Monumental lío con pensiones en empresas que acogieron decreto tumbado

Total incertidumbre. Esa es la frase que recoge lo que hay ahora alrededor de las pensiones en Colombia, luego de que la Corte Constitucional tumbara el decreto 558, establecido en la mitad de la emergencia sanitaria y económica, con dos objetivos: que se permitiera durante dos meses el aplazamiento del aporte a pensiones de los trabajadores y que se pudieran trasladar 25.000 cotizantes de salario mínimo, de la modalidad de retiro programado afiliados a los fondos privados (AFP), a Colpensiones, para proteger su ahorro en caso de que las AFP tuvieran algún riesgo de iliquidez.

Luego de la decisón de la Corte, de declarar inexequible el decreto, que, por demás, es uno de los más amplios (tiene 14 artículos), lo que abundan son los interrogantes.

El primero de ellos es qué va a pasar con los aportes a pensiones que se dejaron de hacer para que, tanto empresas como trabajadores, tuvieran un flujo de caja al no hacer su parte de la cotización durante dos meses. Es claro que habrá que reintegrarlos al sistema pensional, pero qué tan rápido ordenará la Corte que se haga, teniendo en cuenta que las empresas han estado semiparalizadas y no tienen caja.

¿Cuántos son los afectados?

Las estadísticas de Asofondos, gremio de fondos privados, registran que el 67,5 por ciento de los empleadores y el 65,7 por ciento de los trabajadores independientes se acogieron a esa medida, disminuyendo en 2,3 billones de pesos los recursos del Sistema General de Pensiones.

Un cálculo rápido del viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, entregado a medios radiales, estima que fue un billón de pesos lo que dejaron de pagar al sistema por acogimiento a esa medida. 

En todo caso, ya que las pensiones son uno de los temas sensibles para los colombianos, desde el Gobierno, los expertos y hasta el ciudadano de a pie están en ascuas, puesto que hay de por medio un montón de circunstancias que ha traido consigo la pandemia.

Por ejemplo, según el gremio Fenalco, solo en el sector comercio se habían cerrado 80.000 negocios formales con corte a mayo. En tal caso, ¿quién asumiría allí la responsabilidad del aporte a pensiones de los que cerraron y de los empleados que salieron?.

Con los trasladados de régimen pensional hay menos lío

La segunda parte gruesa que se cae con el decreto es la que toca a Colpensiones y los fondos privados. Se trató de una medida que desató controversia nacional y que ahora, se va también con la decisión de la Corte: el traslado de al menos 25.000 pensionados en la modalidad de retiro programado, que estaban en los fondos privados, hacia Colpensiones. Por ellos, la entidad pública de aseguramiento pensional iba a recibir un poco más de 5 billones de pesos de los fondos privados. Con esa plata, se tendría que cubrir la mesada pensional, de un salario mínimo, de manera vitalicia, lo que requería un aporte adicional de los recursos públicos. Esto, porque 5 billones de pesos no eran suficientes para cubrir la pensión de las personas que apenas iban a empezar a jubilarse. En consecuencia, algunas opiniones se orientaron a sustentar que se trataba de un favorecimiento a los fondos privados, mientras que el Gobierno argumentó que se trataba de un mecanismo de protección a los cotizantes de un salario mínimo.

Afortunadamente, los fondos privados de pensiones no habían girado los recursos a Colpensiones, porque en un decreto posterior al que se cae, el 802 de 2020, se hizo una modificación a la medida, estableciendo que el traslado fuera voluntario. Luego de conocer la decisión de la Corte, tanto los fondos privados, como el Ministerio de Hacienda, confirmaron que no se había producido hasta ahora ningún traslado.

En medio de estas circunstancias, el país está en vilo, a la espera de que la Corte Constitucional destape los alcances del fallo. Mientras tanto, el viceministro Londoño pidió al Alto Tribunal que se otorgue un plazo razonable para que se puedan devolver los recursos, como tendrá que hacerse, según lo ha mencionado hasta ahora la Corte. Esto, en razón a que Colombia sigue en la mitad de la pandemia, lo que indica que las empresas no estarían en condiciones económicas para enfrentar el pago correspondiente a los aportes pensionales que dejaron de hacer.