“No pagar, apaga”, la advertencia de las distribuidoras y comercializadoras de energía ante posibilidad de riesgo sistémico en el sector

SEMANA: ¿Cuál es la situación financiera de las empresas distribuidoras y comercializadoras de energía?

José Camilo Manzur: La situación financiera sigue siendo crítica y tiende a empeorar. A octubre 31, las empresas comercializadoras tenían deudas por cobrar cercanas a $7 billones, por concepto de saldos de la opción tarifaria, de subsidios a estratos bajos, y de las deudas oficiales, principalmente. Para dimensionar semejante cifra, $7 billones corresponden a 2 años de ingreso bruto de nuestra actividad de comercialización. Debo decir que incluso hoy tenemos empresas cuyos saldos por cobrar representan más de 3 años de su ingreso bruto. ¡Ningún sector de la economía es viable con semejantes indicadores!

SEMANA: ¿Qué ha pasado con los subsidios para este año?

J.C.M.: Todos los temas que he mencionado son de suma preocupación, pero este, en particular, lo es mucho más porque cada mes que pasa sin pago de subsidios, equivale a tener $330.000 millones de más en la deuda con las empresas. Recordemos que asignar los subsidios es una responsabilidad del Estado como mecanismo de redistribución del ingreso. Las empresas son solo un vehículo en su entrega a los usuarios de estratos 1, 2 y 3, el Gobierno les paga luego. A octubre, las empresas han desembolsado $2,4 billones, sin que hasta ahora hayan recibido ese pago por parte del Gobierno. Del Ministerio de Hacienda nos expresan que tienen problemas de recaudo y que aun no tienen los recursos suficientes.

Es urgente, a corto plazo, avanzar rápidamente con la liquidación y pago de subsidios, y a mediano y largo plazo, corregir los problemas de focalización, para lo cual se deben considerar otras variables para su asignación, tales como los ingresos de la población más vulnerable y sus consumos asociados.

SEMANA: ¿Se tienen los recursos para atender los subsidios del año entrante?

J.C.M.: El Presupuesto General de la Nación es deficitario en $1,3 billones para 2024, y en $700.000 millones en 2025, para un total de $2 billones a final del año entrante. Pero con independencia del déficit en la apropiación presupuestal, el problema más urgente es que tampoco están pagando lo que está “apropiado”, por problemas de recaudo y caja de la Nación con los impuestos, según nos manifiesta Hacienda.

Esta situación podría empeorar en la medida en que disminuyan los presupuestos de subsidios, según las declaraciones que ha dado el Ministro de Hacienda sobre el recorte que se realizará al Presupuesto General de la Nación 2024.

SEMANA: ¿Cuántas familias representan estos subsidios?

J.C.M.: Quienes reciben los subsidios son los de los estratos 1, 2 y 3, que representan cerca del 80% de los usuarios del país, es decir, alrededor de 13,8 millones de hogares.

SEMANA: Si no llegan los recursos de los subsidios, ¿las tarifas les subirán a estas familias?

J.C.M.: Las tarifas no suben por los subsidios. Lo que subiría es el costo de las facturas, ya que dichos subsidios se aplican sobre los consumos de subsistencia. En un caso extremo, por ejemplo, en un hogar de estrato 1, al que se le subsidia el 60% de su consumo, si la factura le llega por $100.000, con subsidio solo paga $40.000. Sin subsidio, entonces, pagaría pleno, $100.000, lo que representaría un incremento del 150%. Esto no sería por negligencia de las empresas puesto que la responsabilidad en asignar los subsidios es del Estado.

SEMANA: ¿Cómo está la cartera de las entidades públicas frente a las distribuidoras y comercializadoras?

J.C.M.: Los usuarios oficiales y constitucionalmente protegidos (hospitales, cárceles, estaciones de policía, entre otros) les deben a las empresas cerca de $900.000 millones. Hemos solicitado reiteradamente a la Procuraduría General de la Nación tomar cartas en el asunto, y sancionar de manera ejemplar a los funcionarios que no cumplen con su obligación legal de apropiar y pagar los servicios públicos. Aun estamos esperando.

SEMANA: Finalmente, ¿qué pasó con la opción tarifaria y los pagos que asumiría el Gobierno?

J.C.M.: El 7 de mayo pasado el Presidente prometió que la Nación asumiría la deuda de la opción tarifaria. Han pasado 6 meses y esa promesa no se ha cumplido. ¿Qué hemos propuesto? Que se someta a consideración del Congreso de la República un proyecto de ley con un solo artículo, con mensaje de urgencia, a fin de cerrar este asunto. Lo que vimos es que dicho pago se ha incluido y condicionado a la aprobación del proyecto de ley de Financiamiento, lo que representa una incertidumbre para todos.

SEMANA: ¿Qué sucedió con los créditos que anunció el Gobierno para atender las necesidades de las distribuidoras y las comercializadoras?

