Nuevas alternativas de financiación, el reto para construir más obras públicas

La percepción sobre la aprobación y ejecución de los principales proyectos de infraestructura que demanda el país, especialmente en materia férrea, aeroportuaria y fluvial con el nuevo gobierno es de tranquilidad y responden a las necesidades reales de las regiones. Así lo consideran Alfredo Coral Triviño y Javier Delgado, socios de Coral Delgado & Asociados quienes señalan que los proyectos avalados por el gobierno de Petro “propenden por una mayor democratización en los servicios de transporte, lo que se traduce en mayor equidad social”.

El reto para el nuevo gobierno, según estos abogados especializados será determinar la fuente de los recursos que demandan estas inversiones y establecer, a propósito del nuevo Plan Nacional de Desarrollo y sus bases, mecanismos para habilitar y mejorar la participación de la Nación en la necesaria cofinanciación de estos proyectos.

“Definitivamente, consideramos que el reto más importante en materia de infraestructura es poder identificar y establecer, además de las vigencias futuras requeridas, fuentes alternativas de recursos y financiación para las inversiones en los proyectos. En este sentido, será necesario implementar la nueva Contribución Nacional de Valorización y desarrollar y reglamentar, por ejemplo, nuevas tarifas de peaje, en función, entre otros, de la distancia recorrida, garantizando unas verdaderas tarifas diferenciales, entre otros”, señalaron los socios de Coral Delgado &Asociados.

De acuerdo con Paola Larrrahondo, socia especializada en infraestructura de la firma Gómez Pinzón, dentro de los retos que tiene el gobierno Petro está garantizar la seguridad jurídica y dar solución a todos los proyectos que se pasan años esperando una respuesta.

“Avanzar con aprobaciones de iniciativas privadas, adoptar una política portuaria y resolver sobre la “Re concesión” de las sociedades portuarias que llegan a su final, modernizar la ley ferroviaria, poner a funcionar la UPIT (Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte) como una verdadera entidad planeadora del sector, repensar los sistemas integrados de transporte de las principales ciudades, defender los peajes como fuente de financiación de proyectos, escuchar a las comunidades y avanzar en la ley de consultas previas, materializar el ESG (Environmental, Social and Governance) en los proyectos. Hay mucho trabajo por hacer”, señala Larrahondo.

A ojos de Miguel Castro, socio de Rincón Castro Abogados, firma que hace parte del chambers Zuleta Abogados Asociados, uno de los grandes retos que tiene el gobierno que empieza está relacionado con la Ley 1508 de 2012 que ha permitido el desarrollo de importantes proyectos de infraestructura bajo la modalidad de Asociaciones Público-Privadas (APP), principalmente viales.

Sobre el modelo de las APP Castro hace énfasis en la necesidad de trabajar en la adecuada divulgación y explicación de este. “Si se atraen recursos de capital privado para la ejecución de proyectos públicos, el Gobierno podrá seguir ejecutando proyectos de infraestructura, liberando a su vez recursos presupuestales esenciales para el desarrollo de otros programas sociales que se requieren”.

Considera también que, para garantizar el adecuado desarrollo de los proyectos contratados bajo la modalidad de APP, es fundamental conservar y cuidar sus fuentes de pago. “Los debates que actualmente se adelantan sobre peajes deben darse reconociendo que los mismos son la principal fuente de ingreso de los proyectos”.

Destaca que una de las principales novedades que trajo la Ley 1508 fue la de permitir que actores privados propusieran proyectos de APP, conservando siempre el Estado la facultad de rechazar dichas propuestas. “Podría el gobierno, aprovechando esta herramienta, abrir una convocatoria pública para que el sector privado le presente propuestas en los sectores que considere convenientes, sin tener que asumir costos ni riesgos en materia de estructuración”.

Y propone también que la figura de las APPs debe servir para desarrollar proyectos que no sean exclusivamente viales. “Existen múltiples casos de éxito a nivel mundial en donde dicha modalidad contractual ha servido para ejecutar proyectos de seguridad alimentaria, energía renovable, reforestación, centros comunitarios, centros de reclusión”, agregó Castro.

Es la financiación el gran reto, coincide en afirmar Carolina Duque, socia de Banca y Finanzas de Baker McKenzie quien señala que “Teniendo en cuenta la situación económica postpandemia, no parece que hubiera muchos recursos disponibles para construir infraestructura a través del mecanismo de obra pública y para que los proyectos puedan estructurarse como APP deben ser superavitarios o recibir pagos del gobierno”.

