Pese a que se prevé escasez de gas, se insistirá en prohibir la única técnica con la que se podría reversar rápido esa situación

El pasado miércoles, mientras en la Comisión Quinta de la Cámara se adelantaba un debate de control político al ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, sobre la difícil situación del gas natural en Colombia, a pocos pasos de ahí se presentaba un proyecto de ley que le cerraría la puerta a una de las alternativas que podría, precisamente, paliar esta situación.

Fue radicado en el Congreso un proyecto de ley para prohibir el fracking en Colombia. Esta es la quinta ocasión en que se radica esta iniciativa, que cuenta con el respaldo del Gobierno.

El fracking es una técnica en la que se utiliza fracturamiento hidráulico de la roca para extraer los hidrocarburos. Su práctica es rechazada por ambientalistas por los volúmenes de agua que requiere y por el impacto sobre los ecosistemas y la biodiversidad. Incluso, han señalado que aumenta la sismicidad en las zonas donde se usa. La otra cara es de la industria y la de varios países que respaldan esta técnica por los niveles de reservas que produce y la autosuficiencia que entrega, como pasó con Estados Unidos y Argentina.

El rechazo del Gobierno frente a esta técnica ha sido radical: no permitió avanzar en los pilotos para verificar si se podría o no desarrollar e impulsó una de las recientes iniciativas de reforma para prohibirlo. Ahora apoya este nuevo proyecto, incluso, con mensaje de urgencia.

Sin embargo, el proyecto llega en un momento muy complejo para la autosuficiencia y seguridad energética en Colombia. Por una parte, según la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), al cierre de 2023, las reservas de petróleo pasaron de 7,5 años a 7,1 y, en gas, de 7,2 años a 6,1. Por otra, se anunció un déficit de gas local para atender las necesidades de contratación que se requieren para 2025 y 2026. Eso obliga a sumar a las fuentes locales gas importado para cubrir la demanda.

Como señala un informe de la Contraloría General, el deterioro de la seguridad energética se refleja en sectores como el petrolero, en el que hay cada vez menos años de reservas, bajos niveles de exploración y no se prevé nueva exploración en áreas diferentes a las ya explotadas. El informe advierte sobre posibles problemas de abastecimiento para 2030 si no se incorporan más recursos, lo que afectaría tanto a las empresas como a las finanzas públicas por medio de la disminución de impuestos, regalías y derechos económicos. Además, tendría un impacto negativo en la inversión extranjera directa, influyendo en factores como la inflación y la tasa de cambio, lo que “debilitaría en general la economía nacional”. Ante la negativa del Gobierno de firmar nuevos contratos, las áreas potenciales petroleras se han reducido en casi 77 por ciento.

Pero, mientras tanto, la nevera está llena. Colombia tiene un gran potencial en el desarrollo de yacimientos no convencionales. Hace un par de años, la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP) hizo una radiografía de lo que representa el fracking para Colombia: en 25 años se calculan 2.800 millones de barriles de nuevas reservas de petróleo y 7 terapiés cúbicos de gas, lo cual extendería y aseguraría el autoabastecimiento energético del país. Esto significaría unos 450.000 barriles diarios adicionales de petróleo. Colombia recibiría recursos fiscales por cerca de 103 billones de pesos en los próximos 25 años.

Además, la presentación de la iniciativa legislativa coincidió con la negativa de Ecopetrol de avanzar en el Proyecto Oslo: una inversión de 3.700 millones de dólares en la compra del 30 por ciento de CrownRock, una firma que pertenece a la Oxy, en Estados Unidos, en la cuenca del Permian, que produce bajo la técnica de fracking. En esa zona, Ecopetrol ya tiene una operación, también con la Oxy, cuyos resultados han mantenido la producción de la empresa al alza, cuando los campos en Colombia están declinando.

El negocio, según un documento de Ecopetrol, brindaba grandes ventajas a la empresa: la producción y las reservas aumentarían 9 por ciento; la utilidad neta, 14 por ciento; el ebitda, 6 por ciento, y el impacto ambiental sería casi ocho veces menor en emisiones de carbono frente a las que registran las operaciones en Colombia, mientras que en temas de agua, Oslo –respecto al Grupo Ecopetrol– representaría 2,5 por ciento del total del agua requerida para operar y 1,5 por ciento del total de gestión de efluentes.

Pero, como explicó Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, a pesar de los indicadores favorables, la junta decidió no avanzar porque requería un alto nivel de deuda que podría poner en riesgo el grado de inversión de la empresa. Además, si seguía adelante con el proyecto y luego desistía, tendría que pagar una multa cercana a los 300 millones de dólares. Y, por último, tenía que pasar por el Ministerio de Hacienda para autorizar la deuda. De acuerdo con Roa, en entrevista a SEMANA, al consultar este tema, el ministro Ricardo Bonilla le dijo: “Yo no encuentro ambiente para que el presidente nos vaya a aprobar un endeudamiento de este nivel y para comprar fracking”.

Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgás, explicó que la alternativa que en el corto plazo pudiese evitar el déficit de gas es la del desarrollo de los yacimientos no convencionales. “Es la más eficiente y temprana”, dijo y calculó que en diez meses, teniendo licencia ambiental y sin conflictividad social, podrían estar en operación. “Si bien la tendencia de las reservas y de la actividad exploratoria viene disminuyendo, uno esperaba que este Gobierno desde su inicio hubiera reversado esa tendencia a la baja con decisiones de política pública acertadas. Pero no, ocurrió todo lo contrario: se sentenció a muerte a los proyectos piloto de yacimientos no convencionales y se envió una señal de política pública que espantó el interés de los inversionistas en la actividad exploratoria en nuestro país”, agregó.

Por su parte, el exministro y rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, calificó como un “contrasentido” la presentación de este proyecto de ley, porque va en la dirección contraria de lo que está comprobado que tiene buen resultado. “El proyecto que hoy tiene Ecopetrol de exploración no convencional le ha generado un gran impacto a la economía, más capacidad de producción, más utilidades, mejor nivel de ebitda y más generación de caja. Prohibir eso por ley es hacer que Colombia tenga un lastre para su crecimiento de mediano y largo plazo”, asegura. Dice que en momentos en que la prioridad es la reactivación, “este proyecto de ley motiva la desactivación económica”.

Incluso, los opositores del fracking consideran que, dada la coyuntura, el debate se volverá a abrir. César Loza, presidente de la Unión Sindical Obrera (USO), el sindicato de Ecopetrol, señala que en 2019, en la asamblea nacional de la organización, se tomó la decisión de decirle no al fracking. “Y no hay postura en contrario. Ahora, la falta de reservas, la necesidad de incorporar gas y crudo, seguramente implicará que este debate se ponga en el primer orden a nivel nacional. La misma fuerza de los hechos nos va a llevar a que se tenga que abrir, pero con este Gobierno no va a pasar el fracking”, puntualizó.

La situación es apremiante y, ante la escasez de recursos, las dificultades fiscales y las prioridades ambientales, de acuerdo con lo que mostró el proyecto Oslo para Ecopetrol, el país debería retomar una discusión rápida acerca del fracking en la que la ideología y la economía no compitan. Solo los hechos.