Nueva tregua a proyecto de traslados exprés de fondos privados a Colpensiones

El país sigue en vilo por lo que sucederá con el proyecto de ley que permitiría el traslado exprés desde los fondos privados de pensiones (AFP) a Colpensiones, con el argumento de que se requiere resarcir una deuda social con los ciudadanos que se pasaron de un lado a otro sin la debida información y luego se arrepintieron.

En la agenda de la Comisión Séptima del Senado estaba este proyecto, donde le están dando el tercero de los cuatro debates reglamentarios para una ley ordinaria. Sin embargo, la misma ponente de la iniciativa, Nadia Blel, pidió el aplazamiento.

En la sesión de la semana pasada, la comisión -en la que se debaten y aprueban los temas de corte social, como salud, pensiones y similares- se aprobó una proposición que creó una comisión accidental que pudiera poner una lupa más aguda para revisar el proyecto, debido a la fuerte controversia que genera.

Según indicó la senadora Blel, aún están por revisar algunos conceptos que han pedido, para que se pueda dar el paso definitivo, ya sea para que se logre la mayoría a favor, o definitivamente se cierre la ventana pensional que está abriendo la propuesta, cuyo auyor es Juan Carlos Wills.

La iniciativa permitiría que se pasen al menos 500.000 afiliados a las AFP a Colpensiones, sin que se les exijan los requisitos de ley: que les falten 10 años para cumplir la edad reglamentaria de la pensión y se les acepte el traslado con un mínimo de 750 semanas cotizadas.

La senadora Blel dijo en SEMANA que el Ministerio de Hacienda ya emitió el concepto solicitado, principalmente por los congresistas Carlos Motoa y Gabriel Velasco. En el documento, la cartera de las finanzas públicas argumenta que está en juego, no solo la sostenibilidad financiera del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, sino de todo el Sistema General de Pensiones.

Desde la perspectiva de Hacienda, las personas que se trasladan entre regímenes con requisitos cercanos a pensión –menos de 10 años– “buscan arbitrar el sistema para obtener los subsidios implícitos en el régimen público, el cual los beneficiará con el reconocimiento de pensiones más altas, de las que podría haber obtenido en el régimen anterior”.

Según el Ministerio, "mientras la pensión es más alta, mayor será el subsidio que se terminará pagando con los aportes de las personas con menos ingresos que están obligadas a cotizar al sistema y con recursos del Presupuesto General de la Nación.

Contrario a la posición del Gobierno, Blel señala que es necesario poner sobre la mesa la existencia de millonarias demandas contra el Estado, provenientes de ciudadanos que sienten que tomaron la decisión sin conocimiento de causa y que tenían derecho a equivocarse, pero no a tener una vejez en medio de la escasez. Según sus averiguaciones, el Estado habría pagado 10.000 millones de pesos en abogados, intentando defenderse de las acciones jurídicas que interponen los afiliados a las AFP que solicitan pasarse a Colpensiones.

La definición de este dilema tendrá que darse en las próximas semanas, mientras que hay algunos expertos que plantean que por tratarse de un tema pensional, no debería ser una medida que se tome a través de un proyecto de ley aislado, sino que tendría que incluirse en la reforma pensional que debe tramitar el Gobierno.