Pensional: más temores que certezas, ¿qué traerá el proyecto?

El próximo jueves 16 de marzo será una fecha crucial para el país. Se espera que ese día se radiquen las reformas laboral y pensional, dos proyectos de gran envergadura con los que el Gobierno Petro planea dejar su impronta.

Estas iniciativas, pese a su importancia y las grandes transformaciones que plantean, podrían no llegar por separado, sino en conjunto. Como bien lo explica Ricardo Bonilla, asesor económico de la campaña de Gustavo Petro y actual presidente de Findeter, son dos temas que se complementan. Del buen funcionamiento del mercado laboral depende que más personas puedan cotizar para pensión y contar con recursos para su vejez, pero la elevada informalidad del país hace que sean pocos los que cuentan con un trabajo formal y que, por ende, puedan cotizar.

El problema es que, de lo que se conoce hasta ahora de ambas reformas, estas no brindan soluciones para la informalidad laboral y, por el contrario, para algunos expertos la podrían empeorar. Datos del Dane indican que, de los 22,4 millones de ocupados que tenía el país al cierre de 2022, solo 9,5 millones contaban con un empleo formal y 12,9 millones estaban en la informalidad.

Propuestas que traería la reforma laboral, como convertir todos los contratos de trabajo a término indefinido, endurecer las condiciones para despidos o remunerar mejor las horas extras, benefician a quienes ya están empleados, pero no a los que buscan trabajo. Esto, porque para los empleadores sería mucho más costoso contratar más gente.

En diálogo con esta revista, Bonilla explica que las cinco reformas laborales de los últimos 30 años redujeron los beneficios para los trabajadores con la esperanza de que se podía aumentar el empleo, y eso no ha ocurrido, así que esta vez la apuesta es mejorar las condiciones de los empleados. En su concepto, lo que se necesita es una política de reindustrialización para crear puestos de trabajo y así reducir el desempleo y la informalidad.

Insiste en que de esa política, que deberá estar a cargo de los ministerios de Comercio y de Agricultura, dependerá el éxito de la reforma pensional (de la cual él fue vocero durante la campaña presidencial). “Estas reformas deben ir de la mano, porque nada sacamos con aprobar un sistema de pilares y fusionar los regímenes público y privado si no aumentan los cotizantes, y eso implica mejorar el mercado de trabajo. Hoy, de los 25 millones de colombianos afiliados a los diferentes sistemas pensionales, apenas el 39 por ciento cotiza efectivamente”, reitera.

Lo que viene

Sin embargo, una política de reindustrialización toma tiempo y las reformas que plantea el Gobierno buscan su aplicación inmediata, y de ahí surgen los temores. En el frente pensional, la principal preocupación está en la creación de un sistema de pilares, que en un primer nivel entregaría un subsidio de medio salario mínimo a los adultos mayores que hoy no tienen ningún ingreso. Si bien hay consenso sobre la necesidad de atender a esa población, las dudas están en los costos, pues puede implicar un hueco grande para las finanzas públicas.

El segundo pilar es, sin embargo, el que causa más preocupación y sería el punto en el que estaría más enredada la reforma pensional. La propuesta del Gobierno es que este abarque a todos los colombianos que cotizan hasta cuatro salarios mínimos (4,64 millones de pesos de hoy), quienes deberían pasarse al régimen público, administrado por Colpensiones. Los trabajadores que devenguen más de cuatro salarios mínimos cotizarían el excedente en los fondos privados de pensiones, administrados por las AFP.

La discusión está en si ese traslado debería ser solo para quienes ganan uno, dos, tres o cuatro salarios mínimos. SEMANA conoció que en el Ministerio del Trabajo, el que elabora la reforma, insisten en que sean cuatro salarios, y en el Ministerio de Hacienda piden que sean dos.

Pero, más allá de la decisión final, el traslado de afiliados a Colpensiones será un duro golpe para las AFP, pues, de sus 18,6 millones de afiliados, 17,4 millones ganan hasta dos salarios mínimos. Esto prácticamente implicaría el fin de las AFP, al tiempo que se teme por una carga gigantesca para las finanzas públicas, que tendrían que pagar cada vez más pensionados con los impuestos de todos los colombianos. Bonilla desestima esas preocupaciones al asegurar que tener más afiliados a Colpensiones no sube el impacto fiscal, pues el sistema de pilares les pondría un límite de cuatro salarios mínimos a las pensiones a cargo del Estado, que hoy paga mesadas de hasta 25 salarios mínimos (29 millones de pesos).

