Petro insiste en tomar el control de parte de los recursos de inversión en el Presupuesto de la Nación

El presupuesto de Colombia sigue siendo objeto de debate. Luego de todo lo sucedido con el decreto de liquidación de la carta financiera de 2024, donde tienen que especificarse los usos, de manera detallada, de las partidas presupuestales destinadas a inversión, que, por demás, es el rubro más pequeño de toda la financiación del Estado en la actual vigencia, continúan las sorpresas.

En la página del Ministerio de Hacienda figura, desde el viernes 16 de febrero, un proyecto de decreto que ha llamado la atención de varios analistas.

El documento está expuesto para comentarios, lo que podrá hacerse hasta el 2 de marzo. Se ampara en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, y en varias leyes anteriores y posteriores a la carta magna, todas relacionadas con el Presupuesto y las necesidades de ejecución de recursos públicos en la Nación: leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995.

A partir de allí se plantean varias modificaciones a normativas existentes, entre las cuales, se destaca la que se refiere a los proyectos de inversión, que son los que han estado en el ojo del huracán, porque en el decreto de liquidación del presupuesto, se dejaron 13 billones de pesos que podrían haber sido utilizados a discreción, según lo ordenara el Presidente, de acuerdo a los análisis hechos por los expertos.

En el borrador de decreto, se busca que “las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación y que pertenecen a la Rama Ejecutiva del poder público del orden nacional, una vez obtengan el concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación, deberán solicitar la conformidad del Presidente de la República, en los casos de autorizaciones de vigencias futuras o su reprogramación y traslados presupuestales”.

En la práctica, sería una potestad especial del presidente Gustavo Petro, para decidir sobre las inversiones, que son uno de los componentes más importantes del presupuesto, pues los otros dos grandes rubros son para pago de deuda y funcionamiento del Estado. Es decir, no benefician de manera directa y presente el bienestar ciudadano.

Algunos analistas ya han expresado el interés del mandatario en hacer proyectos que hacen parte de sus promesas de campaña, como las de las vías terciarias, por ejemplo, en las regiones en las cuales, poco se han realizado obras, en parte, porque se trata de zonas apartadas en las que la actual administración buscaría involucrar cooperativas y otro tipo de organismos que ejecuten proyectos de infraestructura.

En el borrador de decreto se expresa que la intención de la norma sería “continuar el trámite de estas operaciones presupuestales ante la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y en el caso de vigencias futuras o su reprogramación ante el Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS), o quien este delegue”.

Durante todo el proceso controversial alrededor del presupuesto, han salido técnicos, tanto de Planeación Nacional, como del Ministerio de Hacienda, que habrían sido críticos acerca de la manera en la que se plantean las decisiones alrededor de la inversión.