Picap no descarta ir a cortes internacionales para seguir operando

A los 250 empleados y 60 mil domiciliarios que trabajan con la plataforma Picap les cayó un baldado de agua fría cuando se anunció que la compañía entraba en liquidación.

La Superintendencia de Sociedades informó hace pocos días el inicio del proceso con la finalidad liquidar "pronta y ordenadamente los activos para el pago de los pasivos, buscando el aprovechamiento del patrimonio del deudor".

En diálogo con SEMANA, Héctor Neira, cofundador de la plataforma, aseguró que esta decisión deja sin empleo a 250 personas vinculadas directamente. Esto, sin contar a los pilotos.

"Nos parecen desmedidas estas decisiones, pues hoy cualquier entidad puede observar que le dimos un vuelco de 180 grados a la ‘app‘ y al negocio, para enfocarla en mensajería, domicilios, alianzas con mercados, telemedicina, etc.", explicó Neira.

Confirmó, además, que la plataforma tiene aún dos cartas con las cuales tratará de mantener su operación en el país. La primera tiene que ver con una tutela contra la Superintendencia de Transporte, que a finales del año pasado declaró su servicio como ilegal y les ordenó cesar operaciones.

Según la compañía, una jueza ya estudia el caso y deberá pronunciarse en los próximos días. En el caso de salir favorecidos, el fallo de la Superintendencia de Transporte se caería y tendría que empezar de ceros.

Asimismo, la liquidación en la Supersociedades se quedaría sin piso, ya que dicho proceso comenzó hace unos días, luego de recibir el expediente por parte de la Superintendencia de Transporte.

"Esto nos parece lo más justo porque nunca nos oyeron o hablaron con nosotros para corregir eventualmente algo del negocio. Literalmente nos mandaron a sentencia de muerte”, afirmó Neira.

En caso de no ser beneficiados con la acción de tutela, la junta directiva de Picap INC (matriz de la plataforma) escalará el tema a cortes internacionales.

"Si esto sucede, queremos que se resuelva en los estrados internacionales si en Colombia se respetó o no el debido proceso, y que se determine si la Superintendencia sobrepasó sus facultades".