Quienes devengan más de cuatro mínimos –si ese es el monto aprobado– completarían su pensión con su ahorro en las AFP. El problema estaría en las personas que hoy ganan más de 4,64 millones de pesos mensuales y que ya se pasaron a Colpensiones. No se sabe qué pasaría con el ahorro que exceda ese valor. No sería factible devolver a las AFP la parte de la cotización que esté por encima de cuatro mínimos, pues ese dinero ya se gastó, dado que Colpensiones usa los recursos de los actuales cotizantes para pagar a sus pensionados.

Argentina y transición

Quienes están preocupados porque la mayoría de los cotizantes a pensiones se pasen al sistema público temen que se repita una situación como la de Argentina, en donde se tomó una decisión similar y llegó un punto en que el Gobierno no tuvo con qué pagarles a sus pensionados y redujo sus mesadas.

Bonilla dice que no es igual, porque en este caso el ahorro (stock) de cada persona no se trasladaría, sino que se quedaría en cada AFP y solo se pasaría a Colpensiones en el momento en que la persona cumpla los requisitos para pensionarse. Lo que se movería son las cotizaciones que se hagan a partir del momento del traslado. “El problema es que en Argentina cogieron el stock de ahorro pensional y se lo gastaron. Acá eso no se va a tocar, solo el flujo, y es, de hecho, un proceso distinto al que se está dando hoy. El año pasado más de 80.000 personas se pasaron de las AFP a Colpensiones y llevaron 13 billones de pesos, que eran su flujo y su stock, y eso ya se usó para pagar pensiones”.

Además de cómo se den los traslados y el monto de salarios mínimos a partir de los cuales se haría el cambio, está la preocupación por el régimen de transición que se apruebe en la reforma, es decir, por el tiempo durante el cual se respetan las condiciones previas a los cambios que sean aprobados, dado que hay personas que ya tienen un derecho adquirido.

En la Ley 100, que creó el actual sistema pensional, se aumentó la edad de pensión de las mujeres de 55 a 57 años y de los hombres de 60 a 62, al tiempo que se aumentaron las semanas de cotización a 1.300. Esto no aplicó para las mujeres que el 1 de abril de 1994 tenían 35 años o más ni para los hombres de 40 años o más, es decir, un régimen de transición de más de 20 años. Esta vez se ha mencionado en varios escenarios que ese periodo de transición podría ser de tan solo dos años, pero Bonilla fue enfático en negar esa posibilidad porque la transición la orienta la Corte Constitucional, la cual protege las expectativas ciertas de los cotizantes.

“No se le pueden cambiar, de la noche a la mañana, las condiciones a una persona que está cerca de su jubilación. Habrá que negociar hasta qué momento esas expectativas son ciertas, dos años es muy poco, pero tampoco pueden ser los 20 de la Ley 100. Creo que se negociará algo entre cinco y diez años, debe ser un acuerdo al que se llegue en el Congreso. Allí se debe definir el momento real a partir del cual las expectativas son ciertas”, precisa.

¿Y el mercado?

Existe otro temor con respecto a la salida masiva de afiliados de las AFP: al no recibir sus cotizaciones mensuales, ya no tendrían suficiente dinero para invertir en los mercados de valores, en los que dichas entidades son actores fundamentales. No solo son claves en la compra y venta de acciones, sino uno de los principales financiadores del Gobierno al ser compradores de deuda pública.

José Roberto Acosta, director de Crédito Público, dijo en un foro de las comisionistas Larraín Vial y Acciones y Valores,que esa perspectiva no le preocupa, pues “los números hablan por sí solos” y hoy las AFP no son los principales actores del mercado de deuda pública; ese papel lo ocupan los fondos extranjeros, algo que ve como positivo, dado que le sirve a la nación para diversificar sus fuentes de inversionistas. En otras palabras, considera que los inversionistas internacionales servirían para compensar la menor participación de las AFP.

“Los temores son subjetivos y los números objetivos”, reiteró Acosta. Falta ver qué tanta objetividad tendrá la reforma pensional.