Otra de sus preocupaciones es que para poder llevar a cabo el programa de 4G, se comprometieron vigencias futuras que reducen el margen de maniobra para nuevos proyectos. “Un segundo reto grande tiene que ver con la sostenibilidad de manera que el país pueda seguir creciendo sin dañar el medio ambiente, las comunidades y protegiendo un buen gobierno. Finalmente, está el tema de corrupción en la contratación pública, que, si bien es un tema transversal, hace mucho ruido a nivel financiero e internacional”, agregó la abogada Duque.

Existe mucha expectativa entre los abogados especializados en infraestructura con los anuncios del gobierno, sobre todo con las vías terciarias y el mantenimiento de las ya existentes. Para Cristina Vásquez, socia de Posse Herrera Ruiz, “sabemos que el gobierno se ha pronunciado frente a su compromiso con el desarrollo de los caminos vecinales para lo cual ha estimado una inversión de cerca de 8 billones de pesos, que piensa ejecutar junto con las Juntas de Acción Comunal. Sobre este punto, aunque consideramos que es una iniciativa incluyente, la misma debe manejarse con cautela pues debe comprobarse la capacidad de gestión de estas figuras, desde nuestro punto de vista, las Juntas de Acción Comunal serían excelentes veedores, e incluso en el marco de una asociación público privada, a través de las Juntas de Acción Comunal se podrían implementar el cumplimiento de los estándares ESG para los proyectos, siendo el canal perfecto entre la comunidad y el ejecutor en la implementación de sus programas sociales y ambientales”.

En cuanto a grandes proyectos de transporte urbano y regional sostenible como el Metro de Bogotá Líneas 1 y 2, RegioTram de Occidente, RegioTram del Norte, Tren Regional Caribe, Tren de Cercanías del Valle, entre otros, respiran tranquilos los abogados Alfredo Coral Triviño y Javier Delgado, socios de Coral Delgado & Asociados quienes han sido testigos directos, con RegioTram y Tren Regional Caribe, del apoyo de la Nación y Findeter, y a nivel territorial, por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá y las gobernaciones de Cundinamarca, Bolívar, Atlántico y Magdalena, respectivamente, para la estructuración e implementación de estos proyectos.

“A futuro, al nuevo gobierno, le corresponde gestionar y apoyar la materialización de estos proyectos, no solamente mediante el aporte de recursos económicos, sino también a partir de la articulación de los mismos a través de entidades del orden nacional que, coordinen y armonicen todos estos proyectos férreos y establezcan una política pública para la financiación, funcionamiento, articulación y operación de éstos”, señalan Coral y Delgado.

Dicen, que el reto es poner en funcionamiento la Comisión de Regulación de Infraestructura de Transporte - CRIT, entidad que está creada desde 2014, con el objeto de diseñar y definir el marco de regulación económica de los servicios de transporte y de la infraestructura de transporte.

Al respecto, Paola Larrrahondo, socia especializada e infraestructura de la firma Gómez Pinzón, considera que la apuesta a estas grandes obras en el nuevo gobierno es positiva, y también a la llegada de firmas internacionales. “El mercado y el sector tenía mucho temor de las empresas chinas y están demostrando que pueden cumplir y que llegaron para competir y para quedarse”.

En infraestructura los desafíos no solo serán del gobierno, sino también de los abogados. Según Miguel Castro, socio de Rincón Castro Abogados, firma que hace parte del chambers Zuleta Abogados Asociados, son tres grandes desafíos para abordar:

En primer lugar, el reto de dar debates fundados y de colaborar con la ejecución de los proyectos de infraestructura. “Existen en el mercado muchos conceptos errados acerca de la figura de las APPs que deben ser aclarados”.

En segundo lugar, “los abogados deben buscar construir puentes de entendimiento que permitan a las partes llegar a acuerdos en el marco de la ley. Los asesores legales de las partes no pueden olvidar que, de sus recomendaciones, muchas veces penden decisiones que determinan el futuro de un proyecto de infraestructura”.

Y, en tercer lugar, los abogados deben asesorar a todos los actores involucrados (entidades públicas, concesionarios, bancos, fondos de inversión, interventorías, ingenieros independientes, etc.) para que cada uno cumpla de manera exitosa con su labor. “La multiplicidad de actores involucrados y la adecuada coordinación entre ellos, enriquece el cumplimiento de los contratos públicos y permite la adopción de estándares internacionales en materia ambiental, social, etc. Todo esto, redunda en una mejor prestación del servicio público, objetivo principal de los proyectos de APP”, dijo Miguel Castro.