La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) les impuso este martes duras sanciones a las sociedades Daniel Velasco González, DVG Ingeniería y Proteco Ingeniería, así como a Éder Zabaleta, por su participación en un cartel de contratación, que adelantó prácticas anticompetitivas en diversos procesos con entidades públicas.

Según la entidad, quedó demostrado que “materializaron una serie de prácticas tendientes a limitar la libre competencia en el marco de cinco procesos de selección adelantados por el Instituto Nacional de Vías (Invías) y un proceso de selección adelantado por el Fondo Nacional de Turismo (Fontur).

Todo comenzó hace exactamente tres años, cuando llegó una carta a las oficinas de la Superindustria. El director (e) de Contratación del Invías, Juan José Oyuela, puso en conocimiento de las autoridades una queja del señor Javier Roa Salazar, quien aseguraba que uno de los procesos de contratación de esta entidad estaba amañado.

En su denuncia, aseguraba que las dos firmas que pujaban por quedarse con el contrato (DVG y el Consorcio Fluvial Leticia -integrado por Proteco y Avinco-) tenían participación accionaria de Daniel Velasco, con lo cual “están claramente relacionadas en contubernio para concursar en un mismo proceso”.

Indagaciones preliminares le permitieron a la SIC encontrar pruebas suficientes para abrir la investigación y formularles pliego de cargos a Daniel Velasco (accionista único de Proteco), DVG, Proteco, Éder Zabaleta Rojas (accionistas y representante legal suplente de DVG), Avinco y José Orlando Poveda (representante legal de Avinco para esa época).

Todos con todos

El proceso formal de investigación duró cerca de un año y medio, pero sus conclusiones son contundentes. En resumidas cuentas, Velasco, DVG y Proteco realizaban de manera conjunta las gestiones para obtener documentos necesarios para presentar las ofertas en los procesos -en dónde participarían como competidores- e incluso acordaban el valor económico de las mismas.

De esta forma, coordinaban desde un primer momento su comportamiento en el marco del proceso contractual. Los involucrados “concurrieron a procesos de selección en aparente competencia aunque, en realidad, actuaron coordinadamente para incrementar su probabilidad de resultar adjudicatarios”, resaltó la Superindustria.

Las movidas non sanctas de estos contratistas quedaron probadas en la investigación que adelantó la Delegatura de Protección a la Competencia. En primer lugar, según la resolución de sanción, se comprobó la existencia de vínculos pre-existentes de amistad y cercanía entre los investigados.

Puntualmente, se encontró que Velasco le cedió todas sus acciones en DVG a Zabaleta, con lo cual quedaba por fuera de esta sociedad. A pesar de lo anterior, siguió vinculado a la compañía como director obra para algunos contratos.

Posteriormente, Velasco creó la firma Proteco, en la cual supuestamente no tenía nada que ver Zabaleta ni DVG. La cuestión es que la Superindustria encontró que desde Proteco se le hicieron pagos a Zabaleta por concepto de “nómina”.

En plata blanca, lo que se determinó es que Daniel Velasco González tenía control directo o indirecto en las empresas Proteco y DVG, y a pesar de esto, ambas compañías participaron en diversos procesos de contratación como competidores.

Lo que pasaba en realidad era que ambas sociedades realizaban gestiones conjuntas en las licitaciones, escogían los procesos a los que se presentarían, determinaban la forma en que participaría e intercambiaban información de las propuestas.

De acuerdo con la SIC, estos comportamientos, que buscaban simular autonomía, individualidad y competencia, ocultaban “un comportamiento coordinado entre los proponentes, con miras a vulnerar los principios protegidos por el régimen de libre competencia económica, razón por la cual estas empresas y personas fueron sancionadas por la SIC”.

Estas fueron las sanciones impuestas por la entidad:

• Proteco Ingeniería: $ 137,4 millones
• DVG Ingeniería: $ 287,1 millones
• Daniel Velasco: $ 100 millones
• Éder Zabaleta: $ 16,7 millones
• Total sanciones: $ 541,4 millones

Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio.