El lío de los traslados pensionales

El tema pensional podría ser uno de los más movidos en este semestre a pesar de que el presidente Duque no lo mencionó en su discurso en la instalación del Congreso. En este periodo que arrancó el 20 de julio, el Senado de la República tendrá la responsabilidad de discutir el proyecto de ley 050 denominado traslados exprés.

A pesar de la gran inconveniencia fiscal y la alta inequidad que genera, la iniciativa hizo tránsito de manera casi desapercibida en la Comisión Séptima y en la Plenaria de la Cámara. Se trata de un proyecto para facilitar el traslado de los fondos privados a Colpensiones a quienes les faltan menos de diez años para pensionarse y tengan más de 750 semanas cotizadas.

El Gobierno se manifestó tardíamente sobre su inconveniencia al mostrar que la norma solo beneficia a las personas de más altos ingresos, que cumplen los requisitos para pensionarse y recibirían grandes subsidios, y perjudica a los más pobres, que terminarían sin pensión, pero financiando a los que más tienen. El proyecto le significaría al Gobierno recursos por casi 27 billones de pesos en el primer año por el traslado de los fondos privados a Colpensiones, pero a largo plazo le significaría un costo cercano a los 60 billones de pesos. Es decir, un elevadísimo costo fiscal neto concentrado en pocos privilegiados.

Para Asofondos, estos billonarios recursos beneficiarían a unas 117.000 personas de las 384.000 cobijadas por la norma, porque al resto no le convendrían.

Sin duda, este proyecto va en la dirección opuesta de lo que debe hacer el país: buscar una mayor cobertura, equidad y sostenibilidad del sistema pensional. De la misma manera, evidencia la inconveniencia de que coexistan dos sistemas que compiten en condiciones tan distintas.

En el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (Rais), que manejan los fondos privados, la pensión se genera a partir del ahorro. Mientras tanto, en el Régimen de Prima Media (RPM) la mesada es un porcentaje del salario promedio de los últimos diez años y puede aumentar con las semanas cotizadas. Con esto, el régimen público beneficia a los que mejor les fue en el mercado laboral, pero castiga a los más vulnerables.

En el sistema pensional colombiano, les devuelven la plata a quienes no completan las condiciones para pensionarse con un salario mínimo. Eso se conoce como una ‘indemnización sustitutiva’ en el RPM o devolución de saldos en el Rais.

En los últimos años, el sistema pensional le ha devuelto su dinero a más gente de la que ha logrado pensionar. Entre 2013 y 2019 más de 650.000 personas recibieron una pequeña indemnización en Colpensiones, mientras pensionó a menos de medio millón de personas. En el caso de los fondos de pensiones, les han devuelto los saldos a 116.000 personas, un poco más de las que se han logrado pensionar.

Pero mientras los fondos devuelven esos recursos con los rendimientos reales que generó el capital por el tiempo que estuvo invertido, en el régimen público la indemnización equivale a los aportes que realizó el trabajador ajustados solo por la inflación. En 2019, Colpensiones entregó en promedio una indemnización de 5,5 millones de pesos, mientras los fondos privados devolvieron en promedio 38 millones de pesos, siete veces más.

¿Faltó información?

El representante a la Cámara Juan Carlos Wills Ospina, que impulsa el proyecto de ley de traslados exprés, argumenta, para sustentar su iniciativa, que los fondos de pensiones, cuando arrancaron hace 20 años, no fueron claros e incluso engañaron a los usuarios sin que hubiera doble asesoría. Insiste en la ignorancia de la gente sobre el funcionamiento de los regímenes y la creciente judicialización del tema.

Asegura que los afectados presentaron 32.000 demandas por traslados pensionales a finales de 2019 y que los demandantes tiene 92 por ciento de probabilidades de ganar, pero en un proceso que puede tardar diez años.

Por su parte, los fondos privados afirman que más que por mala información, algunos quieren aprovechar los grandes beneficios que otorga el sistema público a personas de altos ingresos. “La mayoría de quienes interponen una demanda no usaron, en su momento, los mecanismos existentes y ahora culpan de su decisión a la AFP”, afirma Santiago Montenegro, presidente de Asofondos. Insiste en que al 95 por ciento de los trabajadores colombianos les conviene más un fondo de pensiones.

El Partido Conservador impulsa el proyecto de los traslados exprés que beneficia, a un alto costo, a muy pocos. Toro presentó ponencia negativa a dicha iniciativa.  A la derecha, Mauricio Toro, representante del Partido Verde, y Juan Carlos Wills, representante del Partido Conservador

Para Mauricio Toro, representante a la Cámara por el Partido Verde, el proyecto no se centra en ese grupo de personas que pudieron ser engañadas y para esto argumentan casos particulares muy dramáticos e intentan generalizar la situación. De hecho, durante el debate, Toro propuso limitar el proyecto a este grupo de personas, pero su proposición fue derrotada.

Como también pasaron por alto la del representante Gabriel Santos, que pidió excluir del proyecto a los altos funcionarios del Estado como congresistas, excongresistas, magistrados y jueces. La mayoría también negó la proposición, con lo cual el Congreso estaría legislando en causa propia. Muchos consideran que los legisladores, cuando se trate de tramitar proyectos de ley que de una u otra manera los beneficien, deberían declararse impedidos

En este caso, el proyecto abre una ventana pensional para quienes pudieron ser engañados y tienen el sistema judicial para hacer valer sus derechos. Pero también una tronera para beneficio de personas de mayores ingresos y altos funcionarios que han buscado, con demandas, pensiones enormes, sin cumplir los requisitos.

Se estima que alguien con una pensión alta puede recibir al final hasta 1.000 millones de subsidio, cifra con la cual podrían recibir un ingreso equivalente a la línea de pobreza, de manera vitalicia, más de 30 personas.

Es decir, que los recursos que implica este proyecto podrían servir para sacar a millones de colombianos de la pobreza, mientras que los beneficios de esta norma se quedan en unos pocos miles de personas.

Por eso resulta paradójico que en medio del tremendo impacto que traerá la pandemia sobre los indicadores sociales y las finanzas públicas, haga tránsito en el Congreso un proyecto de ley que agrava estos problemas.

El Congreso tiene la responsabilidad de hacer reformas que ayuden a los más necesitados de hoy sin dejar endeudadas a las generaciones futuras. Por eso no debería caer en propuestas que ven en el ahorro pensional una salida facilista para la crisis o que benefician a unos pocos.

La Corte Constitucional tumbó por inexequible el decreto legislativo 558 de 2020, con el cual el Gobierno permitió reducir los aportes a pensión durante tres meses, por cuenta de la pandemia, y que implicaba también el traslado desde los fondos privados a Colpensiones a cerca de 20.000 pensionados de retiro programado. El Gobierno recibía a corto plazo cinco billones de pesos por dicho traslado para cubrir la caída en los aportes en el régimen público.

Esta decisión de la Corte dio una buena señal ante ese antecedente nefasto y manda el mensaje de que no se puede jugar con los recursos pensionales de los colombianos. El Gobierno debería rechazar también de modo contundente estas iniciativas y plantear qué quiere hacer para proteger a la vejez, para que las discusiones sean integrales.

Lograr consensos en esta materia no será fácil y probablemente por eso Duque no la mencionó en su discurso del 20 de julio. Pero eso no significa que los traslados y las pensiones no seguirán siendo un lío creciente.