“Estamos cruzando la información hallada en Mossack Fonseca”

Doce horas permanecieron en las oficinas de representación de la firma panameña de abogados Mossack Fonseca, en una exclusiva zona del norte de Bogotá, funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN), apenas estalló el escándalo de los ‘Panama Papers’.

Durante ese tiempo, los investigadores revisaron la documentación de al menos 800 personas naturales y jurídicas que mantuvieron negocios o fueron asesoradas por el bufete, además de practicar pruebas que permitirían eventualmente rastrear bienes no declarados de colombianos en el exterior.

Semana.com conoció que alguna de la información encontrada ha sido de interés para los funcionarios que realizaron el operativo. “Estamos cruzando las bases de datos no sólo con la información exógena, sino que trabajamos de la mano con otras dependencias como la UIAF y la UGPP, en conjunto con la Fiscalía”, manifestó a este portal la directora de gestión de ingresos de la DIAN, Cecilia Rico.

La funcionaria expresó que no sólo se lleva a cabo esta labor –que también involucra entidades como las secretarías locales de Hacienda y otras varias instancias estatales– en este caso de los ‘Panama Papers’, sino en cualquier otro que pueda involucrar la presunción de bienes en el extranjero que no hayan sido declarados.

Rico señaló que esta labor “es una herramienta para controlar la evasión. Es información que podemos recolectar con las administraciones tributarias de 93 países con los que la DIAN tiene convenios. Es una salida para mitigar que se nos erosionen las bases gravables de aquellos contribuyentes que dejan sus recursos en países de baja imposición”.

Dichos acuerdos son un gran avance y van en aumento: en el 2015 sumaban 76 países con los que se colaboraba en materia tributaria, muchos de ellos en el marco de la OCDE. “La clave para evitar este tipo de evasión en el mundo es que haya colaboración entre las administraciones tributarias del mundo”, destacó la funcionaria.

Es claro que la presión ha venido en aumento. Mientras que la administración de impuestos esperaba que en el 2015 se reconocieran activos en el exterior por 80 billones de pesos, la realidad es que alrededor de 21.000 colombianos declararon bienes, propiedades y recursos por 140,7 billones de pesos. De estos, 3.554 personas naturales y jurídicas se acogieron a la ley y normalizaron su declaración con activos por 3,3 billones de pesos, que representaron ingresos al fisco por 330.000 millones de pesos el año pasado.

¿Qué le ocurre a quien ha omitido sus bienes en el exterior en su declaración?

Rico señala que la DIAN lo requerirá y, en caso de comprobarse dicha evasión, se impondrá una fuerte sanción. “Será del 160 % hasta el 31 de diciembre del 2017 y del 200 % a partir del primero de enero del 2018”, advirtió la funcionaria, que a la vez recomendó a aquellos en esa situación que lo mejor es declarar esos activos junto con el impuesto al patrimonio cuyos plazos –dependiendo del último dígito del documento– se empiezan a vencer este 11 de mayo e irán hasta el 24 del mismo mes.

A partir de varias observaciones de “identificación de brechas”, la directora de gestión de ingresos de la DIAN calcula que esta entidad estima –como un mero ejercicio de aproximación– que los activos de colombianos en el exterior que están sin declarar pueden alcanzar los 50.000 millones de dólares.

En cuanto a países, los connacionales prefieren dejar sus recursos –no necesariamente ilegales– en el exterior, principalmente en Estados Unidos, seguido de Panamá y España.

Ya en el caso de los dineros opacos que manejan colombianos en el istmo, Rico estima –por su experiencia– que sus dueños se dedican a actividades relacionadas con comercio exterior y de tipo financiero, que son las que más se ajustan a prácticas de contrabando, aunque también se trata de una apreciación.

De ahí la importancia del acuerdo que se apresta a firmar con Colombia y que garantiza el intercambio de información fiscal.

Lo cierto es que Panamá verdaderamente se encuentra en el ojo del huracán por ser lo que se denomina en la administración de impuestos una “jurisdicción de baja imposición”, es decir, un sitio donde se cobra como impuesto una tarifa menor que termina por atraer capitales, definición muy cercana a la de ‘paraíso fiscal’.

Es algo que sucede un mundo abiertamente desigual, pero en el que cada vez se tolera menos que los ricos no paguen los impuestos que les corresponde. Ese es el verdadero valor de los ‘Panama Papers’.