Mil Pymes
Políticas para la realidad empresarial
No desmontar los incentivos a las mipymes que están en zona franca, tarifa diferencial de renta para este grupo empresarial y mejoras al régimen simple, las propuestas para la tributaria.
Colombia es un país en donde el derecho tributario es bastante fluctuante, dado que durante los últimos 30 años se han realizado 21 reformas, una cada 18 meses. En esta ocasión, desde el siguiente día de la posesión de Gustavo Petro, se lanzó un proyecto de reforma que resulta ser uno de los más ambiciosos en el país, con un recaudo de 22 billones de pesos. Siendo una de las reformas que más impacto tendrá en las finanzas de los colombianos y del sector empresarial, es necesario que el debate se presente de manera amplia y en un consenso que tenga en cuenta las propuestas presentadas por los diferentes grupos de interés.
Al final, son propuestas que corresponden a una realidad mundial y nacional y a las capacidades de los diferentes sectores que conforman el tejido empresarial, quienes tienen un gran compromiso de mantener la estructura actual para seguir haciendo los aportes necesarios a la economía y apoyar el cierre de brechas sociales, puesto que, independientemente de los resultados económicos de cada día, el margen de utilidad de los sectores se disminuye sustancialmente, en especial cuando se habla de las micro, pequeñas y medianas empresas.
Actualmente, muchos países latinoamericanos han puesto en marcha varias políticas diferenciales y reformas regulatorias con el objetivo de incrementar la productividad, la formalización empresarial y el crecimiento económico. De acuerdo con las mejores prácticas internacionales de la Ocde, la reducción de la carga administrativa podría disminuir los costos empresariales y, a su vez, incrementar el PIB.
En concordancia con lo anterior, desde Acopi hemos insistido en varias propuestas diferenciales, pero me centraré en tres de gran importancia. La primera son los incentivos para los usuarios de las zonas francas, quienes son reconocidos como dinamizadores del comercio exterior y por generar empleo e inversiones. Actualmente, el 90 por ciento de las empresas instaladas en estos parques empresariales son mipymes, que requieren estímulos para insertarse en cadenas globales de valor y así impactar las comunidades locales. No obstante, el Gobierno, a través de la primera ponencia de debate del actual proyecto de reforma tributaria, propone umbrales de ventas máximas al mercado local, lo cual, desde Acopi, consideramos que pondría en riesgo a más de 1.000 empresas que generan cerca de 170.000 empleos directos e indirectos.
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Si bien es cierto que las empresas deben estar en condiciones de implementar planes de internacionalización, requieren de condiciones ajustadas a la realidad no solo del país en materia de comercio exterior, sino a la realidad de la infraestructura y las capacidades de cada región.
El segundo aspecto de gran relevancia para nuestro segmento, y sobre el cual pediremos que tengan en cuenta las comisiones terceras de Senado y Cámara, es el de una tarifa diferencial del 30 por ciento en el impuesto a la renta para las mipymes, puesto que la actual tarifa incumple los propósitos constitucionales de progresividad y gradualidad tributaria. El último de los retos es el de la lucha contra la informalidad empresarial.
Para hacer frente a esta, se implementó el régimen simple de tributación, el cual podría tener los siguientes ajustes: la ampliación de los rangos hasta los 200.000 UVT, así como la implementación de un nuevo grupo de actividades denominado “economía popular”. Adicionalmente, es importante que este sistema pueda complementarse con instrumentos sociales para generar un mayor impacto en el desempeño empresarial, de tal manera que se les permita a los empresarios pertenecientes a este régimen aportar al sistema general de pensiones de sus empleados a través de los Beps o del régimen subsidiado de pensiones.
Me gustaría finalizar con un pedido al Gobierno para que en sus proyecciones tenga en cuenta la certidumbre y la seguridad ciudadana; actualmente, asumimos un proceso de paz que requiere mayor presencia de la fuerza pública en los territorios urbanos y rurales, permitiendo así brindar la tranquilidad que el ciudadano necesita, porque la seguridad es parte de la atracción de la inversión.
