumento al salario mínimo no concertado entre el Gobierno y los actores que habitualmente participan en ese proceso.

Recomendaciones al nuevo Gobierno

Alejandro Turbay, socio de Posse Herrera Ruíz

Es importante mantener la seguridad jurídica, por lo que en todas las regulaciones y medidas que se adopten siempre será relevante propender por una mayor seguridad, que resulta fundamental para el sector.

Juan Carlos Rocha, socio de PPU, y Sebastián Gallo, asociado de PPU.

Las modificaciones al modelo de tributación en Colombia deben consultar los criterios de sostenibilidad y generación de empleo. De nada sirve el incremento de recaudo, si con ello se pone en riesgo a la industria y la generación de empleo.