‘Es un ejercicio de prioridades’: ministro de Hacienda sobre enredo con el presupuesto que tiene en vilo grandes proyectos en el país

A las amplias necesidades de inversión en obras que requiere el país ahora se suma un lío con el presupuesto general de 2024, el cual tendría billonarios recursos atrapados por cuenta de una inconsistencia en el decreto de liquidación que no estaría acorde con las normas y que, por ende, requiere una solución urgente.

Ya la Contraloría General habría iniciado requerimientos al Ministerio de Hacienda para obtener las explicaciones relacionadas con cerca de 13 billones de pesos del rubro de inversión que quedaron metidos en una bolsa libre, con el riesgo de que puedan ser utilizados como una especie de caja menor, de la que se podría sacar plata pública para cualquier gasto.

Esa bolsa es lo que se llama partida global, algo que forma parte de la técnica con la que se elabora el presupuesto, previendo que en el momento de aprobar los recursos públicos para el año siguiente aún no se tiene la total claridad con ciertos gastos, por ejemplo el del costo de la nómina pública con los nuevos incrementos salariales definidos.

Pero en esas partidas globales también está un cajón que despierta suspicacias, y es el que tiene cierta relación con lo que anteriormente se le conoció como auxilios parlamentarios y cupos indicativos –que fueron sacados del escenario en la Constitución de 1991–, en parte porque se prestaban para hacer clientelismo político.

La Corte Constitucional emitió una sentencia en la que dijo que las partidas globales son, o provisiones para lo que en el momento de elaborar el presupuesto se desconoce, ya sea en cuantía o en imprevisto (un desastre natural, por ejemplo), o para el desarrollo regional, y son las que en el Congreso de la República se pelean los parlamentarios cuando se tramita el presupuesto. En todo caso, no las pueden recibir ellos directamente, sino que tendrán que ser ejecutadas a través de las entidades territoriales.

Algo inédito

El enredo presupuestal que hay ahora parece ser inédito. En el mencionado decreto de liquidación del presupuesto, en el que se tienen que detallar las apropiaciones y definir los gastos, no se hizo el dibujo completo requerido, lo que, para algunos técnicos en finanzas públicas consultados por SEMANA, podría llevar a una demanda de inconstitucionalidad.

Se trata de una inconsistencia que, partiendo de que todo lo que se hace se puede deshacer, tiene solución, pero debe ser definida con prontitud, por la pregunta que ya se están haciendo los abogados: ¿podría poner freno a buena parte de la ejecución de los recursos públicos para las obras que necesita Colombia?.

Lo cierto es que “lo que sucedió –aplicando el principio de buena fe– se puede tomar como un error, pero el Ejecutivo tiene la facultad de reconocer el yerro y corregir con un nuevo decreto”, explicó un jurista que pidió reservar su nombre.

La primera inconsistencia surge porque el decreto de liquidación del presupuesto debe ir acompañado de un anexo en el que detalle en qué se va a gastar cada peso. Y el Gobierno no lo hizo así, sino que en vez de un cuadro con desagregaciones, esos 13 billones los metió dentro del cuerpo del decreto, en un artículo de unas cuantas líneas, lo que, a juicio del exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo, dejaría la puerta abierta para que dichas partidas globales “sean desglosadas y distribuidas por el presidente, según sus afectos o desafectos políticos”.

¿Opacidad?

Se trata de recursos apropiados para el sector transporte, hacienda y educación, pero sin más especificaciones, lo que llevó al Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana a señalar que “la omisión de detalles en el presupuesto pone en duda su transparencia”.

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo a este medio que el no incluir en el anexo las especificaciones de esas partidas globales no fue una omisión, sino “un ejercicio de priorización” (de inversiones), mensaje que está en línea con la opinión de la congresista Olga Lucía Velásquez, quien durante varios años ha sido integrante de las comisiones que estudian y aprueban el presupuesto en el Legislativo. “Me inclino por la buena fe, por lo tanto, pienso que el Ministerio de Hacienda buscaba proteger las partidas de inversión para que no se utilizaran en gastos de funcionamiento”.

El jefe de las finanzas públicas fue enfático en señalar que “no hay ninguna opacidad en el presupuesto. El decreto está incluyendo todo lo que avaló el Congreso, que aprueba partidas globales. Allí hay una discusión sobre prioridades, que surge del examen a la ejecucion de proyectos, como el caso de (la vía) Mulaló-Logoguerrero, en la cual, la plata está una fiducia y la necesitamos en otro lado”, sostuvo.

¿Estrategia de filigrana?

El problema no sería la ausencia de una desagregación de las partidas globales mencionadas para esos tres sectores, pues, a la larga, al estar mencionadas en un artículo del decreto, tendrían la misma fuerza vinculante que las que se anotan en el anexo.

El trasfondo, según explicó un experto en presupuesto, es que “la norma en ese tema dice que los jefes de las entidades y sus juntas directivas, en el proceso de ejecución, tienen la facultad para modificar el anexo que contiene el detalle del gasto. Pero como dicho gasto no quedó especificado en el texto, esa facultad desaparece. En consecuencia, solo el presidente de la república podría hacer modificaciones”.

Algunos puntos de vista de expertos estiman que pudo tratarse de una estrategia hecha con conciencia (y filigrana), en el contexto en el cual el presidente Gustavo Petro está en medio de una fuerte oposición que le deja poco espacio para poder actuar.

Fuentes consultadas parten del hecho según el cual el mandatario de los colombianos tiene su foco puesto en algunos gastos para temas prometidos en campaña, pero al no ver todas sus prioridades inscritas en las cuentas presupuestales, pidió una alternativa, lo que a su vez tendría relación con la renuncia de Jorge Iván González, director de Planeación Nacional, entidad que tiene el encargo de ser eminentemente técnica.La salida a la mano era agregar esas partidas en unos rubros de algunos sectores, para que él después pudiera decidir hacia dónde debía ir la plata”.

Pequeño detalle, falta una casilla por llenar

Esa alternativa tiene un riesgo y es que sobre esas partidas ya hay contratos y compromisos establecidos (con vigencias futuras), y hay cláusulas indemnizatorias cuando no se cumplan los términos en los que se pactaron”, explicó el experto en presupuesto. Y agregó que “cuando se vuelvan exigibles, entrarán a correr intereses moratorios y hasta pueden terminar en demandas, si no lo solucionan pronto”.La controversia es tal que algunos analistas señalan que las entidades públicas no tendrían forma de atender obligaciones presupuestales tal como salió el decreto, mientras que Velásquez envió el mensaje contrario.

No obstante, la fuente consultada explica que el presupuesto se ejecuta a través del sistema integrado de información financiera, que es algo muy estricto y parametrizado, organizado en cuatro componentes: programa, subprograma, proyecto y subproyecto.

Las partidas globales fueron encajadas en los subproyectos, pero sin que existan proyectos especificados, por lo cual “el remedio que se buscó para que el presidente pudiera disponer de recursos para lo que no le avalan, fue peor que la enfermedad”, sostuvo el experto, quien explicó que el sistema rechaza los subproyectos si el campo del proyecto está vacío. En consecuencia, ese monto de recursos de ejecución estaría atrapado: “ni para lo que diga el presidente, ni para pagar las obligaciones previstas para ejecutar”. Todo, por ahora, son cábalas. La lupa de la Contraloría será clave.