Pago a los bancos, una buena señal para destrabar las obras 4G

Con algo de atraso les acaba de llegar el aguinaldo a los bancos que prestaron para la construcción de la Ruta del Sol II. La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) les autorizó esta semana un segundo pago por 627.000 millones de pesos, correspondientes a las deudas que tenía el concesionario de la Ruta del Sol.

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Se trata de una señal positiva con la que el Gobierno busca restablecer la confianza de la banca nacional e internacional, los inversionistas y los financiadores en los proyectos de infraestructura, y un paso fundamental en el proceso de destrabar los cierres financieros de las concesiones viales de cuarta generación (4G) afectados por el escándalo de Odebrecht desde enero de 2017.

Pero a pesar de la alentadora noticia para los acreedores y terceros de buena fe, el sector financiero quiere más plata y por eso seguirá atento al debate en torno al monto de la liquidación del contrato que deberá definir el Tribunal de Arbitramento, a lo que ocurra con la reciente multa al concesionario y a la demanda a la Ley de Infraestructura, entre otros temas.

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El pago efectuado a los bancos en este arranque de año por 627.000 millones de pesos se suma al primero, hecho a finales de 2017 por alrededor de 793.000 millones de pesos. Sin embargo, estas operaciones tienen una diferencia fundamental. Mientras en la primera cerca de 300.000 millones de pesos sirvieron para atender los intereses causados hasta ese momento y solo los restantes 493.000 millones para amortizar capital, la segunda va en su totalidad a disminuir el saldo de la deuda. Al parecer, los bancos tomaron esta decisión en forma unilateral y autónoma.

“El nuevo saldo que tiene el Consorcio Ruta del Sol II con el sector financiero alcanza hoy cerca de 1,24 billones de pesos”, afirmó Louis Kleyn, presidente de la ANI. El funcionario recordó que los créditos iniciales que tomó el consorcio con unos 7 bancos entre 2010 y 2014 ascendieron a 2,36 billones de pesos.

De los 627.000 millones de pesos que recibirán los bancos, alrededor de la mitad irá para entidades del Grupo Aval (Bogotá, Occidente, Popular y AV Villas). Otro 26,88 por ciento será para Bancolombia, el 16,13 por ciento para Davivienda y el 8,01 por ciento restante para Itaú. Estas cifras responden a la misma proporción del saldo de la deuda.

Gonzalo Toro, vicepresidente corporativo de Empresas y Gobierno de Bancolombia, destacó que la entidad recibe la noticia con mucha satisfacción “porque ratifica el compromiso del Gobierno nacional para resolver una serie de desafíos que se vienen presentando en el programa de infraestructura. Esta es una señal positiva que envía al sector financiero y a los demás actores del programa”. Añadió que esto crea un contexto favorable para seguir explorando alternativas de financiación y de participación en el sector.

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Pero aunque el Gobierno reconoció el pago, también quiere enviar la señal de que será fiel guardián de los recursos públicos. Para el viceministro de Infraestructura, Manuel Gutiérrez, este dinero “solo está reconociendo aquellas obras que hayan generado un beneficio al Estado colombiano”. Es decir, que solo reconoce el valor de las obras efectivamente construidas dentro del contrato de concesión conforme al concepto emitido por la interventoría del proyecto, y que estaban dentro de la disponibilidad de recursos existentes en el fideicomiso.

De hecho, en el fideicomiso del proyecto –de donde salen los recursos para pagar a terceros– había alrededor de 800.000 millones de pesos, “pero solo autorizaron los 627.000 millones que permitió la interventoría”, explicó Gutiérrez.

El pago efectuado corresponde a las medidas cautelares ordenadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que determinó desde septiembre de 2017 atender las obligaciones del consorcio con sus acreedores de buena fe, para lo cual ordenó a la ANI efectuar los pagos correspondientes. Desde entonces, la entidad ha cancelado un poco más de un billón de pesos, incluidos los cerca de 800.000 millones al sector financiero, pero también pagó los compromisos adquiridos con proveedores, contratistas y la liquidación de los cerca de 3.000 trabajadores contratados por el concesionario entre 2017 y 2018.

Este proceso ha tenido el acompañamiento y la vigilancia permanente de los organismos de control, y lo avaló también el Comité Interinstitucional del Sector Transporte creado en el marco de la acción popular. Conforman el Comité la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Transporte, la ANI, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Agencia Jurídica del Estado y la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República. Ese cuerpo consideró que las medidas cautelares ordenadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca están vigentes para continuar con el trámite de aprobación de pago de las acreencias que aún persisten con trabajadores, contratistas, entidades financieras y acreedores de buena fe.

Ángela María Orozco. Ministra de Transporte

De hecho, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, ha reiterado el acatamiento al más reciente fallo que obliga a Odebrecht y a sus socios en el Consorcio a pagar una multa de 800.000 millones de pesos y les genera una inhabilidad de 10 años para contratar con el Estado. Por eso, reiteró que no apelará la medida como una muestra de respeto a la división de poderes y porque la considera “un logro para erradicar la corrupción”.

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No obstante, ante las implicaciones de estas multas y otros temas jurídicos como la demanda de la Contraloría al artículo 20 de la Ley de Infraestructura, anunció que el Gobierno estudia una reforma de la ley para dar mayor estabilidad jurídica al sector. Desde que estalló el escándalo de corrupción de Odebrecht, el financiamiento del programa de infraestructura 4G se ha visto afectado por la falta de claridad sobre cómo se les paga a los terceros de buena fe, incluidos los bancos, cuando se presentan casos de nulidad por causa ilícita.

Este giro de recursos a los bancos financiadores del proyecto se hace como un abono a las restituciones mutuas o liquidación a favor de la concesionaria Ruta del Sol. Es decir, con cargo a las obras y actividades ejecutadas por la misma. Por tanto, es claro que estos giros deberán considerarse dentro de las reclamaciones que se están realizando en el Tribunal de Arbitramento, la instancia que deberá decidir el valor de la liquidación por el 53 por ciento del avance de la obra.

La obra ha presentado algunos deterioros por la parálisis, lo cual reconfirma el daño ocasionado por Odebrecht. Por eso, a finales del año pasado se adjudicaron cinco licitaciones por 635.000 millones de pesos para reanudar allí los trabajos –se espera llegar a un avance del 65 por ciento– y la ANI se encargará de estructurarlas a lo largo de este año en una nueva concesión. La idea es volver a entregar este corredor a alguien que finalice las obras de este proyecto, vital para la competitividad del país.