Los sobornos de Odebrecht que escandalizan al mundo

Sigue creciendo el escándalo de la compañía Norberto Odebrecht, la mayor firma de ingeniería de América Latina. La semana pasada su representante reconoció ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos que pagó sobornos por 788 millones de dólares para quedarse con cerca de 100 contratos en 12 países de la región y de África.

Pagaron coimas, entre otras naciones, en Brasil (con 349 millones de dólares), Argentina (278 millones), Venezuela (98 millones), Panamá (59 millones), Ecuador (33,5 millones), México (10,5 millones) y Colombia, entre otros. En este último, Odebrecht reconoció haber girado 11 millones de dólares entre 2009 y 2014 para quedarse con varios contratos y obtener una ganancia de 50 millones de dólares.

El expediente menciona el pago de 6,5 millones de dólares a un funcionario colombiano a cambio de asistencia para ganar un contrato. Un comunicado de la Presidencia de la República señaló que tan pronto el gobierno conoció la noticia contactó al Departamento de Justicia de Estados Unidos para ofrecer su colaboración y solicitar todo el expediente que involucre a funcionarios. También pidió a la Fiscalía intervenir, y esta allanó el jueves las oficinas de Cormagdalena, entidad que en 2014 adjudicó la licitación para recuperar la navegabilidad del río Magdalena al consorcio Navelena, del que hace parte Odebrecht.

Los reflectores de las investigaciones también apuntan al desaparecido Instituto Nacional de Concesiones (Inco), que durante la administración de Gabriel García Morales adjudicó en diciembre de 2009 dos tramos de la Ruta del Sol, el proyecto vial más importante del país porque conecta en más de 1.000 kilómetros a Bogotá con la costa Atlántica.

La entidad desaparecida entregó el segundo tramo a la Concesionaria Ruta del Sol (Consol), en la que además de Odebrecht están Episol (Corficolombiana) y CSS Construcciones, de Carlos Solarte, para construir, operar y mantener 528 kilómetros entre Puerto Salgar (Cundinamarca) y San Roque (Cesar). Adjudicó dicho contrato por 2,09 billones, en una puja en la que Odebrecht le ganó al grupo Nule.

Aunque las obras comenzaron, han sufrido tropiezos. Este año Consol pidió un plazo adicional de dos años y demandó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), que reemplazó al Inco, por 700.000 millones de pesos por temas de predios y líos con comunidades. En relación con este proyecto, la justicia colombiana debe decidir si se aplica la Ley de Contratación, que dice que una compañía con líos judiciales debe salir de las obras.

El otro proyecto que puede afrontar nuevas dificultades es el dirigido a recuperar la navegabilidad del río Magdalena, que demanda inversiones por 2,5 billones de pesos. En 2014, Navelena ganó la licitación de Cormagdalena, pero tuvo inconvenientes para presentar el cierre financiero de las obras, porque los bancos estaban reacios a financiarlas. Finalmente, Cormagdalena anunció la semana pasada el cierre financiero ya que Navelena consiguió el respaldo del banco Sumitomo, de Japón, que otorgará 250 millones de dólares para financiar el proyecto.

Sin embargo, ante las nuevas circunstancias el panorama se puede complicar. El presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, anunció que le envió una carta al banco para saber si continuaba adelante con la financiación de las obras. Si Sumitomo no respalda a Navelena, el gobierno abrirá una nueva licitación con lo que el proyecto se demoraría más de lo previsto.

Si bien la debacle de Odebrecht tiene grandes implicaciones para Colombia, afectará en mayor medida a otros países, especialmente a Brasil, donde estalló en 2013 el gran escándalo de corrupción conocido como Operación Lava Jato. Este implicó a Petrobras, la mayor petrolera de América Latina, y llevó a que rodaran cabezas de altos funcionarios del gobierno.

Odebrecht, al reconocer su culpabilidad, acordó la semana pasada pagar a los gobiernos de Estados Unidos, Brasil y Suiza alrededor de 3.500 millones de dólares en multas para librarse de acusaciones judiciales en estos tres países. Aunque el golpe económico es grande, el daño reputacional puede ser mayor.