J.C.M.: Esa alternativa que planteó el Gobierno y aprobó el Congreso como mecanismo para darles liquidez a las empresas por la opción tarifaria ha sido positiva. Sin embargo, del saldo de $5 billones, por dicho concepto, hasta ahora solo se ha podido acceder a 16% de tal monto. Además, hay que tener claro que la línea de crédito solo cuenta con $2 billones, y a la mayor parte de ella solo se podría acceder hasta 2025. Nosotros hemos planteado otras alternativas, tales como la titularización de la deuda y/o acudir al mercado financiero secundario, entre otras.

SEMANA: La complejidad que hace unos meses llamaron el apagón financiero de las empresas del sector, ¿está más cerca de materializarse? ¿En qué momento podría materializarse?

J.C.M.: La posibilidad permanece y además de los factores que he mencionado, puede agravarse aún más por los niveles en los que están los precios de bolsa ante la exposición que ahí tienen algunas empresas y por el alto incremento de la deuda de subsidios del Gobierno, como la de los usuarios oficiales, entre otros. Estas alertas no han sido exclusivas de Asocodis, sus empresas y de los gremios del sector. Hemos visto cómo la Contraloría General de la República, así como la Procuraduría General de la Nación han expresado esta misma preocupación.

SEMANA: ¿Esta situación podría llevar a un apagón como el de 1992? ¿Por qué?

J.C.M.: La situación de entonces difiere de la actual. Hoy nuestro gran problema es esencialmente financiero, aunque valga decir que el eventual apagón financiero puede conducir a un apagón físico, por el efecto dominó propio de un riesgo sistémico. NO PAGAR, APAGA, en mayúsculas.

SEMANA: ¿Cómo?

J.C.M.: Veamos, si las empresas comercializadoras no tienen los recursos para operar, por ejemplo, para pagar la energía que compran a los generadores, digamos a los térmicos, estos no tendrán como pagar sus combustibles, y estos a su vez para pagar a los proveedores. Así, se pone en riesgo la prestación del servicio. Lamentablemente ya vemos algunas empresas sin los recursos necesarios para operar, por las deudas mencionadas. Su disyuntiva es hacía donde dónde dirigir sus limitados recursos: ¿Al pago de la energía? ¿A los subsidios? ¿Al financiamiento de los proyectos de inversión? Por eso el pago de esos $7 billones es fundamental para garantizar y prestar el servicio a los colombianos sin dificultad.

SEMANA: Tras la intervención de Air-e por parte de la Superservicios, ¿la situación llevará a la intervención de otras empresas? ¿Cuál es la visión que tienen?

J.C.M.: A manera de símil, una intervención se da con la expectativa de que el médico rescate al enfermo. Asimismo, en nuestro sector, eso esperamos. Para ello se requieren grandes recursos financieros, que por ahora no vemos. Siguiendo con el símil, esperemos que el enfermo no contagie a los otros prestadores del servicio, y mucho menos, que esto derive en pandemia porque el costo de las vacunas y de curar a todos después, es mucho más costoso que atender al enfermo en su parte inicial.

Es importante que el Gobierno fortalezca a Air-e, pague los subsidios y asuma la opción tarifaria de esta y del resto de empresas, como prometió hace medio año. Hoy algunas empresas están con problemas de “oxígeno”, lo que las tiene en cuidados intensivos, e incluso, muy cerca de la “intubación”.

Estos aspectos, más una norma que suspendió la limitación de suministro, la cual es un instrumento para proteger la solidez al sector, podría derivar en el no pago de las obligaciones y mora por parte de las comercializadoras con el sector, y con ello en el aumento de los riesgos de un escenario que el país no quiere repetir: un riesgo sistémico. Reiteramos, no pagar, apaga.

SEMANA: ¿Qué ha pasado con las tarifas? ¿Cuál ha sido su comportamiento?

J.C.M.: En los últimos 12 meses, con corte a octubre pasado, las tarifas promedio de las empresas de Asocodis disminuyeron 0,3%, mientras el IPC se incrementó en 5,4%. Si bien aún vemos espacios de mejora en productividad y eficiencia, estas revisiones tarifarias deben darse considerando la eficiencia en las tarifas; la garantía en la prestación actual y futura del servicio; la viabilidad y sostenibilidad de las empresas prestadoras (independientemente que sean públicas, privadas o mixtas); y la asequibilidad y pobreza energética en los territorios porque las condiciones socioeconómicas en las regiones sin duda impactan en la prestación del servicio. Es el caso de barrios subnormales, zonas de difícil gestión y áreas rurales de menor desarrollo que deben atenderse. No puede pretenderse que, a través de la distorsión en las tarifas, se resuelvan los problemas socioeconómicos de las regiones.

SEMANA: ¿Qué tan expuestas están las empresas distribuidoras y comercializadoras a los precios de bolsa?

J.C.M.: Según nos reportan nuestras empresas vemos que, en general, la exposición para noviembre y diciembre está en 26% y 28%, respectivamente. Para 2025, el promedio está en 31%. Sin embargo, dentro de esos promedios, ¡hay empresas que presentan exposiciones superiores al 70%!

SEMANA: ¿Se han logrado contratos de largo plazo que permitan no depender de los precios de bolsa? ¿En qué circunstancias?

J.C.M.: Cuando la brecha entre la oferta y la demanda cada día se estrecha más, se afectan tanto los precios como la disponibilidad de contratos. Y si hay dificultad con precios altos en la bolsa, como hoy, la situación se torna más difícil para lograr contratos. Hoy tenemos una demanda creciente, un retraso en la entrada de proyectos de generación y transmisión, y pocos incentivos efectivos para nueva expansión. Urge el apoyo institucional e incentivos para aumentar y diversificar la matriz de generación que permitan precios más eficientes de la energía y mayores contratos asociados.

SEMANA: ¿Cuál ha sido la historia de Asocodis? ¿Por qué se dio su origen?

J.C.M.: En 1999, tras el apagón de los 90 y dadas las profundas reformas que se adelantaban en el sector eléctrico, plasmadas en las Leyes 142 y 143 de 1994, se constituyó Asocodis para promover y defender la libre competencia, y contribuir con el desarrollo del sector eléctrico a través de la sostenibilidad y suficiencia de las actividades de distribución y comercialización, para beneficiar a los colombianos. 25 años después, estamos conformados por 21 empresas con capital público, privado y mixto, presentes en casi todo el país. Nuestras empresas son la última milla del sector, la cara ante los usuarios al entregarles, como dice nuestro eslogan, la energía que mueve al país. También somos motor fundamental del crecimiento regional y, por ende, del desarrollo económico del país.

SEMANA: Desde su creación, ¿cuáles han sido los momentos más críticos y los mejores del sector?

J.C.M.: Hay dos momentos. Recién constituida Asocodis, las actividades de distribución y comercialización estaban en crisis y las empresas prácticamente quebradas, y con ello, en riesgo la prestación del servicio. Afortunadamente se actuó a tiempo y se mejoró la salud de las empresas. Hoy, sin embargo, afrontamos nuevamente grandes dificultades, incluso peores que la anterior, y por ello urgen soluciones para no repetir momentos oscuros del pasado. “Aquel que no conoce su historia, está condenado a repetirla”.

En positivo, recordemos que este sector ha trabajado para avanzar en cobertura, hoy en 97%, superior al promedio latinoamericano; atendemos a cerca de 17 millones de usuarios que corresponden al 99% del país; la calidad ha mejorado en términos de duración y número de interrupciones (40% y 50%, respectivamente, en los últimos 5 años). Muy importante: el sector ha brindado el servicio de manera continua, sin racionamiento alguno y sin presión fiscal para el Estado, a pesar de atentados terroristas y varios fenómenos de El Niño.

SEMANA: ¿Habían tenido una situación como la actual?

J.C.M.: Hace 22 años, como la que mencioné anteriormente, siendo la actual coyuntura más crítica.

SEMANA: ¿Esta coyuntura podría llevar a un cambio en el modelo?

J.C.M.: Los resultados nos han demostrado que el modelo y el marco institucional del sector han sido claves para avanzar y generar grandes beneficios para toda la sociedad. ¿Hay cosas por mejorar? Sin duda, pero ello no es patente para regresar a esquemas anteriores que han probado su inoperancia, no solo en Colombia, sino a nivel mundial. ¡Hay que avanzar, no retroceder, construir sobre lo construido!, lo que significa ir en la dirección de lo planteado por los recientes ganadores del premio Nobel de Economía: la prosperidad de los países es el resultado de instituciones gubernamentales que han desarrollado políticas acertadas.

SEMANA: En las actuales circunstancias, ¿cuál es el futuro de Asocodis y de las empresas que representa?

J.C.M.: En estos días de dificultades, nuestro mensaje es de esperanza, sí, de esperanza. Hemos sido producto de dificultades pasadas, no lo olvidemos; ello, nos llevó a fortalecernos, a unirnos (Estado, usuarios, empresas) para mejorar, y cumplir un importante rol social: prestarles a los colombianos diversos y mejores servicios públicos para una mayor calidad de vida y bienestar. Hay que seguir unidos bajo los pilares de la seguridad energética, la equidad energética y la sostenibilidad ambiental.

Esperamos que en los próximos años los avances y resultados en la distribución y comercialización sean superiores a los actuales y eso, sin duda, dependerá del esfuerzo y contribución de todos los que participamos en el sector. Y con ocasión de nuestros 25 años, ratificamos nuestro compromiso de continuar trabajando con el mismo espíritu propositivo, y con criterios técnicos que sigan aportando al desarrollo de políticas y normatividad sectorial. Aquí seguiremos entregando la energía que mueve al país para beneficio de todos los colombianos.